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| Un sistema para operar con niebla en Carrasco debutó con restricciones que cuestionan privados |
- Agencias de viajes, aerolíneas y operadores turísticos cuestionan que el sistema solo funcione parcialmente, no habilite despegues y que aún no exista una definición oficial sobre su operativa desde el 1° de julio.
El sistema de aterrizaje ILS CAT III B instalado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco en diciembre del año pasado demandó una inversión cercana a los US$ 20 millones y era esperado desde hace años para reducir cancelaciones, desvíos y demoras provocadas por la niebla, pero quedó envuelto en una fuerte controversia durante sus primeros días de utilización. Aunque el equipamiento quedó instalado a fines del año pasado, recién comenzó a operar parcialmente la semana pasada y únicamente para aterrizajes, bajo determinadas condiciones. Además, las aproximaciones mediante el sistema no están disponibles durante todos los días ni durante las 24 horas, mientras que los despegues continúan realizándose con los mismos mínimos meteorológicos que existían antes de la incorporación del sistema.
La situación generó cuestionamientos de agencias de viajes, aerolíneas y operadores turísticos, que advierten por el impacto sobre la conectividad aérea, los pasajeros y el funcionamiento del aeropuerto en una de las épocas del año con mayor frecuencia de nieblas.
El escenario se complejiza aún más porque las restricciones comunicadas mediante un NOTAM —el aviso aeronáutico que informa a todas las compañías del mundo sobre modificaciones operativas en un aeropuerto— rigen hasta el 30 de junio. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial sobre qué ocurrirá a partir del 1° de julio, lo que mantiene a la industria sin certezas sobre el régimen operativo que tendrá el sistema.
A esto se suma otro foco de conflicto: el concesionario aeroportuario comenzó a aplicar la sobretasa prevista para recuperar la inversión realizada en el ILS, mientras que varias aerolíneas entienden que no corresponde abonarla mientras el sistema no pueda utilizarse en su totalidad.
A su vez, fuentes del sector aeronáutico dijeron a El País que aún hay “asuntos en la puesta en práctica del sistema” ya que los controladores aeroportuarios sostienen que hace falta “formación y capacitación específica” a la hora de implementar el sistema tanto en despegues como en aterrizajes.
Ahora, ¿qué opinan los principales operadores de turismo uruguayo al respecto?
El presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), Carlos Pera, afirmó que el equipamiento estaba pronto desde mediados de diciembre de 2025, por lo que entiende que los problemas vinculados a capacitación, procedimientos o disponibilidad de controladores debieron haberse resuelto antes de que llegara el momento de utilizarlo.
“Yo no digo que lo que plantean los controladores sea verdad o mentira; no me corresponde evaluarlo. Lo que digo es que si el sistema estaba pronto desde diciembre, hubo seis meses para hacer todos esos planteos”, sostuvo.
Pera explicó que el principal inconveniente para las compañías aéreas radica en que el ILS quedó habilitado únicamente para aterrizajes y no para despegues. A su entender, esa limitación hace que muchas aerolíneas no estén dispuestas a operar bajo mínimos reducidos. “¿Qué compañía va a arriesgarse a aterrizar con 100 o 200 metros de visibilidad si después, cuando quiera despegar, no va a poder utilizar el sistema?”, planteó Pera.
Pera también recordó que durante el despegue los motores de los aviones trabajan al máximo de su capacidad y que una eventual falla obliga, en muchos casos, a regresar inmediatamente al aeropuerto. Por eso, sostuvo que para las compañías resulta “indispensable” contar con procedimientos de baja visibilidad tanto para las llegadas como para las partidas.
También indicó que este inconveniente con el sistema obligó a modificar operaciones en momentos de alta demanda. Como ejemplo mencionó los vuelos vinculados al Mundial, cuando algunas compañías debieron reorganizar su programación para evitar mayores perjuicios a quienes viajaban hacia Estados Unidos.
