Nuevamente, como si nada se pudiera aprender del pasado, el Estado uruguayo se dispone a rescatar otro emprendimiento comercial fallido a través de una dudosa operación de rescate.
Quince millones de dólares que los ex empleados de Pluna, o una parte de los mismos, recibirán del Fondes, dineros estatales: tan tuyos como míos. Los primeros pasos de la nueva empresa se realizarán mediante tres aviones arrendados, el capital prestado tendrá un plazo de gracia de dos años y será abonado en diez años de plazo con un interés del 4% mensual. La empresa calcula que obtenida la certificación de la Dirección Nacional de Aviación Civil, comenzará en octubre sus vuelos charter y en noviembre los regulares se extenderán a varios destinos de América. El plan de desarrollo es prolijo y sobre el papel, alquilando aeronaves y vendiendo servicios, el destino parece promisorio. Tanto que según sus promotores “el plan de negocios a diez años en ningún mes arroja pérdidas”, lo que habilita a sus directores a colocar sus bienes personales como garantía del nuevo emprendimiento, en muestra de confianza y compromiso en su futuro.
Creo que resulta compartible que el Estado, directo responsable de los hechos, se preocupe hoy por la suerte de sus antiguos empleados (perjudicados por la pésima forma en que ese mismo Estado permitió en su momento se administrara una empresa como Pluna, a la que inexplicablemente abandonó a su suerte), aún cuando formalmente no le correspondiera ninguna responsabilidad. Bien puede decirse, que aunque no fuera su intención, contribuyó con su inacción a exponer a sus ex funcionarios a la compleja situación en que se encuentran. Como resulta inexplicable que decidiera liquidar la sociedad, transfiriendo los aviones a un tercero, cuando ello a ojos vista resultaba claramente inviable para las leyes de concurso que el Estado había sancionado poco antes. Los resultados están a la vista y demuestran la impericia y la falta de conocimientos jurídicos con que se actuó, contribuyendo al actual atascamiento y al aumento imparable del monto de los pasivos concordatarios, lo que, insistimos, obliga al estado uruguayo, ahora sí directamente responsable por lo ocurrido, a compensar algunas responsabilidades. Las derivadas de sus propios errores.
El problema no radica en determinar si debe buscarse alguna solución para los ex empleados de Pluna. Estriba en decidir si el camino que actualmente se pretende seguir, creando otra empresa, es el adecuado. Y la respuesta es francamente negativa. Pluna, un proyecto que nos es simpático a todos los uruguayos ha sido manejado de muchas maneras pero en todas ellas el Estado ha salido arruinado. Ya en forma directa como ente estatal, ya dejando la administración en manos de terceros como recientemente ocurrió, cada uno de tales experimentos ha resultado negativo. Si entendemos que somos responsables de negligencia frente a los empleados de la ex Pluna, compensemos ese daño absorbiéndolos como funcionarios, pero, por favor, no nos carguemos con otra empresa con sus complejas incertidumbres. Y por sobre todo, no dejemos que la misma nos arrastre en un vértigo de deudas, como ya nos ha sucedido. Son demasiadas las instancias que nos depara el futuro para crearle al país desafíos difíciles, de perfil incierto, por el vano orgullo de una línea aérea nacional.

• Jueza citó a Hernán Calvo, Elberse, el presidente de Aerovip y a cinco abogados

