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MÁS ALLÁ DEL RÍO DE LA PLATA - ENFOQUES COMPARTIDOS
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| Enrique Guillermo Avogadro |
| Llueve sopa… |
- “La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados”. Johann Paul Friedrich Richter
… y, tal como nos ha sucedido al menos en las últimas ocho décadas, no tenemos cucharas y sólo tenedores y cuchillos. La invasión de Vladimir Putin a Ucrania y las recíprocas sanciones económicas y financieras que Occidente está aplicando a Rusia para intentar frenar el genocidio que el trasnochado y criminal autócrata está produciendo, han mandado al espacio los precios del gas, del petróleo y de las materias primas en todo el mundo. Obviamente, eso hubiera debido ser una noticia extraordinaria para nuestro país, que tiene la capacidad de producir alimentos para quinientos millones de personas y posee el gigantesco yacimiento de Vaca Muerta que, día a día, expande sus fronteras subterráneas.
Los valores internacionales actuales más que justifican las inversiones necesarias para explorar y extraer los combustibles fósiles, pero nadie está demasiado dispuesto a apostar aquí su dinero por varias razones: la falta de seguridad jurídica, el permanente cambio en las reglas de juego, los cepos varios que impiden la remisión de utilidades y, sobre todo, el recuerdo de cómo actúa el kirchnerismo desde el mismo momento en que el patriarca pingüino llegó a la Casa Rosada. Igual efecto produce la expoliadora presión impositiva sobre la posibilidad de incrementar la superficie sembrada.
En 2003, Argentina no sólo era autosuficiente en materia energética sino que había construido gasoductos y líneas de alta tensión para exportar gas y electricidad a Chile, Brasil y Uruguay. Néstor Kirchner, por su incontrolable voracidad y su pasión por el saqueo, comenzó a mirar con interés a YPF y a pergeñar la forma de robar parte de ella; lo primero, fue congelar las tarifas en todos los tramos –producción, transporte y distribución- del negocio; se llegó al absurdo de reconocerle US$ 2,50 por millón de BTU del gas producido en Neuquén, y pagar US$ 7,50 por el obtenido en Bolivia por la misma dueña de la empresa argentina, Repsol.
Antonio Brufau, por entonces CEO internacional de la compañía, percibió lo que se venía y, preventivamente, transfirió a la matriz todos los activos externos de YPF y se sentó a esperar para ver cómo salir de la Argentina. No tardó mucho en recibir una insólita propuesta de los testaferros del mandamás patagónico, los Eskenazi, para “comprar” 15% (luego fue 25%) de la empresa argentina; como no tenían dinero, la propia Repsol les prestaría lo necesario y, por si fuera poco, les entregaría la administración de YPF pese a que, del negocio petrolero, lo único que sabían era cargar nafta en sus automóviles.
Como el catalán no es estúpido, aceptó todo pero puso algunas condiciones: el contrato debía ser refrendado por Néstor y Guillermo Moreno y la empresa distribuiría el 90% de las utilidades anuales; en esta industria ninguna compañía reparte más del 30/35% de las ganancias, porque el resto debe destinarse a explorar nuevos yacimientos. Las consecuencias fueron inmediatas: todos los actores locales dejaron de perforar, la Argentina perdió el autoabastecimiento y debió invertir el sentido de los gasoductos y de las líneas de alta tensión e importar gas natural licuado. Los españoles festejaron: de cada US$ 100 que YPF liquidaba a sus accionistas, les pertenecían US$ 75 y, en pago de la deuda, se llevaban los otros US$ 25; más tarde, llegó la ruinosa expropiación de las acciones que aún conservaba Repsol y el genial Axel Kiciloff, luego de jurar que le cobraría una fortuna por daños ambientales anteriores, acordó pagar por ellas US$ 10.000 millones.
