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UN ARGENTINO ORIENTAL OPINA - ENFOQUES COMPARTIDOS
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| Enrique Guillermo Avogadro |
| Virtudes nuevas y pecados viejos |
- “Entre los héroes cuyas vidas ejemplares nos cuenta Plutarco, los caballeros escasean”. Curzio Malaparte
Comenzó febrero y la rara “normalidad” argentina de alegrías y tristezas reapareció con la renuncia de Marco Lavagna, la repugnante hipocresía del kirchnerismo, la antigua batalla entre proteccionistas y aperturistas, la inexplicable impunidad que sigue protegiendo a Sergio Aceitoso Massa, la creación de un nuevo “Ministerio de la Verdad” y la excelente noticia del acuerdo comercial con EEUU. Vamos por partes.
El manoseo del INDEC, a partir de la soberbia torpeza en el manejo de la información por parte del Gobierno (ignoro qué diferencias hubiera arrojado la nueva metodología para medir el índice de precios), tiene un costo difícil de mensurar todavía, pero seguramente afectará la esencial confianza que el país necesita para recibir las inversiones indispensables para generar crecimiento y riqueza genuina. Pero escuchar la indignación de los caraduras que aplaudieron a Guillermo Patotín Moreno cuando, siguiendo instrucciones de Néstor Kirchner, falsificó las estadísticas de inflación (para la platea local) y del crecimiento (para defraudar a los tenedores de bonos de deuda) me pareció realmente demasiado caradurismo.
El martes, en la parsimoniosa continuidad del juicio de la causa “Cuadernos”, los abogados de Cristina Fernández plantearon una serie de nulidades con las que pretenden derrumbar el proceso. Entre otros, hubo argumentos que me indignaron: la aplicación retroactiva de la “ley del arrepentido”, el doble juzgamiento por el mismo hecho y la “responsabilidad funcional” que el Estado atribuye a su cliente (“por su cargo, no podía ignorar”). Ella y su marido muerto, para reabrir la persecución a los militares a partir de 2003, con la inmunda complicidad de la Corte Suprema de entonces, hicieron exactamente lo mismo: usaron como arma el Pacto de Roma (firmado por nuestro país en 2001) para juzgar hechos de 1976/83; volvieron a realizar nuevos juicios a personas ya juzgadas por las mismas imputaciones; y el “debía saber” fue la razón generalizada en las condenas de miles de soldados, policías, civiles y sacerdotes.
En otro orden de cosas, y en el marco de la polémica suscitada a raíz de la licitación convocada por una compañía privada para el suministro de tubos con costura destinados a un gasoducto que perdió Techint contra una firma india, nuevamente surgió el conflicto con la industria textil nacional. Si ha tenido la paciencia de leer estas notas semanales desde hace años, recordará cuánto he criticado a los industriales que, amparados en una economía férreamente cerrada con fines electoralistas, se dedicaron durante años a abusar de nosotros con precios altos y mala calidad. En un caso, en el de los zapatos (https://tinyurl.com/ykd4uukk), inclusive propuse soluciones que servían a todos, empresarios, trabajadores y consumidores.
Nunca sugerí abrir abruptamente la economía al estilo de José Alfredo Martínez de Hoz y tampoco lo haría hoy, cuando el proteccionismo se ha vuelto a poner de moda a partir del segundo mandato de Donald Trump, que utiliza los aranceles y las cuotas como armas para alcanzar los objetivos de su “Make America Great Again”. Por el contrario, creo que lo que el Gobierno hubiera debido hacer era, como alguna vez hizo España, anunciar esa apertura generalizada en un plazo determinado, para dar tiempo a los industriales a reconvertirse y mejorar en competitividad y productividad, y sobre todo, nivelar antes la cancha en materia de impuestos, costos laborales, abusos sindicales, infraestructura de transporte, etc..