A su vez, señaló que la controversia alcanzó el plano económico. Explicó que, tras la comunicación oficial que habilitó el uso del sistema, el concesionario aeroportuario comenzó a cobrar la sobretasa correspondiente al ILS. Sin embargo, las aerolíneas consideran que ese cobro no corresponde mientras el servicio permanezca parcialmente operativo.
"El único rehén termina siendo el pasajero”
“El aeropuerto entiende que debe cobrar porque el sistema fue habilitado. Las compañías entienden que, en estas condiciones, todavía no está operativo como corresponde. Mientras todos discuten, el único rehén termina siendo el pasajero”, afirmó.
Vale destacar que en promedio la tasa es de US$ 150 adicionales por vuelo, aunque el valor total depende del tamaño de la aeronave, según le comentó a El País Christian Rodríguez, presidente de la Cámara Aeronáutica del Uruguay y gerente de Copa Airlines en Uruguay. A su vez, explicó por qué la habilitación parcial del sistema no resuelve el problema operativo que motivó la inversión.
Recordó que el ILS permite reducir los mínimos meteorológicos necesarios para aterrizar hasta unos 75 metros de visibilidad, disminuyendo significativamente los desvíos provocados por la niebla. Sin embargo, aclaró que la lógica del sistema también contemplaba reducir los mínimos para los despegues.
“Está bien que ahora el avión pueda llegar y evitar un desvío, pero si después no puede salir porque los mínimos para despegar siguen siendo los mismos de antes, el cuello de botella continúa”, explicó.
A ese escenario se sumó la publicación del NOTAM mencionado anteriormente, que establece que las aproximaciones mediante ILS categoría II y III no estarán disponibles durante distintas franjas horarias y determinados días entre el 19 y el 30 de junio.
En este caso, el aviso dispone que el sistema no podrá utilizarse entre las 7 y las 19 horas de Uruguay los días 19, 21, 26, 27, 29 y 30 de junio y permanecerá inhabilitado durante las 24 horas los días 20, 23 y 28; también tendrá restricciones específicas el 24 de junio, ya que allí no podrá usarse entre las 19 y y 07 las horas del día siguiente. A su vez, los mínimos meteorológicos para despegues se mantienen sin modificaciones hasta el 30 de septiembre.
Para Rodríguez, la principal preocupación es que nadie conoce qué ocurrirá una vez que expire ese NOTAM.
“La gran pregunta que tiene hoy toda la industria es qué va a pasar el primero de julio. No hay claridad sobre cuál va a ser el esquema operativo”, señaló.
En ese contexto, la Cámara Aeronáutica entiende que tampoco corresponde comenzar a cobrar la sobretasa asociada a la inversión.
“Las compañías no deberían ser sujeto de cobro hasta que el sistema esté plenamente implementado. Hoy no está operativo las 24 horas y tampoco contempla los despegues como estaba previsto originalmente”, sostuvo.
En tanto, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), Fernando Tapia, sostuvo que la puesta en funcionamiento del ILS era uno de los avances más esperados por el sector para mejorar la competitividad de Uruguay frente a otros destinos de la región.
Recordó que la inversión fue realizada por el concesionario privado y que, una vez finalizada la obra en diciembre, se sabía que serían necesarios entre cuatro y cinco meses para completar manuales, procedimientos y capacitación antes de habilitar el sistema.
Sin embargo, afirmó que al concluir ese plazo comenzaron a surgir dificultades vinculadas precisamente con esos aspectos.
“Aparentemente no estaba pronta la capacitación y tampoco se contaba con la cantidad de controladores necesaria para operar con total seguridad. Son situaciones que muestran una falta de planificación y previsión muy importante para una obra clave para la conectividad aérea del país”, expresó.
Tapia también cuestionó la “falta de seriedad” y escasa información proporcionada por el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) sobre los pasos siguientes.
“No solamente no hay claridad sobre qué va a pasar después del 1° de julio, sino que durante todo este proceso tampoco existió una comunicación clara hacia los distintos actores”, señaló.
El dirigente recordó que, hasta el momento, al menos 142 vuelos y unos 20.600 pasajeros se vieron afectados por esta situación, aunque advirtió que el impacto trasciende esos números porque muchas personas perdieron conexiones internacionales o debieron reprogramar viajes por motivos laborales, familiares, turísticos o de salud.