Esta semana la jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos sumará ocho indagados en la megacausa de Pluna que lleva adelante y por la que fueron procesados los socios privados de Pluna, Matías Campiani, Sebastián Hirsh y Arturo Álvarez, así como el exministro de Economía, Fernando Lorenzo y el expresidente del BROU, Fernando Calloia. Éstos dos por el otorgamiento irregular del aval a la empresa Cosmo para que se presentara en la subasta de los aviones.
La jueza intimó a que presenten defensor para luego citarlos a audiencia indagatoria al supuesto representante de la empresa Cosmo, Hernán Calvo; al broker de la negociación Paul Elberse; al expresidente de la empresa Aerovip, economista argentino Pablo Vera Pinto. Además citó a la abogada Cecilia De Marco, quien fue presidenta de Eastern Jets Limited, una empresa que creó Pluna SA en Inglaterra para arrendar los aviones a Aerovip.
Esa abogada figura ahora como asesora de la sindicatura que gestiona el concurso de Pluna.La sindicatura explicó al programa de Oceano FM No Toquen nada en noviembre de 2013 que la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE) no tiene personal propio por lo que la contrataron.
La lista de los nuevos indagados se completa con quien fuera el ejecutivo de cuentas de Pluna, y otros tres abogados que figuraban como representantes de los accionistas.
La jueza de los Santos los indagará a pedido del fiscal Juan Gómez. En el dictamen por el que pidió el procesamiento de Campiani y sus socios, el fiscal planteó que las empresas subsidiarias como Eastern Jetz Limited realizababan “importantes transferencias de fondos, que permitían luego la facción de balances consolidados (...) creando una compleja ingenieria de empresas que les permitió girar fondos hacia ellas por Pluna SA”.
Agregó que “a través del uso de empleados, de abogados patrocinantes, o familiares de estos (los citados ahora por la jueza como indagados), incrementaron notoriamente los gastos de la propia Pluna, en beneficio de las empresas subsidiarias o coligadas” y manejadas por Campiani y sus socios.
Entre esas empresas subsidiarias aparece Aerovip, cuyo titular era Vera Pinto. La jueza señaló como “una maniobra más de los indagados en beneficio propio” que Pluna le pagaba a Aerovip por los asientos que le arrendaba en un avión que era de Pluna. “Se desconoce cual era el beneficio para Pluna”, apuntó la jueza.
Con respecto a Elberse, el  fiscal quiere averiguar si hubo conductas delictivas durante la firma del contrato por el cual Leadgate se incorporó al paquete accionario de Pluna SA en 2007.
Ficus Capital, cuyo representante era Elberse, cobró US$ 1 millón al Estado por seleccionar a la empresa Leadgate. En el auto de procesamiento la jueza expresó que “cabe destacar la observación formulada por el Tribunal de Cuentas de la República respecto a la ausencia de publicidad y posterior igualdad de oferentes y la concurrencia acorde a los principios básicos de contratación administrativa para la selección de ofertas y la adjudicación”.

Quedaron afuera
En esta nueva etapa de la indagatoria hay personas que la Justicia no ha citado, aunque aparecen mencionadas y han declarado como testigos. Una de ellas es el titular de BQB, Juan Carlos López Mena. Quedó demostrado que estuvo detrás del episodio del aval desde el primer momento y que fue él quien presentó a Calvo en el remate pero no es indagado por el momento.
Tampoco fueron citados los representantes del Estado que tuvieron participación en la negociación con Pluna y quienes estuvieron omisos en los controles, como el fiscal señaló en su dictamen.
El defensor de Campiani y sus socios, Jorge Barrera, dijo en su alegato que “el Estado uruguayo tenía pleno conocimiento de todas las sociedades y de todo el entramado jurídico que formaba parte de la actuación de mis patrocinados y jamás siquiera objetó ni formal ni informalmente el uso de esas estructuras jurídicas”.

• Jueza mantuvo prohibición de salir del país a ex directores de Pluna y pide información actualizada de activos y pasivos.
  
• De esta manera la magistrada resuelve un expediente paralelo a la pieza central sobre el concurso de Pluna, que también parece acercarse a su etapa final, a dos años de iniciada. A fines de abril, la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE), designada síndico en el caso, entregó su calificación del concurso, considerando culpable a los cinco accionistas de Leadgate, con el procesado Matías Campiani a la cabeza, asignándoles patrimonialmente la deuda y pidiendo que sean inhabilitados “para administrar fondos públicos o ajenos por un lapso de 20 y cinco años” según el caso (a Campiani se lo inhabilita por 20).