Debo volver a poner una fuerte luz sobre la curiosísima actitud del Gobierno frente al Aceitoso, pese a que todos los caminos llevan a él (https://tinyurl.com/4bvu5ce6), traducida en la conservación de muchos de sus seguidores – quintacolumnistas - en importantes cargos del Estado y, sobre todo, en la abstinencia a denunciar las maniobras fraudulentas que se ejecutaron durante su gestión como super Ministro de Economía de los Fernández², tales como las operaciones con el dólar oficial vs el blue en cuevas vinculadas a la AFA o el manejo de las SIRA por su subordinado Matías Tombolini, que tan gravosas nos resultaron a todos.
La estúpida y suicida compulsión a pegarse tiros en los pies que afecta de antaño a Javier Milei, tal vez causada por la inexistencia de toda oposición, lo llevó a crear, imitando los peores vicios que tanto critiqué en el kirchnerismo, una repartición especial (Oficina de Respuesta Oficial) para responder a las fakes news (según su propio criterio) que aparezcan en los medios de prensa y las redes sociales. La manía por perseguir a la prensa y a la libre expresión no es monopolio de la Argentina, y parece extenderse, con el patrocinio expreso de la Casa Blanca, a muchas naciones, aún a aquéllas que presumen de democráticas y liberales.
Para concluir este breve inventario, manifiesto mi profunda alegría y complacencia por la firma del tan importante acuerdo comercial con los EEUU, ya que constituye una gigantesca oportunidad para nuestro país. Que lo aprovechemos – tal como hicieron Japón, Corea del Sur, Singapur, etc. – depende exclusivamente de nosotros mismos, aunque mucho está condicionado por que el Gobierno pueda obtener las leyes necesarias para recuperar competitividad nacional, algunas de las cuales se están discutiendo ya en el H° Aguantadero, tales como la actualización del arcaico y fascista régimen laboral, la indispensable limpieza de la colonizada Justicia del Trabajo, la reducción de la presión fiscal, la modernización y perfeccionamiento de las infraestructuras vial, ferroviaria y portuaria, la desregulación y la simplificación de los trámites burocráticos, etc. |
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Columna de Ricardo Garzón
SE DICE |
 Que el presidente Orsi, tan calmo y medido en sus declaraciones, es quien más ha retrocedido en decisiones relevantes de su antecesor, muchas de ellas con un enorme costo potencial para el país.
Que las recientes declaraciones de Lacalle Herrera poniendo parte de la responsabilidad de la derrota electoral en Álvaro Delgado por haber impuesto a Valeria Ripoll como su compañera de fórmula, no le merecieron comentario al frustrado candidato nacionalista, y así lo dijo.
Que sin embargo, criticando largamente al gobierno en curso y mirando la paja en ojo ajeno, el desencantado candidato a la presidencia de la república dijo que el gobierno "está en disputa por problemas ideológicos internos".
Que Paranair ha tenido dificultades para atender sus frecuencias al interior del país, resaltando que está cumpliendo sus rutas en el cono sur con un solo avión.
Que el narcotraficante Fernández Albín se encuentra aislado en el penal de Punta de Rieles, en un sector destinado a personas que están sin condena, en donde hay cuatro celdas pero sólo él está allí, en un régimen en el que solo tiene contacto con otra persona a través de la visita semanal de una hora, sin derecho a visitas conyugales.
Que la abogada de Fernández Albín dijo que él iba a someterse a una huelga de hambre. "Yo no pude evitar esta situación porque no puedo contener a una persona que está en situación de aislamiento. Todas las convenciones internacionales de derechos humanos establecen que el aislamiento deviene en problemas de salud mental, circunstancia que aumenta significativamente los problemas de autoeliminación”, afirmó la abogada.
Que para Luis Alberto Heber, exministro del Interior, "sería inaceptable” que Fernández Albín deje la cárcel de máxima seguridad en la que está recluido, ante sus reclamos de ser trasladado.
Que se cuestiona en el Senado la cantidad de dinero que reciben los inspectores montevideanos por su participación en las sanciones y multas que aplican a la ciudadanía, repartija que en 2024 superó los cuatro millones de dólares.