“Lo más preocupante es que estamos entrando en la época del año en la que más se necesita este sistema. Después de toda la inversión realizada y del tiempo que hubo para preparar su implementación, seguimos sin conocer cuál es el plan hacia adelante”, concluyó.
El País también intentó comunicarse con Aeropuertos Uruguay para conocer su visión al respecto, pero prefirieron no dar ninguna declaración al respecto. (El País) |
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Columna de Ricardo Garzón
SE DICE
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 Que el exdiputado Eduardo Lust, refiriéndose al uso de los vehículos blindados Mamba que pertenecen al Ejército y que utilizará también la Policía para contener desmanes, dijo que después de cincuenta y pico de años y gracias al Frente Amplio vuelven las Fuerzas Conjuntas a la calle.
Que le asisten fuertes razones al abogado y político uruguayo Gustavo Salle -autotitulado viejo loco- cuando utiliza el término "golpe de Estado técnico" para describir la implementación del nuevo Código del Proceso Penal y la Ley de Inclusión Financiera; se ha suprimido la potestad investigativa del Poder Judicial, razón por la cual, no cabe seguir hablando de una tripartición republicana y democrática de los poderes. (Adiós Montesquieu)
Que con contundencia y a la chita callando ha dicho que estas normativas vaciaron de poder al Poder Judicial al centralizar las facultades de investigación y acusación en la Fiscalía General de la Nación.
Que el diputado Salle reitera y denuncia, en cuanta oportunidad se le presenta, que esto creó una "maquinaria de impunidad" que permite decidir arbitrariamente qué casos se investigan o se archivan. (El Parlamento en silencio)
Que en lugar de ayudar el exministro del Interior Nicolás Martinelli, al igual que la mal denominada "oposición" -en rigor una trancadera en todos los órdenes de la vida nacional-, mal consideró que la decisión del Ministerio del Interior de utilizar vehículos blindados del Ejército para el patrullaje de algunos barrios de Montevideo obedezca al “fracaso de la gestión” de Carlos Negro al frente de la cartera.
Que el Frente Amplio pasó de mirar con desconfianza los uniformes militares a meter camiones de guerra de 1 millón de dólares para frenar a los motochorros en el Cerro.
Que los vehículos Mamba, definidos como unidades de "transporte blindado de personal", llegaron a Uruguay en julio de 2024; fueron una donación del gobierno de los Estados Unidos, y están diseñados para circular por territorios "amenazados por minas". Su cometido, integrarse a una fuerza de rápida respuesta en el ámbito de las operaciones de paz que los militares uruguayos llevan a cabo en el exterior del país.
Que los Mamba nos los dieron para las Misiones de Paz. Si están en el Congo, la ONU nos paga US$ 4.500 al mes de alquiler por cada uno y nos regala el gasoil. Al traerlos acá, perdemos esa plata y encima el blindado se destruye.
Que la cuenta final por vehículo arroja que por cada 100 km recorridos cuestan: $47.579 pesos, en tanto y en cuanto al mes, por cada blindado: 1.427.370 pesos (US 35.684), y como quieren meter 12 blindados en la calle, el "chiste" va a salir casi medio millón de dólares por mes (más de 17 millones de pesos).
Que por todo lo expuesto llegaron tarde a la seguridad; se pasaron años defendiendo delincuentes, y ahora arman este show mediático que cuesta una fortuna.
Que los comentarios críticos del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, a la decisión del Poder Ejecutivo de utilizar vehículos del Ejército para patrullar algunos barrios de Montevideo produjeron “malestar” en la Presidencia de la República.
Que el presidente del Sindicato Único de Policías del Uruguay dijo que se coincide con la propuesta de utilizar los vehículos Mamba con un chofer militar, siempre que sea el personal policial el que lleve a cabo la tarea contra la prevención y represión del delito.
