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EDITORIAL
Negocio ruinoso |
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Finalmente, el Estado Uruguayo abonará la última cuota de las aeronaves Bombardier CRJ 900 pertenecientes a la ex Pluna.
Negocio ruinoso si los hubo. Todo nació mal y terminó como tenía que terminar.
Despojados del sentimentalismo con que mucha gente, y en su legítimo derecho pueden manifestar, el gobierno de José Mujica se quiso sacar un clavo caliente luego de la desastrosa gestión gremial para meterse en un negocio de corbata, laptop, planilla Excel y Power Point. Marketing que se dice.
Así planteado el negocio con bombos y platillos y avalado con un acuerdo societario impúdico, el Estado se embarcó en una aventura que le costó muy caro al país.
Los inversores no solo no tenían credenciales en el ámbito aeronáutico, sino que tampoco contaban con un apoyo financiero acorde al plan de negocios para sostener el crecimiento de la empresa, y así lo demostraron. Nadie lo vio venir, o quizá algunos, que decentemente callaron.
Siendo un capítulo más de la aviación nacional, como tantas otras compañías que sufrieron el mismo destino, la realidad indica que a pesar de los esfuerzos que han hecho autoridades del actual gobierno para atraer nuevas compañías, -hasta ofreciendo la certificación como empresas nacionales-, nadie más allá del interés primario que pudieran haber tenido las empresas extranjeras convocadas, las que declinaron cortésmente venir a perder dinero al Uruguay.
Solo en muy especiales circunstancias, quizá, tal vez se pueda instalar una empresa uruguaya, pero tendrá que competir con empresas que tienen facturaciones billonarias en dólares, lo que hace muy improbable que aquí perdidos en el sur extremo del continente tengamos ventajas comparativas que puedan atisbar una modesta exhalación de optimismo al respecto.
La apuesta a la concesión de varios aeropuertos del interior, pareciera que es una muestra más de la búsqueda del desarrollo aeronáutico del país; sin embargo, las operaciones internas ni siquiera pudieron sostenerse con algún Bandeirante o Caravans de pequeño porte o con ATRs. El Gobierno jugó una ficha. Lo que no se sabe a ciencia cierta si fue para sacarse de encima la administración de los aeropuertos del interior o, en el mejor de los casos, para intentar que el privado desarrolle el mercado interno. El tiempo lo dirá.
Carmelo y Rivera aparecen como los más prometedores en una hipótesis optimista. El primero con la aviación privada y el segundo con suerte con algún vuelo de empresas comerciales brasileras, pero no mucho más.
Todo lo demás es confeti.
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| SE DICE |
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(Columna de Ricardo Garzón)
Que amplios sectores de la sociedad disienten rotundamente de utilizar a las Fuerzas Armadas en el combate y represión de los delitos cometidos en nuestro territorio.
Que basan su postura en que no existe un marco regulatorio adecuado, y porque las FFAA están reclutadas y entrenadas para el desempeño de otro tipo de tareas, en donde se advierte, a resultado, que se amontonan decenas de ancianos recluidos en prisiones, por ejemplo, por haber obedecido a sus mandos políticos naturales, y actuado en una situación de guerra interna como estaban entrenados para hacerlo.
Que para que tenga andamiento la participación directa de las FFAA en la calle de barrios conflictivos, -como lo han promovido recientemente los legisladores Zubía y Lust- habría, en principio, que dictar leyes claras y concretas que regulen la actuación de los militares, y también revisar los códigos penal militar y de procedimiento penal militar a fin de aggiornarlos y adecuarlos a las nuevas tareas y a los tiempos que corren.
Que los montos actuales de las multas de tránsito van desde las 5 ($ 7.988) a 12 unidades reajustables (unos $ 19.171), -dependiendo de cuánto se excedan los límites de velocidad-, sin perjuicio de que se está a la espera del nuevo decreto de unificación de multas presuntamente acordado en el Congreso de Intendentes y en la comisión competente de los diputados para reparar el desaguisado cometido, el que gracias a Dios tomó estado público.
Que la consecuencia inmediata de mantener las multas en cifras unánimemente repudiables y despóticas (un millón y medio de ciudadanos cobran sueldos y pasividades en esos montos), será el no pago de las patentes debido a la imposibilidad ciudadana de hacer frente a tamaño abuso del poder político gobernante, verdadero atropello a la libertad del soberano, en donde las Intendencias, en el desquicio y avivada, han jugado rol principal.
Que el voto bronca con la dirigencia política, enojo profundo con "la casta" por la situación económica que ha deteriorado la calidad de vida de los argentinos en los últimos años, trajo a Milei, mesiánico, liberal y ultraconservador.