Que cabe preguntarse si el objetivo central del sistema de multas es mejorar la convivencia vial y la seguridad en el tránsito, o si, por el contrario, se ha consolidado un sistema recaudatorio ruin que distorsiona la finalidad de la potestad sancionatoria de la intendencia, que castiga con dureza fiscal inaceptable y leonina a quienes han incumplido la normativa vigente.
Que se va, como se están yendo tantas, la compañía multinacional BASF Services Americas, centro de servicios compartidos que brinda soporte integral en finanzas, recursos humanos, logística y tecnología para sus operaciones en todo el continente.
Que la empresa, con domicilio en el Word Trade Center, ha iniciado un proceso de reestructuración por costos de su plantilla laboral, medida que implica una reducción gradual de entre el 30% y el 40% de su personal, que actualmente asciende a 1.200 colaboradores, y en donde el diablo metió la cola, léase la inteligencia artificial.
Que tras nueve meses de conflicto sindical Conaprole decidió cerrar de forma definitiva el centro de distribución estblecido en la Planta 14 de la ciudad de Rivera.
Que el resultado es que se registran faltantes de más de 30 productos en plaza, con afectación directa sobre sus productores, consumidores y clientes; en suma toda la cadena vinculada a la Cooperativa.
Que la División Portland de ANCAP -según cifras oficiales-, perdió entre los años 2000 y 2025 la friolera de 800 millones de dólares, dinero que hubiese bastado para eliminar la pobreza infantil.
Que para eliminar la pobreza infantil lo único que hay que hacer es cerrar sin más trámite la División Portland de Ancap; redistribuir sus doscientos funcionarios en otras dependencias públicas, o mandarlos para sus casas, a sueldo completo, hasta que puedan jubilarse.
Que la flota oficial de vehículos volvió a crecer el año pasado y son casi 18.500 los automóviles del Estado, resaltando que el Ministerio del Interior, UTE y la Intendencia de Montevideo son los organismos con más unidades en la vía pública.
Que durante 12 horas, entre preguntas e intercambios en buen tono, el equipo económico encabezado por Gabriel Oddone explicó y defendió en Cámaras el contenido del proyecto de ley de Presupuesto.
 Que algunos integrantes de la Comisión de Presupuesto, integrada con la de Hacienda de Diputados, le reconocieron al ministro de Economía coraje político para admitir que la iniciativa plantea modificaciones tributarias que aumentarán la presión fiscal, cuando en la pasada campaña electoral el ahora presidente Yamandú Orsi aseguraba -como todos y cada uno de los otros gobernantes que lo precedieron- que no planeaban ni nuevos impuestos ni subas de impuestos.
Que ya no se sabe qué inventar y nadie en sus cosas: edil del Frente Amplio propuso un proyecto de decreto para la instalación de sillas y sombrillas de edificios y hoteles en la playa; "la posibilidad de control por parte de la Intendencia de Maldonado está desbordada, y el desenfreno para el iluminado regidor menoscaba los derechos de libertad e igualdad de los vecinos”.
Que el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle Lorier, volvió a estar en el medio de la polémica después de haber apuntado contra el judaísmo y el sionismo en una publicación de X que la senadora Graciela Bianchi calificó de “gravísimas”.
Que siempre he destacado, -precisó el legtislador,- que la cleptocorporatocracia es fundamentalmente judeo-sionista. La agenda 2030 es judeo-sionista. Y para el 2030 la ‘granja humana’ estará bajo control total de los amos judeo-sionista que son esclavistas y supremacistas”, escribió el diputado tildado de "nazi".
Que por cleptocorporatocracia debe entenderse el poder de las corporaciones ladronas, en las cuales los mecanismos del gobierno se dedican casi enteramente a gravar los recursos y a la población del país por medio de impuestos, desvíos de fondos, lavado de dinero a cuentas bancarias secretas, por lo general paraísos fiscales, como encubrimiento del peculado o robo.