 Que el General Guido Manini Ríos precisó que “se necesita un marco legal” para evitar que, “ante el primer problema que surja, termine pagando un soldado con cárcel”. (Ojo Perciballe: cuidado con opinar sin fueros)
Que para la senadora Constanza Moreira en los barrios “hay que entrar con políticas públicas, con comida, con salud, con educación y con vivienda”. Programas como Más Barrio no impedirán que la ciudad se siga segregando, porque el fenómeno se vincula con la idea de la vivienda como capital financiero.
Que Estados Unidos, país que financia casi la mitad del presupuesto de la Organización de Estados Americanos, OEA, le reclama al organismo internacional que redirija sus esfuerzos hacia la seguridad, la estabilidad y la prosperidad económica, y deje en segundo plano su histórico papel como promotor de los derechos humanos. Desde que asumió el gobierno Donald Trump, EE.UU. ha puesto en duda la relevancia del organismo, al que bien acusa de ser ineficaz y oneroso.
Que al mes de junio Washington no había entregado aún su contribución a la organización, en el entorno de los US$ 47 millones, y para 2027 no hay una partida específica para la OEA en el proyecto de presupuesto estadounidense. "Es como una espada de Damocles sobre tu cabeza", opinó una fuente del Consejo Permanente de la OEA.
Que la próxima Rendición de Cuentas llegará en un contexto de bajo crecimiento económico; restricciones fiscales, y un gobierno que busca financiar nuevas prioridades sin aumentar el gasto del Estado.
Que el exdiputado Eduardo Lust refiriéndose al uso de los vehículos blindados que pertenecen al Ejército y que utilizará también la Policía para contener desmanes, dijo que después de cincuenta y pico de años y gracias al Frente Amplio vuelven las Fuerzas Conjuntas a la calle.
Que el 20% de los uruguayos aprueba la gestión de Orsi y 65% desaprueba, mientras que un 12% ni aprueba ni desaprueba. Además, hay 3% que no opina, señaló Mariana Pomiés, directora de Cifra que presentó la encuesta en Telemundo (Canal 12). Pomiés señaló que "el presidente no está en un buen momento de evaluación" y "hay un balance bastante negativo".
Que el expresidente Julio María Sanguinetti opinó que la “controversia” por la decisión del gobierno de usar vehículos blindados del Ejército para patrullar algunos barrios de Montevideo “volvió a exponer una vieja contradicción de la izquierda uruguaya”.
Que mientras la creciente preocupación ciudadana por la delincuencia empuja a reclamar medidas más firmes, sectores del oficialismo reaccionan todavía condicionados por las heridas políticas e ideológicas del pasado, dijo en su columna semanal del Correo de los Viernes el expresidente de la república.
Que mientras Uruguay aceptaría encantado adquirir navíos OPV limitados y sin plataforma de helicóptero, con más de 20 años de desgaste en el Atlántico Sur a 20 millones de dólares cada uno, Brasil compró el HMS Bulwark, un buque de asalto, con cubierta hasta para 3 helicópteros y el doble de eslora por 26 millones de dólares! (Con esta posible compra, alentada por Lucifer Díaz, Orsi se va a Matemáticas)
Que el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, fue muy enfático en destacar que durante su gestión se adquirieron 4 blindados que hoy no se ven en acción.
Que con 2.500 millones de u$s de presupuesto para la seguridad, con 26.000 policías ejecutivos, con el mejor armamento que jamás tuvo la Policía, con el mayor y mejor parque automotor, con toda la logística (helicópteros, drones, etc, etc,) este gobierno ha demostrado su incapacidad para brindar seguridad a los ciudadanos.
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| Traumas del pasado |
Por Julio María Sanguinetti. - La controversia por el uso de vehículos militares en tareas de apoyo a la seguridad pública volvió a exponer una vieja contradicción de la izquierda uruguaya. Mientras la creciente preocupación ciudadana por la delincuencia empuja a reclamar medidas más firmes, sectores del oficialismo reaccionan todavía condicionados por las heridas políticas e ideológicas del pasado.
Para el expresidente Julio María Sanguinetti, el debate no gira en torno a riesgos para la democracia, sino a la dificultad de algunos dirigentes para adaptarse a una realidad que exige respuestas eficaces frente al avance de la inseguridad.
