Edición Nro. 2296 - Punta del Este / Uruguay
enfoques 10 de febrero de 2023
 
 
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MÁS ALLÁ DEL RÍO DE LA PLATA - ENFOQUES COMPARTIDOS f
Enrique Guillermo Avogadro
¡Tira la renuncia, Alberto!
  • “No hay mayor desgraciado que el que cambia su forma de pensar para complacer al resto”. Donatien, Marqués de Sade

El baboso y arrastrado individuo que hoy ejerce de Presidente comenzó la presente saga cuando dejó de ser, en 2008, Jefe de Gabinete de Cristina Fernández y se transformó en el principal detractor de la emperatriz hotelera, a quien acusó durante una década de las peores cosas y de innumerables delitos. Al ser designado por un tuit de su víctima para encabezar la fórmula en 2019, creyó que la ya condenada por ladrona había hecho de la necesidad virtud y, por ser su única posibilidad de su retorno, había perdonado tantos agravios.
El sexo femenino se caracteriza por su infinita memoria, que impide que algo prescriba. Ahora, con el indudable fracaso de una gestión de la cual pretende inútilmente despegarse, esos recuerdos afloran y, desde los bastiones de La Cámpora, ella lo somete a humillaciones y desprecios que nadie, aún careciendo de principios morales, podría soportar. El último, y tal vez el más grave, estuvo a cargo de la nueva trifecta formada por Axel Kiciloff, Máximo Kirchner y Sergio Aceitoso Massa para bloquear a Alberto Fernández la intención de reelección.
Si, al menos, tuviera algún resabio de dignidad y ningún miedo a los carpetazos, el Caracol debería renunciar ya mismo y tirarle el Gobierno por la cabeza a la abogada exitosa. Al hacerlo, la pondría ante una terrible disyuntiva: asumir la Presidencia o renunciar, con todos los riesgos personales que implicaría esto último para su situación ante la Justicia penal. Si decidiera cumplir el mandato y asentar sus posaderas en el sillón de Rivadavia, quedaría nuevamente al frente de una crisis terminal que, por lo corto de la mecha, esta vez seguramente le explotaría en las manos impidiendo, como en 2015, pasarla intacta a un más que inocente sucesor.
Si se calzara la banda, y aún cuando los adelantos de las elecciones provinciales muestren hasta qué punto los señores feudales descreen de cualquier probabilidad exitosa en los comicios nacionales, se beneficiaría con el fin de la interna salvaje que hoy destruye al Frente para Todos, ya que su dedo recuperaría algunas facultades decisorias. Pero también acercaría el horizonte de violencia que, preveo, será su último recurso para intentar salir impune de sus delitos, porque, con seguridad, los actuales conflictos institucionales, pero sumando a otros importantes actores, se exacerbarían y la sociedad civil, al final, se vería obligada a salir de su tradicional abulia para resistir en la calle.
Amerita un párrafo la divulgación tan tardía de los datos provisionales del censo de 2022, en la medida en que prueba que, también en ese aspecto, Cristina Fernández robó para sostener su reinado sobre la Provincia de Buenos Aires, en la cual La Matanza resulta esencial. Para lograr inclinar tanto la cancha a favor de ese paupérrimo feudo con enorme cantidad de dinero -$ 85.000 millones en doce años-, no dudó en inflar descaradamente, en el censo de 2010, las cifras de su población en detrimento de los restantes municipios, ya que los recursos coparticipables se distribuyen en función de la cantidad de habitantes.
En medio del ruido –sólo importa a los más informados, como probó la escuálida asistencia a la protesta del miércoles ante el Palacio de Justicia- que genera el juicio político a la Corte Suprema, el kirchnerismo, con su mezcla pestífera de ideología y vana ilusión de financiamiento, sigue avanzando en la entrega de territorio nacional a China; comenzó a recorrer esa penosa deriva durante la Presidencia de la arquitecta egipcia con la concesión para la construcción de las represas - no prioritarias para el país- sobre el río Santa Cruz y, sobre todo, con la cesión de soberanía para una base militar en Bajada del Agrio, Provincia de Neuquén, con capacidad de intervenir en una eventual futura guerra espacial.
Ahora, a través del militante Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, pretende permitir que Xi Jinping erija un puerto de apoyo logístico para las depredadoras flotas pesqueras chinas y, claro, militar. Así, no sólo perderemos más territorio sino que se comprometerán nuestros derechos en la próxima renegociación del Tratado Antártico, amén de convertir a la Argentina en un objetivo bélico si se desatara un conflicto armado entre las grandes potencias, algo que no parece imposible si se observa qué está pasando en el Pacífico sur, principalmente alrededor de Taiwan.
Por lo demás, la experiencia mundial en la materia señala que la tan mentada “Ruta de la Seda” es, en realidad, una campaña de conquista armada con préstamos chinos impagables para puertos, represas, energía, puentes y autopistas, garantizados por verdaderas hipotecas sobre cada activo que, además, ya muestra defectos graves de construcción que ponen en peligro su sobrevida, tal como sucede en Ecuador, Angola o Montenegro.
Simultáneamente, el Gobierno entrega a los falsos mapuches enormes extensiones de tierra en Mendoza que -sólo por casualidad, claro- están sobre yacimientos de petróleo (20 pozos), mientras forma mesas de diálogo con estos usurpadores violentos y terroristas, pero se abstiene de convocar siquiera a los damnificados directos. Y envía a energúmenos rentados, encabezados por el asesino montonero Julio César Urien (que se suma a sus colegas Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, ya presentes) a provocar nuevos conflictos en el sur del país con invasiones a propiedades privadas.