Los Eskenazi pusieron sus acciones a nombre de sociedades españolas que, a su vez, pertenecían a una holding australiana; “no tengo pruebas pero no tengo duda”, diría Cristina Fernández, de que los verdaderos titulares siguen siendo los Kirchner. Como no querían dejar de robar, se “olvidaron” que los estatutos de YPF obligaban al Estado, accionista mayoritario, a ofertar por el resto. A esa altura, las acciones habían pasado a manos de un fondo de inversión, Burford, que demandó a la Argentina en las cortes norteamericanas por ese incumplimiento y, al día de hoy, tan mal nos va en ese juicio que deberemos pagar otros US$ 5.000 millones; estoy convencido que, atrás de ese “buitre”, también están ocultos los pingüinos.
Este año, el Gobierno se verá obligado a importar gas y gasoil para intentar satisfacer a la demanda nacional, pero deberá hacerlo en un escenario local (menor oferta hidroeléctrica por la sequía) e internacional (creciente demanda global por las restricciones aplicadas a Rusia) muchísimo más complicado; ya está abriendo el paraguas ante el FMI por el seguro incumplimiento, por el aumento de los subsidios, de los compromisos fiscales asumidos en el acuerdo que no logró que Diputados tratara el jueves, cuando la Cámara, angustiosamente, se limitó a aprobar el nuevo endeudamiento bajo una catarata de piedras trotsko-kirchneristas, algunas de las cuales dieron, casualmente, en el despacho de la emperatriz hotelera.
Cuando la lluvia de sopa concluya y la paz haya regresado, la preocupación del mundo ante la contaminación del medio ambiente y el calentamiento global volverá a ser prioritaria y el horizonte de uso de combustibles fósiles será acotado a dos o tres décadas. Si para entonces la Argentina no ha logrado reinsertarse en la comunidad internacional, ofreciendo a los inversores externos garantías jurídicas y confianza en el mantenimiento de las reglas de juego, lo que no hayamos conseguido extraer de Vaca Muerta y de la plataforma marina quedará para siempre allí abajo y, nuevamente, habremos perdido un tren que ya no volverá a pasar. |
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Crónica de otros tiempos
Mentirosos al referéndum |
Engañaron al pueblo, le mintieron con alevosía a sus propios votantes.
Prometieron públicamente y con fervor religioso desde la Presidencia de la República moderar el gasto del Estado, evitar el despilfarro, no aumentar los impuestos ni crear otros nuevos, reducir a su mínima expresión el uso de la locomoción oficial, y convertir el aeródromo de Melilla en un aeropuerto semejante al Aeroparque de Buenos Aires.
A vuelo de pájaro, también prometieron, chocheando, (Mariano Arana), "que volverían los cisnes a navegar en un recuperado Arroyo Pantanoso que acrecentó su ruina; que la Educación sería profesionalizada, y que serían construidas y entregadas en el período decenas de miles de viviendas".
En materia de hurtos y rapiñas el gobierno prometió reducirlas en un mínimo de 30%, cuando en los hechos, entre 2015 y 2018 las rapiñas crecieron un 36,7%, mientras que los hurtos aumentaron 33,6%. Los homicidios, en tanto, treparon al 40%.
Igualmente prometieron que sería detenida la emigración de las familias, cuando es público y notorio que se fueron del país decenas de miles de uruguayos entre 2005 y 2018.
Aseguraron que no habría más ajustes fiscales, y que sería absolutamente trasparente la gestión pública. No se acudiría al rescate de las empresas fundidas; se velaría por el cuidado ambiental, y se reduciría el déficit de las empresas del Estado. Nada de esto se hizo.
Aplicaron a rajatabla la frase atribuida a Maquiavelo: “el fin justifica los medios”, y se alzaron con el gobierno a costillas de la credibilidad e imbecilidad popular.
Uniformaron la pobreza, le dieron statu quo; están destruyendo la clase media, y fomentan a más no poder la holganza y la vagancia en todo el país.
Facilitan, encubiertos, la deserción estudiantil; por omisión e ineptitud la delincuencia organizada, el auge expandido del narcotráfico a todos los rincones del país, y a sabiendas el crecimiento descontrolado de los asentamientos, villas y miserias, en cumplimiento de una política de expansión tutelada y financiada con abusivos e impresionantes impuestos ciudadanos.