Reconociendo que se trata de un derecho humano y que los involucrados tienen calidad de inimputables penalmente en este caso, pero priorizando las garantías de la ley concursal para que el proceso no se vea interrumpido por la ausencia de actores clave del caso, la jueza concursal de 1er Turno, Teresita Rodríguez, desechó la solicitud de los directores de Pluna Ente Autónomo para que les sea levantada la prohibición de salir del país -impuesta en diciembre de 2012- “sin la previa autorización del tribunal, oficiándose a la Dirección Nacional de Migraciones”.
La medida, tomada el 26 de mayo, afecta a los directores estatales de la empresa Fernando Pasadores y Daniel Delgado, al asesor legal de Pluna Marcelo Alonzo y a los ex directores generales de los ministerios de Economía y Finanzas y Transporte y Obras Públicas Pedro Apezteguía y Pablo Ferrer, respectivamente (designados directores del ente al declararse la quiebra, en junio de 2012).
En el fallo se consigna que “si bien la norma constitucional consagra los derechos fundamentales de los individuos, entre los que se incluye la libertad de circulación, la propia norma constitucional legitima la adopción de medidas restrictivas a ésta siempre que se caractericen por su legalidad y por su proporcionalidad. En el caso concreto, la legalidad de la medida resulta indudable conforme el art. 23 de la Ley de Concurso que consigna bajo el rótulo de medidas cautelares en el inc. 2 la prohibición del deudor de cambiar de domicilio y/o salir del país sin la previa autorización del Tribunal”.
En este caso, se identifica como sujetos pasivos de la medida adoptada a aquellos que eran directores de Pluna en el momento de la apertura del concurso, con el objetivo de que se cumplan “los deberes de cooperación e información”. “El deber de solicitar autorización al Tribunal no impide a los sujetos afectados continuar ejerciendo sus actividades profesionales, y por el contrario, conviene al interés del concurso que todos los involucrados estén a disposición de la sede cuando ésta lo requiera para suministrar información o documentación sobre el concurso. Esta medida se conservará hasta la finalización del procedimiento concursal”, sostiene la jueza.
De esta manera la magistrada resuelve un expediente paralelo a la pieza central sobre el concurso de Pluna, que también parece acercarse a su etapa final, a dos años de iniciada. A fines de abril, la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE), designada síndico en el caso, entregó su calificación del concurso, considerando culpable a los cinco accionistas de Leadgate, con el procesado Matías Campiani a la cabeza, asignándoles patrimonialmente la deuda y pidiendo que sean inhabilitados “para administrar fondos públicos o ajenos por un lapso de 20 y cinco años” según el caso (a Campiani se lo inhabilita por 20). También definió como culpables a Pluna Ente Autónomo y al Estado.
El 9 de mayo el fiscal del caso, Luis Bajac, hizo suyas las conclusiones de AUPE y pasó el expediente a la magistrada, que ahora deberá laudar el asunto. En paralelo a la calificación del concurso, la sindicatura entregó la lista de acreedores y los montos reconocidos en cada caso. Está corriendo el plazo para que los acreedores o quienes se consideren tales puedan avalar u observar esa nómina.
En este contexto, la jueza solicitó el 22 de mayo a AUPE que “explicite el fundamento por el cual siguen arrendadas cinco unidades en Regency Plaza, en Miraflores 1445, cuyo monto mensual de arriendo asciende a US$ 8.048 y con gastos comunes significativos para la situación de la empresa en liquidación (aproximadamente $ 100.000)” mensuales. Esa dirección figura como sede de Pluna SA en los contratos con el Estado. También le reclama un “listado actualizado de cuántos empleados se encuentran activos, empleados cesados y cuya liquidación se está pagando, y empleados cesados con la liquidación totalmente paga”, y “un proyecto de reducción de costos en los servicios contratados y gastos de representación, atento a la dilación en el tiempo de la realización de los activos de este proceso concursal” y los gastos asociados, como el mantenimiento de los Bombardier, que un día casi fueron subastados.

• Durante la Copa del Mundo, las aerolíneas fusionadas en Latam servirán 800 vuelos, con aproximadamente 640 operaciones domésticas por día.
  