ADVERTENCIA: Los artículos periodísticos firmados son de la exclusiva responsabilidad de sus autores. La Dirección.



 Se Dice

Que debe insistirse en que parecería que el Partido Nacional no entiende que si aspira a ser gobierno en las próximas elecciones debería "desenterrar" de un día para otro a Luis Alberto Lacalle Herrera para intentar competir entonces con el Frente Amplio en un muy incierto y adverso panorama político, en el cual no calzan ni con calzador Delgado, ni Gandini, ni Penadés, ni Raffo, ni Lema, ni Argimón.

Que para el periodista frenteamplista Esteban Valenti, "este gobierno de la coalición multicolor tiene un rumbo muy definido, con antecedentes y con resultados visibles, razón por la cual para derrotarlo hace falta un análisis a fondo y preciso".

Que renovado ejemplo de la corrupción entronizada en el sistema político uruguayo se sustenta en las declaraciones del representante electo por los empresarios del Banco de Previsión Social, José Pereyra, quien  arremetió contra la gestión de Rodolfo Saldain en el BPS en 1992, por supuestamente tener directores con tarjetas que podían conceder hasta 25 jubilaciones cada uno de forma discrecional.

Que si la reforma jubilatoria del gobierno se aprueba tal cual está redactada, los nacidos hasta antes del último día de 1972 se van a poder seguir jubilando a los 60 años, pero los que llegaron al mundo tan solo un día después –y nacieron a lo largo de 1973– ya tendrán que esperar hasta los 63 años de edad.

Que las remociones de Diego Fernández y de Jorge Berriel cayeron como un balde de agua fría en la interna policial dado que nadie esperaba una salida del primero, quien gozaba del respeto de todos los jefes de Policía y directores nacionales por su larga trayectoria en el instituto policial.

Que las entusiastas declaraciones del ministro Heber refiriéndose a los éxitos de la Policía en el combate a la delincuencia en instancia de sustituciones, relevos y designaciones, traduce el delirio del titular de la cartera que pretende cerrar una etapa de incontenibles turbulencias que, por cierto, no consolidan los presuntos logros que según el ministro ha tenido en la lucha contra el crimen organizado su cartera.