Que el gran éxito de Milei se basó en su frase y definición: "vamos a dar fin a la casta política 'chorra', corrupta y parasitaria de este país", propósito que interpretó el hartazgo y hasta el odio de amplios sectores, de la mayoría de los argentinos hacia los políticos tradicionales. Todos. ("Remember" Jorge Batlle)
Que Javier Milei afirmó que hay que eliminar el Mercosur porque “perjudica a los argentinos de bien”, dado que en el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer a empresarios prebendarios.
Que el periodista Jorge Lanata analizó el resultado de las PASO donde Javier Milei dió la sorpresa y salió primero: "disiento en muchas cosas con Milei, pero cuando él habla de la 'casta', estoy de acuerdo; la gran mayoría de los políticos son una casta y eso no les permite ver lo que le pasa a la gente", añadió.
Que, acto seguido, siguió Lanata: "Milei ganó en la mayoría del país", y advirtió sobre la posibilidad de crecimiento del candidato de La Libertad Avanza: "eso fue ayer, y hoy, con el envión, mide más, porque todos estamos hablando de él; el voto que vimos ayer viene desde el 2001 de manera subterránea: la gente sigue pensando que tienen que irse todos, y esa gente encontró un candidato".
Que Pedro Bordaberry cuando parece que se acerca, se aleja; amaga, guarda silencio; ni confirma ni desmiente, pero se ha convertido en el único enigma de la campaña electoral que se avecina.
Que desconcierta a propios y extraños; provoca una saludable expectativa en un Partido Colorado casi huérfano de candidatos, pero al mismo tiempo le pone un freno a los correligionarios que quieren empezar a diseñar una estrategia con vistas a 2024.
Que mientras la mayoria del Frente Amplio se ha pronunciado en contra de plebiscitar la reciente reforma del sistema previsional, el PIT-CNT resolvió promover una consulta que no sólo busca revertir los cambios aprobados por el Parlamento hace unos meses, sino que también va más allá, ya que incluye la eliminación de las AFAP, que operan desde 1996, y la inclusión en la Constitución de parámetros para establecer los valores de las jubilaciones mínimas.
Que un grupo de operarios de la refinería de ANCAP recolectó firmas para expresar su rechazo a las medidas que el sindicato había dispuesto para la planta de La Teja, y que tienen como telón de fondo el conflicto por la posible incorporación de uno o más socios privados al negocio del pórtland.
Que esas firmas (alrededor de 90) fueron presentadas ante la dirección de Fancap, sindicato que dejó en suspenso el proceso de parada de la refinería al trascender que había desandado el camino y resuelto finalmente otorgar guardias mínimas para no detener el complejo industrial.
Que tras las elecciones PASO en Argentina y de cara a las presidenciales de octubre, el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo que espera tener el mejor vínculo con el gobierno que sea electo para bien de los uruguayos: "a mí me sirve cualquier presidente de cualquier país que entienda y confluya con los intereses de los uruguayos, de los orientales. Y como no voto, esperaré al que venga".
Que quien tiene mayores posibilidades de ser elegido en el balotaje es Milei, pero es la Argentina y en política puede suceder todo y el contrario de todo, en pocos meses. Y faltan 70 días para las elecciones nacionales de octubre...
Que lo básico, lo inicial, lo elemental es que ésta es una nueva grieta en la política argentina, que se suma a la grieta general y cada día más profunda entre el resto de los argentinos y los políticos.
Que por unanimidad, el Congreso de Intendentes rechazó este jueves la propuesta del diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone que plantea topear las multas por exceso de velocidad a 5 unidades reajustables (UR), cerca de 8.000 pesos.
Que de ninguna manera puede admitirse que se establezcan multas para automovilistas en el orden de lo que ganan mensualmente dos millones de uruguayos, a saber: funcionarios públicos, empleados en la actividad privada, jubilados y pensionistas.
Que el Frente Amplio criticó la “improvisación” del oficialismo: Es muy difícil tener claro qué es lo que estamos discutiendo, porque todos los días aparecen textos nuevos en función de los desacuerdos de la propia coalición, que son muchos.
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| El acordeón constitucional |
Por Julio María Sanguinetti. En los últimos años se ha producido una perniciosa tendencia a usar la Constitución de la República, la ley de leyes que organiza el sistema de gobierno, para fines específicos particulares propios de la ley.
La Constitución es el reglamento de juego de la democracia. La regla de oro. Regula el funcionamiento general de los poderes y los derechos y deberes de la ciudadanía. Es obvio, por lo tanto, que no está para establecer asuntos librados claramente a la ley o aun a la administración.
