• “Qué sola irá la grela, tan última y tan rara,
  sus grandes ojos tristes trampeados por la suerte,
  serán sobre el tapete raído de su cara,
  los dos fúnebres ases cargados de la muerte”. Horacio Ferrer
  

Una vez más, la Argentina, cuya economía se está recuperando a ojos vista, parece verse inmersa en una espiral de violencia que, sin duda alguna, tiene su origen en la más bastarda política; tal como sucedió en los 70’s, un grupo absolutamente minoritario se siente con el mesiánico derecho a conducir a la sociedad hacia un proyecto político que, según cree, sólo la generalizada estupidez evita que sea deseado por todos.
Entonces, aquellos jóvenes extraviados pretendieron llevarnos –con miles de asesinatos, bombas y robos- hacia Cuba y su marxismo que, con el paso de más de seis décadas, ha demostrado su estrepitoso fracaso. Hoy, en cambio, a lo único que aspiran sus descendientes subversivos es a desestabilizar al Gobierno, evitar la disgregación demostrada en las urnas primarias y sembrar pánico entre los jueces, con el único propósito de torcer el destino y conseguir que los máximos líderes de este populismo infamemente corrupto terminen donde deben estar: en la cárcel.   
No es casual, ni fue magia, que confluyeran en esta posición –el “club del helicóptero”- la delincuente Hebe Bonafini (“la madre de las madres” como la llamaba don Néstor, según Ceferino Reato) y los exonerados policías de la Provincia de Buenos Aires, y personajes tales como Estela Carlotto, Manuel Quieto (el desafinado ¿cantante? de La Mancha de Rolando), el ¿pacífico? Adolfo Pérez Esquivel, el ¿cómico? Diego Capusotto, los ¿maestros? Roberto Baradel, Luis D’Elía y Hugo Yatsky, los ¿periodistas? Horacio Verbitsky y Víctor Hugo Morales, y tantos otros ciegos seguidores de la noble viuda. 
Cristina Elisabet Fernández ya siente en la nuca el aliento de los magistrados de Comodoro Py que, con su más que fino olfato, han despertado y comenzado, finalmente, a investigar, juzgar y condenar la sideral corrupción de la extendida década en la que su marido y ella fueron inquilinos de la Casa Rosada; la reciente citación a juicio oral de las causas “Ciccone” y “Once II”, en plena campaña electoral, en las cuales deberán comparecer Amado Boudou y Julio de Vido, respectivamente, es una clara prueba de ello. 
Con seguridad, la ex Presidente está muy preocupada por el futuro (obviamente, no económico) de sus hijos, también firmes candidatos a ir presos. Por eso, se sube a cualquier colectivo que pueda alejarlos de ese inexorable destino sudamericano, como diría Jorge Luis Borges, aunque en el trayecto la conductora ebria atropelle a toda una desprotegida, cómplice y anómica sociedad.
Con sólo observar que, en el reclamo por la aparición de Santiago Maldonado y la improbada imputación a la Gendarmería Nacional y en la defensa de ese invento antropológico denominado RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), matizado por los destrozos de encapuchados que asolaron el centro porteños, aparecen lo que queda de Montoneros, ERP y Quebracho en franca gimnasia revolucionaria, con toda su parafernalia de fusiles y lanzas cruzados, y que los integrantes de la CTERA adoctrinan en las aulas a los más chicos, resulta fácil colegir qué pretende y a qué está dispuesta a recurrir. Más de setenta atentados incendiarios, incluido dos en la propia ciudad de Buenos Aires y uno en El Bolsón, resultan al menos inquietantes.
Ahora falta saber qué hará el Gobierno para impedir que la escalada de violencia, todavía relativamente incipiente, escale y se expanda. Como dije la semana pasada, no tengo duda alguna que Mauricio Macri se ha puesto las botas y avanza a paso redoblado sobre la realidad política nacional e internacional (caso Venezuela), pero aún resta conocer su posición frente a estos hechos, cuyo inmediato futuro puede ya verse en el sur de Chile, la otra víctima de sus provocados incendios, devastación y muerte, impunes por decisión del gobierno socialista de Michelle Bachelet. 
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires está lo suficientemente preocupado por los trascendidos que hablan de una intensificación de estas acciones en las semanas que median hasta las elecciones legislativas del 22 de octubre, y ha dado directivas “defensivas” a sus efectivos. Pero, al menos por ahora, nada parece haber hecho para conjurar el peligro.
En esta rara Argentina que hemos sabido conseguir, con los terroristas premiados con indemnizaciones gigantescas y opacas, sentados en gobernaciones, ministerios y sillones parlamentarios, las Fuerzas Armadas tienen vedado, por ley, realizar acciones militares dentro del territorio. Para modificar ese marco legal, aún si quisiera que actuaran contra el narcotráfico y el terrorismo, Cambiemos carece de fuerza en las cámaras del Congreso y dudo que fuera acompañado por las distintas formas del peronismo.
Por lo demás, ¿quién asegura que los oficiales y suboficiales cumplirían las órdenes aún cuando contaran con el respaldo legislativo? Todos hemos visto a este ¿honorable? poder del Estado –un verdadero aguantadero de criminales, que se nutrirá pronto con la presencia de Cristina Kirchner- declarar la nulidad de las leyes de “obediencia debida” y “punto final”, que había sancionado veinte años antes. ¿Quién puede asegurarles que no lo haría nuevamente en el futuro?
Y también vemos a los fiscales “legítimos” y jueces prevaricadores, verdaderos asesinos togados, violar todas las normas constitucionales (legalidad, principio de inocencia, irretroactividad de la ley, defensa en juicio, juez natural, etc.) para perseguir y encarcelar de por vida a más de dos mil  militares de los que lograron que pudiéramos conservar la integridad nacional y la democracia, cumpliendo órdenes legítimas de una Presidente democrática, integrante de la fórmula que obtuvo el mayor porcentaje de votos de la historia, durante el Operativo Independencia, en Tucumán; más de cuatrocientos ya murieron en cautiverio. El beneficio de la prisión domiciliaria concedida, por intercesión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, clama al cielo; los presos políticos de esta democracia reconquistada en 2015, son mucho más viejos y no tienen posibilidad alguna de entorpecer la investigación de hechos ocurridos hace cuarenta años y, sin embargo, ese beneficio, de todo punto de vista legal, no le es reconocido.
Y recordemos que el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo hace tiempo y sin ponerse colorado, que los juicios por los supuestos crímenes de lesa humanidad son una política de Estado, consensuada con los otros dos poderes; ¿no debían los jueces impartir justicia? Pensemos que, después del fallo “Muiña” del alto Tribunal, que aplicó correctamente el principio de la ley más benigna, el Congreso, casi por unanimidad –Cambiemos la inspiró- sancionó una ley que establece que ese beneficio no resulta aplicable a los amañados procesos por supuestos crímenes de lesa humanidad. ¿Qué dirá al respecto la Corte cuando deba expedirse en casos similares?
Espero, ya con pocas esperanzas, que el ignominioso tema de los presos políticos se solucione a partir de octubre, porque constituye hoy la mancha más penosa que pesa sobre la política de derechos humanos del actual gobierno al que, como queda claro, votaré en las legislativas.