• Aunque el gobierno ordenó aceptarle a Alas-U un préstamo como capital, DINACIA no relajará  sus exigencias técnicas
• En otra soberbia e inepta demostración de que “lo político prima sobre lo jurídico”, el gobierno, a través de la Junta Aeronáutica –donde los delegados ministeriales son mayoría- concluyó que el préstamo de 15 millones de dólares otorgado por el Fondo de Desarrollo (Fondes), de titularidad pública, es suficiente para volar, lo que, con muy buen criterio, la Dinacia objetaba. Además de cometer la insólita torpeza de respondernos un artículo anterior con esta impresentable y sumaria resolución, el Poder Ejecutivo, privilegiando su intención de hacer volar a la fuerza a la aerolínea sindical horas antes de las elecciones -dilapidando nuestro dinero- presiona implícitamente a las autoridades aeronáuticas que, no obstante, no atenuarán sus exigencias técnicas con Alas-U

Una vez más nuestro Presidente ha vuelto a expresar su convencimiento de que “lo político está sobre lo jurídico”, al apoyar a Argentina en el litigio que nuestro vecino tiene con los llamados “fondos buitres” y criticar en consecuencia a la justicia de los EEUU.
“Esto nos puede pasar a cualquiera” dijo Mujica y el hecho de que esa frase sea verdad, no quiere decir que esté mal, ya que si algo es jurídicamente correcto, es como debe ser y el único culpable es quién actúa al margen de las normas. Lo malo es cuando -  como viene pasando con estos gobierno progre – populistas – se aplica, de manera voluntarista, el criterio de que lo político está sobre lo jurídico, dado que también le puede pasar a cualquiera, pero es esencialmente incorrecto.
 De hecho nos ha pasado, aunque en una escala menor, en el caso de la entrega de Pluna al grupo Campiani, cuando nuestro Estado no sólo salió de garantía por los 178 millones que costaron los aviones, sino que cedió la prioridad de la garantía al Scotia Bank y encima aceptó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, en caso de litigio, lo mismo que hizo (y sigue haciendo) el gobierno Argentino con sus bonos de deuda.
Decíamos en una nota del 19/09/2008, titulada “No tienen vergüenza” al comentar la interpelación a los Ministros Astori y Rossi: “Además de lo que señalábamos sobre la omisión de realizar licitaciones, para lo que invocan un procedimiento rebuscado, que es en sí un fraude a la ley, comprometen la garantía del Estado en 178 millones de dólares (más de lo recaudado por el IASS a los pasivos durante 4 años), por un procedimiento similar, pero que en definitiva, de acuerdo al contrato de esa garantía, quién es la garante final, es URUGUAY, como allí se establece.
También en dichos contratos y contra la opinión de los asesores jurídicos del MEF, que lo consideraban totalmente inconveniente, el Estado uruguayo renuncia a la prioridad por la ejecución sobre las aeronaves, en caso de incumplimiento.
Durante la interpelación el Ministro Rossi intentó establecer que, en realidad, esa garantía se concedió contra la firma de una hipoteca por los aviones por parte de Leadgate, que oficiara de contra garantía. Lo malo es que al firmar la renuncia a la prioridad, no sólo transforma eso en un simple papel sin valor, sino que además asegura a Bombardier que cualquier contingencia por incumplimiento, se va a dirimir en los juzgados de New York, USA.
Pero el tema de las irregularidades de los contratos no termina ahí. La firma del acuerdo final se hace en julio de 2007, cuando el 5 de ese mes se hace el primer depósito de capitalización por 5 millones de dólares, de los 15 que debía poner Leadgate, pero resulta que el 14 del mes anterior PLUNA SA, en ese momento 100% en manos del Estado Uruguayo, firma un compromiso de compraventa por 7 aviones a la empresa Bombardier de Canadá, entregando U$S 50.000 como seña para sellar el negocio. Esto, que jurídicamente es al menos muy desprolijo, tiene una razón que veremos más adelante….” 
Hasta aquí esa nota.
Todos sabemos lo que pasó luego con el “Plunagate”  - que todos los días nos depara una nueva sorpresa - que es un ejemplo de lo que termina sucediendo, cuando se aplican los criterios de quienes se creen por encima del ordenamiento jurídico, no sólo nacional, sino internacional, porque a la corta o a la larga es éste el que se termina imponiendo. 
En estos días hemos visto a la Presidente argentina hablando pestes de la justicia de los EEUU y tratándola de extorsionadora, en esa actitud despótica y patoteril propia de todos estos gobiernos progre – populistas, creyendo que se la iban a llevar puesta. El excelente periodista argentino Nelson Castro dijo el otro día, al comentar este asunto en TN, “La Presidenta creyó que Griesa era Oyarbide”, pero resulta que no era y entonces, para dejar en claro como son las cosas en su país, lo primero que hizo fue levantar la cautelar y exigir el inmediato cumplimiento de la sentencia, que obliga a pagar a los “fondos buitres” el 100% de la deuda, junto con el próximo pago a los bonistas que aceptaron el acuerdo, por el que se les confiscó la mayor parte de sus inversiones a cientos de pequeños ahorristas que creyeron en el gobierno argentino.