La sucesión de huelgas docentes, injertadas en una muy mal entendida y peor aplicada autonomía, afectó en grado superlativo la educación primaria y secundaria, al punto que los estudiantes egresan de la escuela sin saber leer con fluidez, y menos restar, multiplicar y dividir. Y del primer ciclo secundario, sin comprender lo que leen.
El gobierno ha despilfarrado a trochemoche los dineros públicos, y sigue gastando muy por encima de las posibilidades nacionales. Lo peor, que constituimos un país que soporta una carga impositiva terrible, con el agravante de que los servicios públicos mal esconden más gravámenes impositivos que desdibujan su cometido social. Las tarifas de la electricidad, gas, naftas y teléfonos son las más caras de la región, y compiten para alcanzar a ser las más onerosas del mundo.
El gobierno del Frente Amplio endeudó con irresponsabilidad manifiesta el país, y atiborró de funcionarios las empresas públicas. Ante la descomunal deuda externa del Uruguay, 60 mil millones de dólares, cachafaces y bribones sostienen que no hay por qué preocuparse: “la deuda no se paga, se administra”. ¿Consolidación fiscal? ¿Reperfilamiento?...
Desfigurado el Poder Legislativo, hoy baluarte del Poder Ejecutivo; galanteada la Justicia, cortejada por el gobierno frenteamplista que arregló con suculentas retribuciones los cargos judiciales de mayor relevancia, el Uruguay se ha despedido de la división de poderes.
En estos tiempos de Lacalle Pou, hubo que desandar el camino. El Presidente del Frente Amplio, en una perfectísima vuelta de carnero mostró uñas y pezuñas, y declaró muy suelto de cuerpo que denuncias de abuso policial no prosperaban en la Justicia aunque “llevan meses”, y que “la única razón” de esto era que las supuestas víctimas “son hijos de pobres”. El titular del Poder Judicial, John Pérez, replicó al pucho: “niego terminantemente que haya una Justicia para los pobres y otra para los ricos”. Y enseguida agregó: “esto es agraviante para la Justicia”.
En el tema que nos ocupa, el Frente Amplio se ha revelado como un partido político mentiroso a más no poder. El engaño colosal y colectivo que le endilgamos al Frente Amplio, sin atenuantes, determinó el uso y abuso de los brazos enyesados de las mayorías frenteamplistas durante todo el período.
Abundando, no debe obviarse que la maquinaria legislativa está orientada por el accionar de las grandes corporaciones. Los políticos del siglo XXI son empleados muy bien pagos de estas instituciones internacionales que han tomado al Uruguay como conejillo de indias.
La bancarización obligatoria, so pretexto de controlar la evasión fiscal, ha puesto de rodillas el país, entregado por este gobierno a las ocurrencias y dictámenes siempre nefastos y perjudiciales de la banca internacional.
Concluyendo, el porvenir político del Uruguay, de cara a las próximas elecciones nacionales, ha sido perfectamente dibujado por el poeta y compositor Enrique Santos Discépolo:
“Si uno vive en la impostura
Y otro roba en su ambición,
Da lo mismo que sea cura,
Colchonero, rey de bastos,
Caradura o polizón”.
Ricardo Garzón |
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| Acto final del extravío |
(Por Julio María Sanguinetti) La campaña opositora ha sido algo muy triste. Para el país, para su democracia. Desde los primeros pasos hablando de privatización de la educación o la conjura contra Antel, todo han sido falsedades, alarmismos, anuncios apocalípticos.
Estamos en el final y en actos inexplicables de desesperación y arrogancia, el Frente Amplio "emplaza" al gobierno a que en 30 días le responda por 50 presuntos abusos policiales.
No escarmentaron con la derrota electoral, en la que su espantosa conducción en el tema seguridad fue un factor muy relevante. O sea que carecen de toda autoridad política para enjuiciar a nadie, cuando en sus gobiernos se pasó de 7 mil a 30 mil rapiñas. Igualmente insisten en el tema, a los gritos, como si estuvieran parados sobre el pedestal de un éxito.
