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TURBINAS ILUSTRADAS - HOY ESCRIBEN
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| Jorge Azar Gómez - Ex representante de Uruguay ante ONU |
¿Mujica nunca será indagado?
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Diariamente leemos y oímos que la Justicia indaga e investiga hechos aparentemente delictivos, concretados bajo la administración y el mando de José Mujica.
Algunos de estos hechos se hicieron a mano armada y otros con la firma u órdenes del ex presidente.
Lo que nos preguntamos es: ¿cuándo va a ser indagado José Mujica como autor intelectual de muchos de estos hechos?
Hoy nos enteramos que la Justicia indaga préstamos otorgados en "circunstancias sospechosas" durante el gobierno de José Mujica, por los cuales "no se solicitaron garantías suficientes"; se ampliaron los créditos refinanciando las deudas "sin criterio técnico alguno", y "no hubo seguimiento" del Fondo de Desarrollo (Fondes) de las cooperativas que se beneficiaron de préstamos millonarios.
El Fondes fue creado por el gobierno de José Mujica para apoyar el financiamiento de proyectos productivos viables y sustentables que resulten de interés a juicio del Poder Ejecutivo, en particular aquellos vinculados a sectores estratégicos y a modelos de autogestión.
Durante el gobierno de Mujica, el Fondes prestó US$ 53 millones a seis empresas autogestionadas, los cuales no fueron reembolsados. "Dichos préstamos no fueron pagos sufriendo el erario público un importante perjuicio".
La Justicia debe investigar los préstamos por US$ 53 millones realizados por el Fondes a cooperativas como Alas U (ex Pluna), Envidrio (ex Cristalerías del Uruguay), Urutransfor (ex Mak que fabricaba transformadores eléctricos), Cooperativa Obreros Empalme Olmos (ex Metzen y Sena), Pressur (eximprenta de Nueva Helvecia), Cotrapay (ex Paylana) y Funsacoop (ex Funsa). Varias de estas cooperativas beneficiadas por el Fondes realizaron negocios importantes con Venezuela.
SON BUITRES. Nadie va a cobrar antes que ellos; entendamos, son buitres y no comparten. La presa es de ellos.
A unos buitres los alimentamos fabricando deuda y dándoles la gestión de trámite y pago a los ladrones.
Los buitres locales crean deuda para robarse el país.
Cría cuervos y te sacarán los ojos, reza el refrán, y es cierto, hacerse cargo: comenzar confiscando bienes de todos los responsables, funcionarios, legisladores, asesores y consultores; socios amigos y parientes, capaz que alcanza y hasta hay un vuelto para la propina, todo sin juicio por decreto, emergencia jurídica se puede llamar.
Es posible que pague algún justo por un pecador, inevitables daños colaterales se llama. |
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| Alberto Medina Méndez |
| El deber moral de la austeridad |
El debate sobre el gasto estatal sigue recorriendo vericuetos insólitos que pretenden eludir las cuestiones de fondo, desorientando a los más desprevenidos y tergiversando la discusión, al punto de anularla.
Ha sido tan hábil esta estrategia de confundir a todos que la inmensa mayoría de los ciudadanos sigue planteando la necesidad de revisar pormenorizadamente solo el modo en el que se asignan los recursos.
Para ellos no se trata de gastar menos, sino de gastar bien. Creen, sinceramente, que el problema pasa únicamente por optimizar cada centavo. Piensan que si se utilizan mejor todo cambiará positivamente.
Siempre es deseable ser más eficiente, pero cuando el volumen del gasto está tan desbordado como ahora eso no resulta suficiente para corregir casi nada. En esta emergencia lo importante es lograr un brusco descenso y no solo apelar, como tantas otras veces, a un maquillaje circunstancial.
Esa corriente de pensamiento, que tiene un enorme consenso, ha logrado instalar fuertemente la idea de que bajar el gasto es políticamente inviable. Entienden que la dirigencia en su conjunto jamás aprobará estas decisiones.
El argumento central es que la gente no aceptará reducciones en ninguna de las áreas vitales del Estado y que los diferentes sectores reclamarán con vehemencia frente a cualquier proyecto que vaya en esa dirección.
Sostienen que aunque finalmente se pudiera avanzar en este tipo de iniciativas todo colapsaría. Apuestan a asustar con las eventuales consecuencias de una decisión de esa magnitud y vaya si lo consiguen.