Suicidados
Con el reconocimiento explícito de la jefatura policial que el Uruguay es el país más vulnerable de la región, en donde ha fallado y sigue fallando cualquier atisbo de seguridad ciudadana, la delincuencia organizada, desenfrenada e incontenible, campea a sus anchas en todo el territorio nacional.
Si a ello agregamos que el poder político uruguayo en todas sus manifestaciones está devastado,
-con probados índices y capítulos de corrupción- las esperanzas ciudadanas se ven sostenidamente frustradas, un día sí y al otro también, cuando todavía falta un par de años para las elecciones nacionales.
Destapando la olla, el campo se le hace orégano al Frente Amplio. La calculada y efectiva estrategia de llegar a la opinión pública mediante la difusión de los escándalos en que ha incurrido en reiteración el Partido Nacional lo destruyen en la intención de voto, y no se precisa ser un lince para advertir que ha tenido éxito rotundo la campaña de aniquilamiento institucional y de imagen que tiene por delante y por detrás el empuje frenteamplista. En pocas palabras, se trata de un suicidio asistido, inducido por mentiras y verdades a medias de la oposición, y errores garrafales cometidos por dirigentes políticos y legisladores de una coalición de gobierno que se viene abajo.
Hoy, el temporal no cesa, y por delante y por detrás el Frente Amplio festeja por anticipado el triunfo electoral del 24; magnifica los errores garrafales que el sistema político afín al gobierno comete a diario; asiste al suicidio político de la coalición multicolor, y destapa todos los tarros de errores y magnos desaciertos de un gobierno que se va deshojando como una margarita.
La seguridad ciudadana desaparece a la caída del sol.
La incompetencia, negligencia e irresponsabilidad política reflejan las acciones de un parlamento opositor, sabandija, de intenciones políticas inconfesables. Los legisladores están desnudos y las legisladoras también. Gritan, se pelean, reivindican los derechos del sexo. Fueron "descubiertos y descubiertas", tarde, muy tarde.
Aligerando, "todos y todas" se divierten. Ofrezco mis disculpas al idioma castellano.
Resaltan las excursiones periódicas por el mundo de caravanas turísticas parlamentarias financiadas con recursos que se roban de los impuestos nacionales y tarifas de los servicios públicos que paga la ciudadanía. Los legisladores pasean por todos los continentes, sentados y acostados en las costosas Primeras Clases de los aviones, y alojamiento en hoteles cinco y seis estrellas con viáticos suculentos de los que jamás rinden cuentas y que también se roban.  La impericia, el despilfarro atroz de los dineros públicos y la corrupción llegan a extremos.
El ciudadano se encuentra desprotegido. Desorientado, advierte cómo, los enemigos de nuestro sistema se regodean a sus anchas. Al ungido  por el voto lo combaten desde un lejano 1º de marzo. No le dieron cuartel ni le perdonaron el apellido.
Ricardo Garzón
50 AÑOS
Por Julio María Sanguinetti. La historia no es nunca pasado muerto. La llevamos con nosotros mismos, hasta en nuestra mentalidad, nos guste o no, lo advirtamos o no. Cuando ella, por reciente, sigue proyectando su luz directa sobre los acontecimientos del presente, adquiere una acuciante actualidad. Si siempre es relevante hacerla con verdad, al estar palpitando se hace más cercana. Quizás haga más difícil la apreciación histórica, más polémica, pero esa contemporaneidad la hace imprescindible.