Que invitada al programa radial Punto de Encuentro de Radio Universal, la dirigente del Movimiento de Participación Popular, Lucía Topolansky, fue consultada sobre la intensidad de las críticas que las agrupaciones vienen dirigiendo, incluso hacia sectores de izquierda y hacia el propio Frente Amplio.
Que Topolansky fue clara en su postura respecto al rol de la murga: “Si la murga no pega, no es murga. La murga tiene que pegar y siempre le pega al oficialismo”, subrayó, y agregó que la fuerza de esa crítica depende, en sus palabras, “del cachón que vos le des”.
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| Un año más importa |
Por Julio María Sanguinetti. El “febrero amargo” no fue un accidente: fue la culminación de decisiones, apoyos y omisiones que aún merecen ser examinadas con rigor. Porque el verdadero golpe de estado se produjo el 9 de febrero de 1973, cuando los militares se alzaron contra el Poder Ejecutivo y desconocieron su autoridad. La disolución del parlamento, el 27 de junio, fue una consecuencia de ese movimiento insurreccional que fue apoyado por el Frente Amplio y por la central sindical ante los cantos de sirenas populistas que se divulgaron en los comunicados 4 y 7. Contra ese atropello, se levantaron varias voces y conductas de protesta, como las del senador Amílcar Vasconcellos y la del vicealmirante Juan Zorrilla.
En esta semana estamos viviendo el 53.º aniversario del “febrero amargo” de 1973, o sea, el golpe de Estado militar que gobernaría de facto hasta el 1.º de marzo de 1985.
Esta simple afirmación no merecería cuestionamiento alguno si entendemos por golpe de Estado la subordinación del poder democrático legítimo a la fuerza militar. No se cerró el Parlamento, lo que ocurriría el 27 de junio, pero esa fue la culminación de lo que ya estaba proclamado e iniciado.
Los hechos, escuetos, nos dicen que se venían dando una serie de avances abusivos de un sector del Ejército que, al vencer a los tupamaros en pocos meses, durante 1972, se sentía llamado a “salvar” al país de los demagogos políticos y del riesgo universal del comunismo. Esos episodios incluyeron en octubre de 1972 hechos tan graves como la prisión de Jorge Batlle, procesado por la Justicia militar por “ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas”.
Recordemos que desde 1963 el país sufría la presencia de una guerrilla que, en la inspiración de la revolución cubana, pretendía la caída del sistema democrático liberal, despreciativamente llamado “burgués” y “oligárquico”. Se le combatió con la policía y ella tuvo éxito, tanto que en agosto de 1971 estaban presos en Punta Carretas todos los dirigentes del movimiento tupamaro. Allí ocurre el episodio increíble de la fuga, que el 7 de septiembre de ese año, a dos meses de la elección, pone al país en vilo. Ante lo que parecía ser la impotencia del Estado, el presidente Pacheco Areco se ve obligado a encargar a las Fuerzas Armadas la represión. Viene la elección, gana la tendencia presidencial y llega al gobierno el presidente Bordaberry. Recomienzan las actividades sediciosas con varios asesinatos y las Fuerzas Armadas las derrotan en pocos meses. En septiembre de 1972 cae preso el líder, Raúl Sendic. El movimiento estaba liquidado, pero era usado de estandarte para justificar una presencia militar en el ámbito de las decisiones políticas.
A partir de ese momento recrudecen esos episodios de presión militar a los que aludimos. El 1.º de febrero el senador batllista Amílcar Vasconcellos denuncia que hay un complot antidemocrático en marcha y desata una crisis porque los mandos militares pretenden enjuiciarlo. El presidente Bordaberry intenta reaccionar y nombra ministro de Defensa Nacional a un intachable militar retirado, el general Antonio Francese, que ya había sido ministro en el gobierno anterior. Era un demócrata. Los golpistas del Ejército se sentían desautorizados; sacaron entonces los tanques a la calle y se sublevaron contra el gobierno. Solo se resistió la Armada, al mando del vicealmirante Juan José Zorrilla, que sería luego nuestro compañero en las elecciones internas de 1982 y en el Senado de la República. Zorrilla bloqueó la Ciudad Vieja en apoyo al presidente. Este, cercado, pactó en Boiso Lanza con los sublevados y aceptó no solo la caída de su ministro, sino la presencia militar en un Consejo de Seguridad que actuaría junto al gobierno.
