|
ENFOQUES COMPARTIDOS - MÃS ALLÃ DEL RÃO DE LA PLATA
|
f |
|
| Enrique Guillermo Avogadro |
| Ni Justicia |
- “Los hechos son testaturudos”. Vladimir Ilich Uliánov, Lenin
La Argentina, que desde hace décadas vive un “subdesarrollo sustentable”, genial definición de Vicente Massot, está asistiendo ahora a una marcada inclinación del ángulo de la pendiente por la que desliza hacia el abismo final. Si bien la casta política ha sido gran responsable de esa degradación institucional, una mayor cuota corresponde a la Justicia, cuyos miembros han tolerado que los virus de la corrupción y de la politización la enfermaran tan gravemente. Hay una vieja máxima republicana que reza: “con una Justicia eficiente, rápida e independiente, todo es posible; sin ella, nada lo será”; por haberla ignorado, así estamos.
En el terreno judicial, desde el sábado se han producido dos hechos importantes. Me refiero, claro, al indignante sobreseimiento de Cristina Fernández dictado por la mayoría del Tribunal Oral Federal N° 5 (Daniel Obligado y Adrián Grünberg) sin realizar el juicio oral y público que ordena el Código Procesal Penal y mientras aún faltaba producir prueba pedida por la propia defensa de la beneficiada; y al absurdo procesamiento del ex Presidente Mauricio Macri, por el Juez subrogante de Dolores, Martín Bava.
Los primeros invocaron un principio clave para resolver así, con el honroso voto en contra de Adriana Palliotti: la existencia de una ley más benigna; malintencionadamente, olvidaron que esa ley había sido modificada cuando los delitos imputados continuaban cometiéndose por varios años más; el fallo será apelado por el Fiscal Diego Velazco, y será la Sala I de la Cámara de Casación, que ya se ha pronunciado en el sentido de la necesidad de realizar el juicio, quien resolverá. Quedará, por supuesto, la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema, que debiera expedirse en breve plazo para evitar que todo se transforme en la anhelada impunidad.
Obligado, que ahora se amparó en ese principio legal para proteger a su patrona, es el mismo Juez que lo negó a todos los militares que, imputados de lesa humanidad, cayeron bajo su imperio, en procesos viciados por la indudable falsedad de los testimonios y por el desconocimiento de garantías tales como la de juez natural, de irretroactividad de la ley penal, etc., y a los cuales les extendió arbitrariamente la prisión preventiva sin atender a sus edades (76 años, en promedio) ni a sus condiciones de salud.
Por su parte, Bava dispuso el procesamiento de Macri sin contar con prueba alguna que lo vincule con el presunto (aún no probado) espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan. Mientras, obedeciendo el antiguo apotegma peronista (“al amigo, todo; al enemigo, ni justicia”), otro Juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, hace como que investiga la denuncia derivada de las muchas carpetas, con transcripciones de conversaciones de opositores, frutos de escuchas ilegales, que fueron encontradas en la casa de la PresidenteVice en Calafate durante un allanamiento ordenado por el fallecido Juez Claudio Bonadío.
Cambiando de tema, esta misma semana fuimos informados por la UNESCO del resultado de las pruebas realizadas a nuestros alumnos primarios: fuimos un faro luminoso en el mundo desde fines del siglo XIX, cuando la educación pública erradicó el analfabetismo; hoy, el derrumbe es total, y los chicos que llegan al secundario ni siquiera comprenden los textos que leen y, mucho menos, acceden al conocimiento de las ciencias duras.