Asumiendo la existencia de ese fantasma, los más moderados y prolijos solo se concentran en despejar las dos variables más benignas. Ponen todas sus energías en minimizar la potencia de la omnipresente corrupción y al mismo tiempo promueven que todo se haga de una manera más eficiente.
Ambas cuestiones son políticamente correctas. Ninguna persona, con un poco de sentido común, podría estar en desacuerdo con semejantes consignas. Embestir contra los malversadores de fondos y los dilapidadores seriales es una simpática bandera que cuenta con muchos adeptos.
Es muy interesante observar este proceso en el que nadie parece tener la voluntad suficiente para poner la atención en lo moral, en las esenciales funciones del Estado y en las metas razonables de un gobierno justo.
El Estado no nació para gastar mucho, ni tampoco para gastar bien, sino para gastar muy poco, de hecho lo mínimo posible, entendiendo siempre que cada centavo que utiliza se lo ha quitado antes, coercitivamente, via impuestos a quienes lo han conseguido con su propio esfuerzo.
Los gobiernos nunca generan riqueza. Tampoco ese debería ser su objetivo. Están para garantizar que los ciudadanos resuelvan sus eventuales conflictos civilizadamente y por eso es vital que aseguren sus derechos.
Los que gobiernan deben concentrarse solo en respaldar a los ciudadanos para que puedan disfrutar plenamente de su vida, su libertad y su propiedad. Es esa y no otra la función básica del Estado en todas sus formas.
Se podrá discutir luego acerca de los alcances de esta mirada. Existen muchas visiones que muestran matices diferentes al respecto, pero en todos los casos la idea primordial consiste en ser austero, sobrio y frugal.
Los funcionarios deben comprender que cada moneda que utilizan en el gobierno se la quitaron previamente a un ciudadano que aportó compulsivamente una parte de su esfuerzo para que, como contraprestación, se le aseguren derechos, sin justificaciones, ni excusas.
Cuando un empleado estatal malgasta recursos le falta el respeto a la gente. Está usando lo ajeno con un fin específico y debe ser consciente de ello para utilizarlo con la corrección que cada ciudadano se merece.
Lo que está claro es que son muy pocos los que pueden afirmar con convicción que los actuales gobiernos brindan Seguridad y Justicia. Ese es el verdadero rol del gobierno y es evidente que no lo hace demasiado bien.
Cuando la ciudadanía propone bajar determinados gastos aparece inexorablemente un planteo totalmente banal que sostiene que ese rubro es irrelevante y entonces parece que no vale la pena ni siquiera intentarlo.
Son los mismos que dicen que los montos más abultados son absolutamente intocables. Para ellos los pequeños son despreciables y los grandes son imposibles. Definitivamente, ellos son los fanáticos del status quo.
Pero hay algo que no dicen y no es casualidad. Si bien los recortes deberían ser contundentes, de raíz y de gran impacto, los gobernantes no se animan a reducir aspectos decididamente menores pero simbólicos.
En cada uno de esos asuntos subyacen los privilegios de la casta política. Vehículos oficiales, viáticos obscenos, gastos de representación poco transparentes, comitivas desproporcionadas, remodelaciones innecesarias y la lista podría seguir casi hasta el infinito con enorme desparpajo.
Claro que la caja de la política nace allí. Detrás de vergonzosos artilugios esconden sus canalladas. Es tanta la indecencia de estas partidas que las ocultan detrás de tramposos nombres para luego justificar esos gastos dibujando conceptos y configurando un fraude de gigantesca jerarquía.
Nadie quiere ir hasta el hueso porque hacerlo implicaría tocar los intereses de la corporación política. En este punto, oficialismo y oposición están del mismo lado del mostrador. Ellos solo quieren aprovecharse de los privilegios de ese poder que, seguramente, administrarán alternativamente.
Los que gobiernan no solo no tienen que robar el dinero de la gente. Tendrían que dar el ejemplo, manejarlo con gran eficacia, pero por sobre todas las cosas deberían comprender que la austeridad no es una opción, sino solo un deber moral. |
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| Michael S. Castleton |
| El nefasto artículo 162 del código penal II |
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El artículo de marras se refiere a los abusos de funciones de los empleados públicos y dice textualmente ...(delitos)’ que no se hallaren especialmente previstos en las disposiciones del Código o de las leyes especiales’. Este artículo se refiere a actos y decisiones realizadas en la administración pública.