En todo este proceso, el Partido Colorado se puso del lado de la institucionalidad. No todo el Partido Nacional, desgraciadamente, que en su furiosa oposición al gobierno pretendía la renuncia del presidente. El Frente Amplio, por el contrario, creyó llegada la hora de sumarse al golpe y apoyar los Comunicados 4 y 7 de los golpistas. Se suponía que había un movimiento “peruanista” en el Ejército y que, en la inspiración del general Velasco Alvarado del Perú, formaría un gobierno “nacional y popular”. Hoy parece surrealista, pero la verdad es que muchos veían en el general Gregorio Álvarez el líder de esa orientación. Como consecuencia, clara e inequívocamente todas las fuerzas de izquierda dijeron que la dicotomía no era “poder civil o poder militar”, sino “pueblo u oligarquía”. Hasta la Universidad bajó el viejo lema artiguista de “la cuestión es entre la libertad y el despotismo”.
El editorial del 10 de febrero de El Popular, el vocero del Partido Comunista, así lo dice con claridad y concluye que dentro de ese pueblo “caben indudablemente todos los militares patriotas que estén con la causa del pueblo, para terminar con el dominio de la rosca oligárquica”. Esa conclusión partía de que, analizando los Comunicados golpistas, “casi todos estos puntos forman parte de la conciencia nacional de un cambio que, como dice el comunicado público, solo puede posibilitarse con la participación honesta de todos los sectores del pueblo uruguayo, a fin de hacer realidad lo que el comunicado llama el reencuentro de los orientales”. No fueron solo los comunistas: “Lo de antes se ha derrumbado, esta es nuestra hora”, dijo el líder demócrata cristiano Juan Pablo Terra. Solo Carlos Quijano, en Marcha, advirtió lo que significaba apartarse de la legalidad democrática, aun frágil e imperfecta, para caer en el imperio de la fuerza.
Lo que pasó después es notorio. Las Fuerzas Armadas se adueñaron del poder, desalojaron al mismo presidente Bordaberry y desataron una represión en que, paradójicamente, el Partido Comunista fue la principal víctima. Eso ha facilitado la tergiversación del relato histórico. Como la víctima se supone que siempre tiene razón, el comunismo y la izquierda toda que le acompañaba en su apoyo a los Comunicados golpistas aparecen exculpados de su responsabilidad de haberlos apoyado.
Hoy no estamos para pasar cuentas del pasado, pero sí para que se conozcan los hechos. Porque ellos explican algo muy notorio: la mayoría de nuestra izquierda no es demócrata. Y así como hace 53 años no tenía problema en sumarse a un golpe de Estado si se le daba lugar, por eso ha podido sostener sin ruborizarse que la dictadura venezolana no lo era y que el triste esperpento de la Cuba destruida por el comunismo todavía es un faro orientador. No son casuales esas definiciones ideológicas, sino la consecuencia de que sobrevive un pensamiento vagamente marxista y románticamente revolucionario que no incluye el dogma democrático.
Por cierto, no generalizamos. Sabemos que no todos opinan así, como es notorio en algunos ministros y el propio presidente de la República. Pero también es evidente que, por ejemplo, la ideología proclamada por el PIT-CNT una y otra vez abreva en esa fuente.
Estuvieron con los Comunicados 4 y 7 de los golpistas. Como han estado, y están aún, defendiendo la dictadura venezolana o el fracaso del totalitarismo cubano.
¿Pretenden hoy implantarlo en Uruguay? No, porque es inviable. Pero como piensan de ese modo, interpretan mal, muy mal, la realidad, la internacional y la nacional. Condenan a Trump por echar al dictador, pero no juzgan su dictadura. Y así todo. (Nota que se comparte con Correo de los Viernes)
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