Ante esa acción, vino la reculada y entonces, además de bajar el tono y volverse mansos y respetuosos, dijeron que van a pagar hasta el último dólar, cosa que ya está sucediendo.
No obstante, el Ministro Kicillof fue a la ONU a plantear el tema desde el punto de vista político, buscando una solidaridad irrelevante, para una justicia que no duda en arremeter contra su propio Presidente, si se aparta del marco legal en el que debe desempeñarse.
Por un lado, el Presidente Mujica debería entender, de una vez por todas, que por más cascoteado que lo tengan al Estado de Derecho en nuestros países, más tarde o más temprano lo jurídico se impone sobre lo político, pero que el costo es mucho menor si se hace todo ajustado a derecho.
Prueba de ello es que en la crisis de 2002, en contra de lo que pregonaba Tabaré y su comparsa, pidiendo que se declarara el  default,  el gobierno del Dr. Batlle hizo las cosas correctamente, con los excelentes resultados que todos conocemos. Si se hubiera hecho caso al hoy nuevamente candidato del Frente Amplio, el costo hubiera sido tremendo y hoy estaríamos sufriendo como nuestros vecinos de la orilla de enfrente.

De cara a las elecciones nacionales para Presidente (Poder Ejecutivo), Senadores y Diputados (Poder Legislativo), me siento en la obligación de transmitir algunos conceptos por todos conocidos y que sin embargo, fueron superficialmente tenidos en cuenta en los últimos períodos.
El gobierno que sea electo debe procurar el bien común y para alcanzarlo entre las distintas partes que integran la comunidad, le corresponde al Estado la tarea de arbitrar los conflictos y poner límites a los grupos que se alejan de este objetivo. El bien común es un proyecto unificador que beneficia a todos los ciudadanos y no a unos pocos amigos del poder.
Un buen gobierno convoca al ejercicio de la función pública a los mejores elementos técnicos y profesionales con que cuenta el país y que han ganado experiencias y conocimientos que los destacan por sobre la media de sus iguales. Tiene que garantizar los derechos y libertades a las personas, preservando la seguridad y la justicia. Debe ser honesto en sus decisiones y respetar las instancias de decisión de los poderes establecidos.
Un mal gobierno convoca a elementos carentes de experiencias o de calificaciones, y cuyas únicas credenciales para ocupar un determinado cargo son las credenciales políticas, es decir, la adhesión y la incondicionalidad hacia la persona o hacia el grupo para su ascenso económico y social.
Un buen gobierno tiene metas en cuanto a lo que el país debe ser en el corto, mediano y largo plazo. Un mal gobierno no tiene otra meta que su propia sobrevivencia o su perpetuación en el poder a pesar de saberse ineficiente e incapaz de gobernar para todos.
Cuando se miente, se promete y no se cumple, cuando existen necesidades que nunca son satisfechas, el ciudadano deja de confiar en el gobierno, en la política y en los políticos. La confianza entre las instituciones y las personas no se logra multiplicando los controles, sino reforzando los hábitos y las convicciones desde los valores, la ética y las metas.
La combinación ético-política es indispensable El descuido de la ética de los gobernantes ha generado que se desvíen los fines originales de la política al encontrarse demasiado obsesionados por sus intereses personales y cumplimientos partidistas.
La inmoralidad atrae actos inmorales. La gravedad de restar importancia a los valores éticos radica en el hecho que las personas que durante su infancia y juventud viven al margen de estos principios difícilmente los aceptaran una vez alcanzada la madurez.
El camino para saber gobernar pasa la formación adecuada del gobernante a través del saber, del conocimiento profundo mediante una adecuada educación, y el estudio de la ética de manera constante y paciente y la operación política mediante la puesta en práctica de las virtudes éticas. Hay tres cualidades que deben poseer los que han de desempeñar la Presidencia, Ministerios, Entes Públicos, etc.: lealtad para la Constitución y el compromiso con el Estado; capacidad para las responsabilidades del cargo y poseer los elementos idóneos, tanto como virtud, justicia, fortaleza y templanza.
Un buen gobierno no necesita contratar consultores para darse cuenta de las causas de la pobreza; debe ir a los pobres para volverlos consultores y determinar las causas de la riqueza. Tiene que guiar al ciudadano hacia el desarrollo económico, social, espiritual, técnico, científico y educativo para cumplimentar el objetivo de la comunidad.
¿Qué es mejor, el gobierno de los hombres o el de las leyes? Cuando las leyes son buenas benefician a la comunidad siempre que los hombres las respeten y las apliquen, pero ante la evidencia de que a veces éstas no se respetan, la respuesta es contar con hombres buenos, ya que éstos además de actuar correctamente en cada uno de sus actos, respetan la ley.