En buen romance, ¿qué quiere decir esto? Claramente, que donde no hay un delito tipificado en el código se puede tipificar virtualmente cualquier cosa. Este artículo al igual que el resto de nuestro código penal fue elaborado por el insigne Dr. José irureta Goyena y una comisión formada por otros distinguidos abogados de la época, basándose en el código fascista de Mussolini, que a su vez provenía del antiguo código Toscano. Es interesante ver en los considerandos de Irureta sobre este nuevo código cuando lo envía al parlamento, ya deja traslucir alguna duda que espera que se clarifique en la discusión parlamentaria.
Es menester no olvidar el momento histórico que vivía el mundo en aquellos tiempos. Fascismo en alza, gobiernos de fuerza, guerra civil española en ciernes. En el Uruguay la dictadura de Terra. Todas estas cosas sin duda influyeron en el pensamiento político de la época que de alguna manera pasaba por estados fuertes y autoritarios cuando no directamente dictatoriales.
Pero los tiempos cambian. Hoy el rol del estado es mucho más cuestionado por la mayoría de la gente. Esta misma gente que por suerte, es mucho más consciente por lo menos; de sus derechos. (Muchas veces lamentablemente soslayando sus obligaciones.)
En el Artículo 10 de la constitución de 1967 que nos rige actualmente dice a texto expreso...: Ningún habitante de la república será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Claramente dice este artículo de nuestra carta magna que, lo que no está prohibido, está permitido.
Por lo menos para este ciudadano no curial, pero obligado estudioso de estos temas, aquí hay una flagrante contradicción que por la más básica jerarquía de la norma no habilitaría ese nefasto artículo 162 de código penal de 1933.
¿Si la constitución vigente claramente permite todo lo que no está prohibido; cómo un juez, puede tipificar delitos que no están en el código?
Por definición si no están en el código no son delitos, si no son delitos las acciones de cualquier ciudadano no prohibidas NO SON PUNIBLES.
Entonces, si no son punibles no se puede procesar a nadie por delitos que no están previstos en el código, ya que si no están en el código no existen.
Si los uruguayos estuviéramos sujetos al ¨common law’ sajón sería otra historia por aquello de los precedentes. Pero claramente no es así en el Uruguay, y ya que las sentencias no sientan jurisprudencia los jueces deben manejarse con el código vigente.
Pero jamás un juez debería tipificar un delito que precisamente no está tipificado y para colmo es claramente violatorio de la constitución vigente a juicio de quien escribe.
Este delito del abuso de funciones fue adaptado de una figura muy parecida del código Toscano por los genios jurídicos de ‘IL Duce’ para poder encarcelar sus adversarios demasiado importantes como para liquidarlos en forma lisa y llana. Es una figura jurídica claramente elaborada con fines políticos y debería ser eliminado sin más trámite de nuestro código.
El abuso de funciones como delito sábana que cubre todo lo no previsto en el código es nefasto para la administración pública. En el Uruguay, donde tenemos por desgracia un estado tan involucrado en actividades productivas, Ancap, Afe, Antel, Alur S.A. etc. el jerarca por definición debe de poder tomar decisiones. Las actividades empresariales así lo exigen. Las decisiones tomadas en un momento pueden ser brillantes pero en otro contexto pueden ser desastrosas. Esto es intrínseco a la actividad empresarial. De no ser así ninguna empresa se fundiría.
Las empresas del estado debemos recordarlo, son eso; empresas, por lo tanto hay decisiones para tomar todo el tiempo y a veces estas decisiones pueden ser buenas malas o regulares, pero tomarlas hay que tomarlas.
No podemos como sociedad querer meter presos a los directores de las empresas públicas cada vez que se equivocan en una decisión tomada a conciencia y con toda la información disponible. Destituirlos como en la actividad privada sí, ¿pero mandarlos presos por una decisión equivocada?
En ese contexto no vamos a tener nunca gente capaz de manejar las empresas públicas porque nadie responsable va a querer arriesgar, no ya su carrera, sino su libertad personal bajo una ley absolutamente arbitraria.
