Por Ricardo Garzón. La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA) no es la responsable de la demora en el comienzo de las operaciones del ILS CAT IIIB.  El sistema con sus procedimientos estaba establecido, y dadas las garantías para que se hubiera inaugurado el 15 de mayo de 2026. 

Resulta inverosímil concebir que el anuncio de inauguración se hubiese formalizado sin la previa y estricta verificación de los estándares de seguridad exigidos por la normativa aeronáutica,  tanto nacional como internacional. Sostener lo contrario implicaría atribuir a la Autoridad Aeronáutica una omisión inexcusable.
No habiendo sido así hubiera sido un despropósito, salvo para quienes, como los controladores aéreos, tres días antes de la inauguración, salieran como tropilla descontrolada a sembrar el pánico en la pradera.
Anunciaron, al amparo de una cuidada estructura gramatical y a tambor batiente mediante un comunicado de prensa a la población, que no estaban dadas las condiciones para una operación segura del sistema.
Sembraron la duda en un universo predispuesto, nada menos que en el ejercicio de una actividad subliminalo y extremadamente vulnerable. ¿Por qué no salieron antes a la opinión pública si la cosa estaba tan fiera, y esperaron a último momento para anunciar el diluvio?
Años atrás, en el inicio de mi actividad periodística, recuerdo que el Dr. Diego Gil decía que muchas veces los empleados públicos se sentaban arriba de la Constitución, que estaban por encima de la Constitución. Estos eventos trajeron estos lodos...
ACTAU se sentó, (los controladores) con la aquiescencia del ministerio de Defensa arriba de la Constitución y puso el palo en la rueda con argumentos teñidos de medias verdades. Le doblaron la mano a la Autoridad Aeronáutica, el brazo y el codo.
El Aeropuerto de Carrasco es un aeropuerto catalogado como de bajo impacto, totalmente compatible con las medidas que había tomado la Autoridad Aeronáutica para el inicio de las operaciones.
A pesar de ello se sentaron arriba de la Constitución, insisto. El mando sindical se sentó arriba de la Constitución. Y también se acostó.
Victoria pírrica que le hizo mucho mal al país y al interés general de la República. Una victoria visibilizada para y por las huestes sindicales y de izquierda, pero negativa para el Estado de Derecho.
La situación en el Aeropuerto como en el Puerto es grave, gravísima. Los derechos generales están por encima de los derechos particulares, aún cuando estos estén establecidos en la Constitución. En el caso que nos ocupa, también el sistema político tiene que velar por el interés público y los intereses de la República. En el caso con intencionalidad faltaron con aviso.
Estos episodios lo único que hacen es erosionar la imagen del país. En el filo de la navaja, no se difunden ni toman estado público las posibilidades de inversión extranjera que quedan por el camino, y que no se concretan debido a episodios tan graves como los que estamos viviendo.
El mundo exige certeza, los inversores exigen certezas más que nunca. En el Uruguay se perdió el principio de autoridad. Se sufre en estado terminal, no solo con los dislates sindicales y el jolgorio parlamentario, sino con la seguridad cotidiana de la población en todo el país. Aislados en el continente, vamos en rumbo de colisión con el riesgo de perder también la independencia.
La DINACIA hace lo que puede con los penosos recursos que le habilita mensualmente Rentas Generales, para enfrentar no solo responsabilidades nacionales sino internacionales en nombre del país.
La aviación civil del Uruguay está desmantelada, la han desmantelado.
De nada sirve pensar siquiera con la peregrina idea de pasar las responsabilidades a otro ministerio si no hay presupuesto conforme a las responsabilidades que debe asumir el país para controlar una actividad que día a día se vuelve más dinámica y cambiante.
Las condiciones vigentes en materia económica, deterioro y cero inversión en el caso, trae a la aviación civil emparches con alambre, y con suerte un cumplimiento de responsabilidades que alejen demandas internacionales y la baja en la conectividad. La aviación, la república, tiene compromisos y responsabilidades muy importantes que honrar en materia internacional para estar manoseándola continuamente. ¡Basta!
Todo parece indicar que dado el éxito rotundo que aparejó la privatización de los aeropuertos de Carrasco, Laguna del Sauce y ulteriormente en el interior del país, el sistema de control aéreo debe seguir el mismo camino: la privatización.