Naturalmente, hay una acción concertada y generalizada. La intervención de la Institución Nacional de Derechos Humanos, a 15 días del referéndum, cuestionando tres artículos de la LUC, es realmente un atentado. Un instituto del Estado impugna una ley cuyo destino está en manos de la ciudadanía. Realmente, han conducido a la institución a un desprestigio casi terminal.
Al mismo tiempo, toda gremial o entidad donde el Frente Amplio tiene influencia, se ha sumado a los cuestionamientos que se hacen a la acción policial. El propósito es obvio: el gobierno está logrando resultados en ese tema que fue uno de sus mayores fracasos y tratan de contrarrestarlos intentando crear un inexistente clima de abusos policiales. No hay límite. Hasta una extraña iglesia casi desconocida ha salido a confundir con un sacerdote, ataviado de un particular hábito, denunciando de modo burdo un acción agresiva contra una mujer.
La verdad es que abusos policiales siempre hubo, hay y seguirá habiendo. En esa actividad tan riesgosa, siempre está esa posibilidad, pese a la instrucción realizada para que un profesional no se exceda. Es así aquí y en el mundo entero. Se trata, entonces, de saber si esas situaciones han crecido y si no han sido atendidas.
Y allí es donde está la mentira. Según la información oficial, las denuncias han bajado. En el 2021 hubo 134 denuncias cuando en 2019, tiempo en que reinaba el Frente Amplio, fueron 152.
En cuanto a las formalizaciones, o procesamientos, como decíamos antes del nuevo Código, también.
Las 100 denuncias de los defensores de oficio, no tuvieron -según lo dicen ellos mismos- ningún andamiento judicial. Las 50 que aparecen ahora son una ensalada en que, mayormennte, delincuentes con antecedentes formularon denuncias que se tramitaron. Algunas se desecharon en la vía judicial de modo rotundo y otras están en trámite. Unas son de 2020, otras del año pasado. En cualquier caso, sugerir que hay una multitud de denuncias superior a lo habitual es falso y decir que se ignoran sistemáticamente aún más.
El otro gran capítulo de la ofensiva es el apoyo del Ministro Heber a policías enjuiciados por la muerte de una persona que se negó a detenerse ante una orden policial, aceleró su motocicleta para huir, fue perseguido y en esa acción chocó contra un árbol y falleció. Por supuesto, tristísimo accidente. Los policías están acusados de homicidio. ¿Mataron a alguien o fue una conducta irresponsable la que llevó a la muerte al infortunado muchacho? Si hubiera atropellado a un peatón, en la calle, ¿eran los policías los responsables? El Ministro fue a saludar a sus subordinados, preocupado, simplemente para que sientan que no están solos y que tendrán las mayores garantías. Es obvio, además, que si estos policías terminan condenados, no habrá más persecuciones policiales aunque se trate de un delincuente que mató a cuatro personas. No es una anécdota lo que está en juego. En todo caso, ¿cuál es la presión? ¿En qué inhibe a un juez que el Ministro haya visitado a sus subordinados? Lo ha dicho con claridad el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, respondiéndole a Fernando Pereira, Presidente del Frente Amplio, que ha abandonado su espíritu de componedor sindical para mutar hacia un iracundo político.
Estamos ante el final lamentable de una campaña entristecedora para la democracia. Después de todas las falsedades y disparates, se culmina con este acoso a la Policía, no importando si se desmoraliza en su lucha contra el delito. Es algo muy serio. Nuestro Estado de Derecho por supuesto que garantiza todos los procedimientos para enjuiciar a alguien sospechado o acusado de un delito. Pero también está en juego algo tanto o más importante que la protección a la sociedad, agredida por una delincuencia ensoberbecida que recién en estos dos años retrocede en algo.
La conferencia de prensa del Frente Amplio con esas denuncias lanzadas al barrer es el acto final de un largo extravío.
Derogar la LUC solo recibirá el festejo del mundo del delito. Hay que saberlo. Y actuar responsablemente en consecuencia. (Nota que se comparte con Correo de los Viernes) |
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