Por ejemplo, fijar la tasa de interés de los préstamos en una Constitución es forzar su sentido. Se trata de una materia financiera esencialmente flexible, que cambia según las circunstancias históricas, la inflación y otras variables económicas. Lo que era un interés razonable en 1995, con una inflación del 40% hoy sería un disparate con los niveles actuales. No se puede definir un "interés justo" con un concepto equívoco,de variada interpretación. Por eso vemos como un error la propuesta constitucional que ha hecho Cabildo Abierto al respecto.
Ahora estamos ante otra historia, que es el intento del PIT CNT de cambiar la Constitución para derogar la ley de seguridad social recientemente aprobada y eliminar la existencia de las AFAP.
De entrada, no más, nuestro colega Mujica fue claro: "Hacer una reforma constitucional para bloquear una ley cuya iniciativa es del Poder Ejecutivo, es discutible desde el punto de vista jurídico". Es claro que es una distorsión del uso del plebiscito constitucional. Emplearlo para derogar una ley sobre una materia por definición compleja y variable, llena de matices y regulaciones, es realmente un disparate.
Por supuesto, la pregunta obvia es: después de 15 años de gobierno frentista, ¿no se les ocurrió derogar las AFAP? ¿Por qué no lo hicieron? Porque Astori era Ministro de Economía y les explicó algo sencillo: que el ahorro allí acumulado en una cuenta personal de cada trabajador no puede ser sencillamente confiscado por una decisión política. La ley dice que el ahorro se acumula en una cuenta individual, tan propiedad individual que integra el haber sucesorio. Lo mismo reconoce Bergara, que entonces integraba el equipo de Astori.
Dar ese paso sería abrir un contencioso gigantesco, más allá del error de vituperar del ahorro individual como procedimiento para asegurar la vejez. Introduciría al país en un área de desconfianza que borraría todo el prestigio ganado por el manejo racional de los dineros públicos. Esto es realmente relevante. La confianza solo se gana con el tiempo y el país lo ha logrado. Perderla es muy fácil: bastaría un error como ese.
Añadamos que fijar un tope de edad es otro disparate. Vivimos más años, los vivimos mejor. En el mundo entero los sistemas de pensiones van reconociendo esa realidad, que supone además salvar su estabilidad financiera.
La Constitución no es un acordeón que se estira al compás de la música que se desea tocar. Por supuesto, no es intangible; puede modificarse, pero la experiencia dice que esas reformas sólo son duraderas y funcionales cuando responden a debates previos, sea en leyes constitucionales o en plebiscitos precedidos de amplios acuerdos políticos. Hay, además, otro factor, que no es despreciable, aunque sea de orden psicológico o de cultura cívica: el irrespeto al código máximo, la idea de que es una ley más que se cambia cuando se quiere, su uso frecuente para resolver conflictos políticos que se llevan a su máxima expresión, sin matices ni entendimientos. Esto es grave también, porque revela en el medio político una incapacidad para alcanzar acuerdos y la idea de no reconocer que cuando no se tiene un cierto consenso, las propuestas deben reconsiderarse y no ir ciegamente adelante.
La reforma de 1996 cambió el sistema electoral y fue importante, al modificar el proceso de elección del Poder Ejecutivo, estableciendo la doble vuelta. Es un caso típico de uso constitucional. No lo fue, en cambio, la de 1989 que estableció un sistema de fijación de los aumentos de jubilaciones, porque aunque haya sido una garantía frente a posibles excesos de la administración, introdujo una rigidez no deseable en el sistema.
Algo parecido cabría decir de algún plebiscito para fijar un porcentaje fijo del presupuesto para la educación, otro asunto estrictamente financiero que no puede atarse a la inmovilidad de la norma superior. Ocurrió en 1994, disponiendo el 27% del Presupuesto con ese destino. No tuvo apoyo, felizmente. Pensemos que con el mismo criterio se podría imponer 30% para la salud y el 20% para vivienda y nos quedamos sin Estado, porque no habría ni obras públicas, ni podría atenderse el enorme subsidio que permite sobrevivir al Banco de Previsión Social.
Hubo otros intentos sobre el tema penal, referidos a la baja de la edad de imputabilidad. Fracasaron y hay que tener claro que ese es un tema legislativo. No es blanco o negro. Hay matices sobre adolescencia a tomar en cuenta para aplicar la norma con flexibilidad a situaciones muy diversas que en la vida diaria ocurren.
En fin, repetimos: la Constitución no es un bandoneón. Respetémosla, démosle al acuerdo político parlamentario el ámbito que le corresponde y solo intentemos tocar la "regla de oro" cuando el sistema institucional lo requiera. |
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