El presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este, y a su vez presidente, también, de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, sostuvo en el seno de la gremial que las inmobiliarias legalmente establecidas manejan menos de un 20%, “tal vez solo un 18% del mercado de arrendamientos en Punta del Este y zonas cercanas”.
Estos porcentajes espantan y lesionan la imagen del principal polo turístico uruguayo; alejan al inversor, y le dan un tono de timba y ruleta a las operaciones inmobiliarias, sin perjuicio del daño irreparable a la inversión, entronizado cuando se firmó la alcahuetería de transferencia de datos de los propietarios de inmuebles entre Uruguay y Argentina.
El inmobiliario uruguayo, devenido en indeseable agente de retención; azotado y perseguido por las oficinas recaudadoras del Estado, y vapuleado por el comercio informal que se realiza a través de internet y de corredores inmobiliarios que cerraron  sus negocios para abrir una puerta informal y de tranquilidad en su vivienda y en la confitería, ha visto en lo que va de la década venirse al suelo su otrora redituable profesión.
Los impuestos impíos desnivelan cualquier operación legal de las inmobiliarias, circunstancia que ha favorecido que sus actores transiten el camino de la prescindencia prácticamente colectiva de los servicios profesionales.
Se ha prostituido a extremos la profesión inmobiliaria, alejando a todos de la legalidad continuamente mancillada.
A instancias de una conducción económica prescindente que no atina a comprender los beneficios de atender debidamente a la inversión y al turismo receptivo, se desguaza el interés empresarial, apenas despertado en su somnolencia de enero por las promesas incumplidas de los gobernantes. Traducidas en pseudo conferencias, estas han resultado verdadera charla barata y mentirosa para la tribuna, dictadas por irresponsables que, al respecto, desde los tiempos aciagos de Mujica, se turnan para complacer a los cada vez más desconfiados empresarios e inversionistas de todos los sectores, bajo la sombrilla de lujo del principal establecimiento hotelero de la península.
La actividad inmobiliaria en alquileres cayó estrepitosamente un 40% en esta temporada, tomando como puntos de referencia 2014 y 2015, años muy malos para el cada vez más comprometido sector.
Un párrafo final para dejar constancia que considerable cantidad de corredores inmobiliarios pasaron a la informalidad. “Esa es la tendencia”, confirman ADIPE y CIDEM, resaltando que la venta de propiedades no compensa la baja de los alquileres, en desleal competencia con la informalidad declarada, pero también con decenas de portales digitales que atienden el hospedaje en todas sus manifestaciones a través de Internet.
Mal que nos pese, este desbarajuste no tiene vuelta.
Ricardo Garzón