La semana próxima arranca el Mundial, y LAN y TAM —ambas integrantes del Grupo Latam Airlines han adoptado acciones especiales para este mes y el de julio. La compañía, que será el principal operador aéreo del evento deportivo, apunta a garantizar mayor eficiencia y agilidad a los pasajeros, además de involucrar y comprometer a los trabajadores de la empresa con el evento.
En total, Latam desembolsará más de u$s 21 millones en el fortalecimiento de su red. En concreto, entre el 10 de junio y 15 de julio agregará más de mil vuelos. A nivel internacional se sumarán más de 350 y Chile concentra el 69% de ellos.
Tomando en cuenta el movimiento de pasajeros que se dará al interior de Brasil durante el evento, TAM ajustará el 31% de su oferta, agregando más de 750 nuevos vuelos y realizando unas 22 mil operaciones.
“El pronóstico es mantener el actual promedio diario total de 800 vuelos, con aproximadamente 640 operaciones domésticas por día”, aseguraron desde la firma.
Según las autorizaciones entregadas, el 81% de los vuelos domésticos de TAM serán operados en aeropuertos de las 12 ciudades que serán sedes durante el evento.
Juntas y con vuelos propios, LAN y TAM unirán a Brasil con un tercio de los países clasificados para el Mundial.
“Por medio de Oneworld y acuerdos con otras aerolíneas, Latam conectará a Brasil a todas las naciones participantes del evento”, afirmaron desde el grupo aéreo.
Las medidas
TAM dispondrá de seis aeronaves extras durante todo el evento para casos de contingencia operacional. También habrá equipos de mantenimiento aeronáutico de turno para actuar en casos de reparaciones no programadas en la flota, en cualquiera de los 42 destinos con operación de la empresa en Brasil.
Asimismo, se invertirá unos u$s 453 mil para reforzar el monitoreo y protección de sistemas, incluyendo incremento de los equipos de Tecnología de la Información para soporte presencial en los aeropuertos y adopción de sistemas redundantes en todas las localidades atendidas por TAM.
Habrá una mesa de control operacional formada por un equipo multidisciplinario para actuar todos los días. El enfoque será el análisis de situaciones de contingencia y de soluciones ágiles para garantizar el flujo adecuado de las operaciones y atención a los clientes.
A fines de mayo, un equipo multidisciplinario de profesionales de la compañía realizó el programa simulado de contingencia operacional —retirada de una aeronave— en el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo. TAM Airlines es la única aerolínea de América Latina capacitada para esta función.
Según Latam, durante junio y julio de 2014, la industria prevé un flujo de pasajeros marcado por una reducción acentuada del volumen de viajes por negocios y un fuerte incremento en la demanda por viajes de turismo, altamente concentrados en algunos horarios, fechas y rutas.

Cada día más aerolíneas se están deshaciendo de su servicio de primera clase con sólo unas pocas compañías capaces de mantener las cabinas de gama alta. Mientras Etihad y Emirates están planeando nuevos niveles de lujo con mini-suites y Singapore Airlines está actualizando el frente de sus aviones, los analistas dicen que se están ejecutando en contra de la tendencia.
La suite de tres habitaciones de Etihad con una sala de estar, dormitorio, cuarto de baño y ducha completa con un mayordomo, costará cerca de 25.000 dólares para un solo trayecto de largo recorrido.
Pero American Airlines ha seguido el ejemplo de la brasileña TAM Airlines y se ha deshecho de sus asientos de primera clase en favor de las cabinas de clase Business mejoradas. Lufthansa también está eliminando la primera clase de varios aviones de largo recorrido.
“Las líneas aéreas han canibalizado su primera clase con más asientos de clase ejecutiva o Business. Al mismo tiempo, la primera clase está cada vez más cerca de que desaparezca salvo excepciones.
Qatar Airways dice que va a eliminar la mayoría de los asientos de primera clase de su flota y reservarlas para su Airbus A380 porque la demanda de viajes ultra-premium o lo que conocemos como primera clase se encoge. Esta aerolínea está trabajando en una nueva clase de negocios súper que presentará en los próximos dos años.
Yo no creo que haya un retorno a los viajes en primera clase. La parte de la ocupación que prima en estos momentos es la de los viajes de negocios.
 Air New Zealand optó por deshacerse de primera clase hace casi una década. Sería por otro lado poco realista ignorar en un entorno empresarial, que existen personas que están dispuestas a la compra de un asiento de primera clase, sobre todo en turistas y ejecutivos de alto nivel adquisitivo.