¿Entonces estaremos condenados a vivir siempre con estas empresas públicas lamentables y expoliadoras, no competitivas y para mejor dirigidos por políticos fracasados que salvo muy honrosas excepciones no tienen idea de lo que es llevar una empresa ni verdadero interés en hacerlo?
Nota ampliatdoria del autor
Esta columna fue publicada en este mismo Diario enfoques hace casi un lustro.
La sostengo en todos sus términos.
No obstante en la vida de los mortales hay tiempos para todo.
Entonces cuando se complica la situación jurídica de varios connotados miembros de Frente Amplio, desde el punto de vista ético no parecería el momento para derogar este artículo del código penal vigente.
Menos es el momento sin un texto previsto que sustituya el tan cuestionado Artículo 162 del código penal.
Curiosamente la coalición de izquierda que hoy nos desgobierna nunca acompañó ninguna iniciativa en cuanto a modificar el contexto jurídico del delito de ‘abuso de funciones en casos no previstos por la ley’, mientras no afectara algún miembro del Frente Amplio.
Hoy, hay unos cuantos integrantes del Fente Amplio quienes podrían perfectamente ser procesados en el marco de este artículo. Todos sabemos quienes son.
Que justamente ahora y en este momento presenten una iniciativa impresentable como sin duda lo es el proyecto del Sen. Michelini es lamentable. Es otra muestra más de la pérdida de coordenadas éticas que subyace todo el accionar del gobierno actual.
Parecería que se hubieran contagiado de nuestros vecinos del barrio.
Uruguay nunca fue así.Es lamentable que hoy estemos en esta situación, con una sensación de corrupción o corruptela como nunca ha vivido el país desde el gobierno del Sr. Idiarte Borda hace más de cien años.
Este no es el Uruguay que queremos para nuestros hijos. Es más, ningún oriental con una pizca de honestidad intelectual debería apoyar la iniciativa Michelini.
Si se aprobara tal cual perdemos todos los orientales, pero, lo más grave, pierden nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
Michael Castleton
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ADVERTENCIA: Los artículos periodísticos firmados son de la exclusiva responsabilidad de sus autores. La Dirección.
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El IASS es una estafa
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TERMINAR CON EL IRPF Y EL IASS
Los uruguayos no podemos seguir conviviendo con la injusticia y tolerando los abusos en materia tributaria y fiscal por parte del gobierno. .
Tal como lo sostenía José Batlle y Ordóñez, pienso que el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) es un impuesto al trabajo que debería ser derogado y, peor aún, el IASS es una verdadera estafa.
No creo que se trate de un instrumento idóneo para la redistribución del ingreso como se sostiene. Por el contrario, tiende a castigar al que más trabaja, al que más se esfuerza, al que más se capacita, al que más responsabilidades asume, y por lo tanto promueve el ocio, la inmovilidad y la mediocridad. Así que es un tributo que provoca una redistribución regresiva e injusta de las remuneraciones. Además conspira contra el ahorro.
El IASS ni siquiera merece una discusión racional: es un indignante atropello cuya constitucionalidad nunca debió haber sido aceptada.
Creo que la política fiscal es un instrumento idóneo para gravar más al que tiene más y no como en este caso, para gravar más al que trabaja más.
Lo que ocurre es que organismos como el FMI (cuyo directorio tuve oportunidad de integrar) y el Banco Mundial, promueven este tipo de impuestos así como el IVA, por su eficiencia recaudatoria. O sea que son ideales cuando hay que cumplir objetivos fiscales.
La prueba la tuvimos recientemente: ante el desborde del déficit público, el Ministro Astori no vaciló en modificar las alícuotas y las escalas con tal de recaudar más. Con eso y un incremento desproporcionado de las tarifas se conformó. Eso derrumba todo argumento de que es un instrumento de redistribución de la riqueza
Por el contrario, es profundamente injusto y tanto el IRPF como el IASS deberían ser derogados de plano o paulatinamente por el próximo gobierno que asuma, luego de determinar modificaciones que permitan financiar la disminución de esos ingresos.
Para los descreídos de que esto sea posible, les digo que lo recaudado por IASS entre 2010 y 2015 es una cifra similar al déficit de ANCAP en el mismo período.
Así que una mejor gestión de las empresas públicas y una buena administración de los gastos del Estado harían posible terminar con esta tributación aberrante.
Ricardo Juan Lombardo
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