La Provincia de Buenos Aires es el paradigma de esa catástrofe. Su gobierno entregó la política educativa a los gremios más ideologizados y salvajes, cuya máxima expresión es Roberto Baradel, gran capitán de los “trabajadores de la educación”. La “cuareterna” fue su ideal, y la pandemia la excusa para ni siquiera asistir a las escuelas, en las cuales la proliferación de maestros y suplentes (40% de ausentismo) para los mismos cargos docentes impide mejorar salarios y exigencias, y todo ello en uno de los países que, en la región, destina mayor presupuesto a la educación. Pese a ser el kirchnerismo socio político de Rafael Correa, el ex Presidente prófugo de Ecuador, no imitó su política educacional; éste hizo dictar una ley, aún vigente, que dispone que sólo puedan enseñar quienes merezcan las mejores calificaciones en los institutos de formación, todos de excelencia.
La nueva carta/misil emitida por Cristina Fernández, en la que transfirió la responsabilidad de un eventual acuerdo con el FMI -que, como condición previa, requiere de un plan económico creíble que contenga una reducción del gasto público y de la inflación- a su mandatario, el MemePresidente (que ha pedido al organismo que, antes de firmar, haga un insólito mea culpa por el crédito otorgado durante la administración de Macri) y, sobre todo, a la oposición. Intenta quitarse el sayo del ajuste y reservarse el derecho a veto para conservar su capital simbólico; lo construyó su propio marido mintiendo descaradamente cuando, para cancelar la deuda con el FMI, que cobraba un interés del 4% anual pero exigía auditar las finanzas públicas, nos endeudó con su socio Hugo Chávez al 15%, repartiendo entre ambos los “beneficios”.
Si la Justicia fuera proba, nada de todo esto podría haber sucedido, puesto que los jueces hubieran puesto límites. Hoy nos queda una esperanza: un inminente fallo de la Corte Suprema, ya demorado seis años, que restituya la composición del Consejo de la Magistratura (responsable de la elección y la remoción de los magistrados) a lo establecido en la Constitución de 1994. Esperemos que no sea, una vez más, vana. |
|
|
AGREGAR A FAVORITOS
A+ / A-
IMPRIMIR
VOLVER AL INICIO
|
|
|
ADVERTENCIA: Los artículos periodísticos firmados son de la exclusiva responsabilidad de sus autores. La Dirección.
|
|
|
|
Crónica de otros tiempos
Se les fue la moto
|
 No debe olvidarse que enloquecido, incapacitado para frenar el gasto público, -léase despilfarro a troche y moche-, el Poder Ejecutivo, en tiempos de Tabaré Vázquez, a instancias de una conducción económica que le importó un comino de la gente, aprobó una catarata de aumentos en las tarifas de los servicios públicos. Notable suba de impuestos (“consolidación fiscal” dijo Astori), que gravó aún más los limitados ingresos y recursos de la población sufriente. Añádase que por “obediencia debida” los directorios de las empresas públicas conformaron un hato de monigotes contrarios a los aumentos desbocados que fueron a parar a Rentas Generales, pero asomaron incapaces de contrariar al amo absoluto de la economía nacional, que en su momento tuvo más ganas de irse que de quedarse. Se pasaron de listos y les costó el gobierno.
(Enfoques, 12 diciembre de 2017)
Idos de rosca, cuatro años después se invierte el panorama. PITCNT y Frente Amplio, amalgamados en una sola entidad política y sindical atacan sin contemplaciones el gobierno de Lacalle Pou, que debió resignar anticipados planes de gestión debido a la pandemia que azotó al mundo entero.
Bueno es reconocer el acierto de procedimientos del gobierno uruguayo para combatir la enfermedad. En este instante el virus volvió a Europa, y azota sin piedad, también, a naciones de los cinco continentes.
En el Uruguay, controlado el ataque masivo del coronavirus, el país debe sufrir ahora los embates de una pandemia política degenerada y maliciosa, en donde todos son uno en el objetivo común de voltear el gobierno. Y no se me suelta la mano al escribir y reiterar: voltear el gobierno. Hacerle la vida insoportable al Presidente y mantener en vilo a la República. Mandamientos diabólicos, estos, del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla. A como dé lugar, alzarse con el gobierno en las próximas elecciones.