Ya lo vimos cuando el Presidente se subió al portaviones norteamericano. Parecía que estaban en el velorio de los padres. La escena tenía algo de parricidio, es verdad, en un momento en que la fuerza militar del gigante del Norte se despliega por el mundo entero. Infantil era, en cambio, la reacción. Pereira, el declarante más al uso, ensayó una explicación farragosa y confusa; el presidente del PIT-CNT, el compañero Abdala, no podía ni hablar. Estaba “consternado”, así lo dijo.
Ahora el tema es doble: vehículos de origen estadounidense del ejército uruguayo en tareas de patrullaje en los barrios pobres de Montevideo. Una “donación” del imperialismo simbólicamente sumada a las tareas de seguridad ciudadana. Uniformes militares en la calle...
Por supuesto, no hay nada extraño. Hace muchos años que el ejército ayuda en tareas de apoyo a la gestión policial, sin sustituirla. Por ejemplo, el patrullaje de la frontera o bien el cuidado perimetral de las cárceles. En su tiempo, hacían guardia en embajadas y otros lugares institucionales, para descargar de tareas a la policía.
No estamos entonces ante ninguna extravagancia ni sometimiento a ninguna presión militar. Lo que sí vivimos es un gigantesco clamor popular que nos reclama al sistema político medidas eficaces.
No nos engañemos: nos guste o no nos guste, todo indica que a la mayoría hoy le parecería muy bien el patrullar militar, que las paradas de ómnibus en ciertos barrios tengan amparo de soldados, que se saquen de los portales compulsivamente a todos los durmientes callejeros y que se metan presos a los enchastradores de fachadas con los estúpidos signos que ponen hasta en los muros de los cementerios.
Ya no deberíamos extrañarnos de que Bukele aparezca como el mejor presidente latinoamericano en las encuestas de este Uruguay liberal, moderado y pacífico.
Por suerte, todavía no hay reclamos de pena de muerte, pero no estamos lejos de que aparezca el demagogo que lo sostenga.
Hay que entender que cada país tiene la sensibilidad propia de su tradición y realidad. El Uruguay no es El Salvador ni ha vivido lo que ha vivido este dinámico país centroamericano que padeció una década de guerra civil con 70 mil muertos. No ha tenido guerrilleros desmovilizados volcados al delito común, organizados en las famosas “maras”. Aquí los que dejaron la metralleta llegaron hasta la Presidencia de la República. No es el mismo contexto y, si Bukele es algo esperable en El Salvador, no lo debería ser entre nosotros. Pero basta sufrir lo que sufrimos para que nazca el reclamo y esto no puede ignorarse.
El tema es que en su tiempo los frentistas tanto hablaron contra la represión, con tanta vehemencia impugnaban a los gobiernos de los partidos tradicionales, con tanta irresponsabilidad le inculcaron a una generación el odio a la autoridad, con tanta demagogia han mantenido el cuestionamiento a una dictadura que terminó hace cuarenta años, que ahora todo se les vuelve en contra. Se les hace dramático.
Viven enredándose en declaraciones, cuando el tema es razonablemente manejable. Hay que dictar una resolución en que quede claro cuál es la responsabilidad militar y cuál la policial. La mera lógica dice que, si el vehículo es del ejército, lo debería manejar el personal del ejército, que ya los tiene a su orden y que estaría desarmado. Nada más. Por su parte, los policías que tripulen el vehículo actuarán dentro de los protocolos de actuación policial con las armas imprescindibles para actuar cuando corresponda.
No debería haber mucho misterio, pero se revuelven haciendo tantas contorsiones que al final lo lógico parece extraño. Lo peor sería que por estas confusiones terminen desgastando una operativa que puede ser eficaz.
El Estado democrático no puede ser débil en la aplicación de la ley. Su fragilidad o ineficacia solo alentará a sus enemigos. El riesgo va creciendo para todos, los frentistas por frentistas y aun para nosotros, liberales, a quienes la ciudadanía también nos reclama mano firme. (Nota que se comparte con Correo de los Viernes) |
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