Estos días, se cumplen 50 años de los episodios que, en febrero de 1973, marcaron el comienzo de la dictadura militar. Si por ésta entendemos la subordinación del poder civil al castrense, parece indudable que ese fue el comienzo, especialmente por lo que vino después, al ratificarse en junio con el cierre del Parlamento. Si hubiera sido otro el derrotero político posterior a febrero, otra también podría haber sido su interpretación, pero dados los hechos como fueron, no hay duda de que allí estuvo el comienzo del fin. En todo caso, no fue algo imprevisible, porque existían antecedentes de una larga secuela de episodios que habían generado un protagonismo militar creciente en la vida pública del país.
Como se sabe, todo se precipitó el 1º de febrero, cuando el Dr. Amílcar Vasconcellos hizo una declaración por CX 16 Radio Carve y denunció la existencia de una prédica golpista, que venía creciendo, al compás de desbordes en la acción militar. Se produce entonces una respuesta del Presidente Bordaberry, afirmativa de las instituciones pero que no satisface a los mandos militares. Reclaman hablar ellos y luego de intensos cabildeos, la respuesta militar se hace pública. Es una durísima declaración acusando a Vasconcellos de llevar adelante una "concertada maniobra" política de desprestigio de las Fuerzas Armadas.
El mando militar entra en tensión, cuando se hace público que el Comandante en Jefe de la Armada, el Contralmirante Juan José Zorrilla, se ha negado a firmar la declaración. Se produce entonces la caída del Ministro Dr. Malet y el llamado del Presidente al General Francese, como hombre de emergencia, dado su generalizado respeto. Los mandos no acatan la designación y allí se produce la gran pulseada, con la Armada de un lado, defendiendo la institucionalidad, y el Ejército y la Fuerza Aérea del otro, desconociendo al nuevo Ministro. El Ejército saca los tanques a la calle. La Armada le responde con una audaz operación: clausura la Ciudad Vieja, con barricadas levantadas con automóviles y ómnibus, para ofrecerle al Presidente un espacio de fuerza a fin de negociar en mejores condiciones. Se está al borde de un enfrentamiento armado.
El Presidente hace un llamado popular, que logra una modesta convocatoria, aunque recibe el apoyo personal y expreso de las agrupaciones coloradas principales (Unión Colorada y Batllista, el pachequismo; Unidad y Reforma, el quincismo) y las nacionalistas que estaban integrando ya el gabinete, o sea los independientes de Washington Beltrán y los herreristas de Mario Heber, Echegoyen y don Alberto Gallinal.
El wilsonismo propiciaba la renuncia de Bordaberry y que Sapelli convocara a una nueva elección. Se lo propone incluso al Almirante Zorrilla, quien lo rechazó, afirmando que no se apartaría de la solución constitucional: apoyar al Presidente, y si este voluntariamente renuncia, al Vice, y si éste no asume, al Senador que le sigue, como manda la Constitución. En la misma línea, se instala el Vicepresidente Sapelli.
En medio de esa tensión, la Junta de Comandantes en Jefe emite el llamado Comunicado 4 y al día siguiente otro, el número 7, que configuran una suerte de programa de gobierno militar, con su insistencia en el desarrollo nacional, la moral pública y un fuerte tono antipolítico. Insisten siempre en la idea de que no "serán brazo armado de grupos económicos y/o políticos". Hubo un matiz en los dos comunicados, el primero hablando de algunas propuestas "hacia la izquierda", como la redistribución de la tierra, y el segundo descartando, por expreso, toda influencia marxista. El primero se atribuyó a los llamados "peruanistas" y el segundo a los generales más tradicionalistas.
Importa señalar aquí que el Frente Amplio, el mismísimo 9 de febrero en que se emitía el comunicado militar, realizó un acto en la Unión, en el que el propio General Seregni se afilia a la tesis, ya sostenida por otros voceros partidarios, de que debe renunciar el Presidente para establecer la "interacción fecunda entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas". Tanto "Ahora", vocero del Partido Demócrata Cristiano, como "El Popular", del Partido Comunista, desarrollan rotundamente la tesis de que el conflicto no es entre Constitución y dictadura sino entre "pueblo y oligarquía". Insisten en un gobierno de "civiles y militares honestos". El mismísimo Comité Central del Partido Comunista llega a decir que "no compartimos afirmaciones tales como que es mejor el peor gobierno que el mejor gobierno militar, porque ellas dejan de lado las clases sociales y la posibilidad de desenvolvimiento de una acción independiente de la clase obrera por una definición democrática avanzada". "Los comunicados 4 y 7 han abierto una esperanza", dice Juan Pablo Terra, el líder demócrata-cristiano, seducido, como la dirigencia del CNT con la posibilidad de un "gobierno peruanista", o sea en la línea de la dictadura del General Velásquez Alvarado, que lideró en Perú un régimen nacionalista y marxista. La única voz de la izquierda que alertó sobre la era militar que se avecinaba fue, solitariamente, la de Carlos Quijano en "Marcha".
El Presidente siente que no tiene apoyo suficiente y le pide a la Armada que levante el bloqueo ante la posibilidad de un derramamiento de sangre. Lugo termina pactando con los mandos militares en Boiso Lanza la instalación de un Consejo Nacional de Seguridad, como órgano asesor del gobierno en las más amplias materias y otras medidas de tono menor como el cese de algunos diplomáticos. Por ejemplo, el Dr. Augusto Legnani, acreditado en Naciones Unidas, luego de haber sido Ministro de Defensa, renunciado en fuerte discrepancia con los mandos militares que se habían negado a cumplir un mandato judicial. Las consecuencias de una sublevación tan estentórea parecen mínimas, pero el hecho es que el Presidente no pudo nombrar su Ministro de Defensa y eso marcó un punto de inflexión.
Fue un tiempo muy difícil. De enorme tensión. Todo ocurría, además, en medio de la guerrilla y una desatada desestabilización sindical, que rebasaba desde hacía tiempo sus reclamos gremiales para sumarse a la tesis revolucionaria de los tupamaros. Es más, la presencia pública de la fuerza militar era la consecuencia de esa acción directa que, paso a paso, le había alfombrado el camino a su avance.
Nuestro Partido fue claro. No puede negarse que comenzó allí una división, pero institucionalmente el Partido, como tal, tuvo una claridad institucional que le singularizó. Su Convención estuvo a la altura de las circunstancias y sus principales figuras lo mismo. Por eso, el próximo lunes, con toda justicia, el Comité Ejecutivo Nacional realizará un homenaje al ex Vicepresidente Jorge Sapelli, al Dr. Amílcar Vasconcellos y al Contralmirante Juan José Zorrilla, simbólicos representantes del institucionalismo esencial a nuestra colectividad.
50 años después, sin claudicaciones. No todos pueden decir lo mismo.

 



 

 
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