Aprovechando la coyuntura gubernativa que sucesivos gobiernos frenteamplistas y sindicales no pudieron superar, alientan ahora todo tipo de conflictos. Huelga y ocupaciones, manifestaciones y reivindicaciones por aquí y por allá, sospechas de sabotaje, legisladores alzados que cobija la bandera, todo lo cual propicia y alienta la rajadura y profundidad de la grieta que ha dividido en dos el país desde que el Frente Amplio asumió el poder en un año desafortunado de principios de siglo.
Un millón de ciudadanos gana menos de 18.000 pesos por mes, con jubilaciones y pensiones que, en su inmensa mayoría, no sobrepasan los catorce mil pesos mensuales.
A galope tendido, el elenco opositor persigue ahora lo que va quedando de una clase media, acosada en extremo, despojada de sus bienes y absolutamente postergada.
Aniquilar el sistema productivo constituye el objetivo principal que con todo desparpajo exigen públicamente, y que como corolario acompaña el saqueo continuado del bolsillo de la gente.
No supieron evitar la diaria desaparición de empresas familiares asoladas por una voracidad fiscal insaciable, que superó el límite de dejar boqueando al ciudadano. Muerto si es posible, a la luz de la ola de suicidios que se abate sobre el país, sumergida la población en un estado de depresión general y colectiva al no poder hacer frente a sus necesidades más fundamentales.
Con denuncias frecuentes en las redes sociales, la gran prensa se extravió en los tentáculos dolarizados de la publicidad oficial. Tienen oxígeno para sobrevivir multitud de empresarios que integran familias y apellidos que permanecen colgados del pincel de la desfragmentación generacional.
El gobierno y la conducción económica avanzan tapando agujeros con lo poco que resta del bienestar general, sin perjuicio de seguir endeudando el país, imposibilitado de pagar lo que le debe a la banca internacional.
La deuda externa en tiempos frenteamplistas trepó a más de 60 mil millones de dólares. Tiempos de Astori, “consolidación fiscal”, pillaje que habilitó el maquillaje numérico.
“2 por 2 son cinco”, fue resumen de la explicación doctoral para promover y justificar la extracción de recursos de los servicios públicos. En cuestión de pesos sabido es que tuvo intervención directa el titular de la cartera y su gavilla.
Como corolario y para el "mejor servicio", el sindicato de la nafta le prendió fuego al combustible. ¿Cómo lo hizo? Apagó la Refinería de La Teja.
Ricardo Garzón |
|
| Sindicalismo y ciudadanía |
(Por Julio María Sanguinetti) La inspiración política de esta oleada de medidas sindicales -con el referéndum en la mira- es demasiado evidente como para desconocerla.
En el Uruguay existe una larga y curiosa tradición sindical. Los primeros sindicatos fueron anarquistas, de "resistencia", en tiempos en que de la mano de Batlle y Ordóñez se llevaban adelante reformas sociales pioneras en América Latina.
El reformismo batllista conducía naturalmente a que los sindicatos de raíz democrática nacieran bajo su paraguas protector. Don Pepe, sin embargo, obrerista, reformista, solidarista, era todo un líder de estirpe liberal y por eso mismo postuló que no debía contaminarse el sindicalismo con la política partidaria. A diferencia de los partidos socialistas europeos, Batlle estimaba que la política era el ámbito de los partidos y el debate social el de los sindicatos, división ética de profunda raíz republicana. A esta altura de la historia no me atrevo a definir si tuvo razón o no, pero el hecho fue ese. Batlle alentó al sindicalismo, hasta protegió el ejercicio de sus huelgas, pero como hombre de Estado reivindicó siempre el papel rector de la legalidad republicana y su abstención de toda influencia política.
La historia luego marcó que desde la segunda mitad del siglo XX, el sindicalismo uruguayo haya tenido una fuerte impronta comunista. Por supuesto, hubo grandes dirigentes socialistas como nuestro viejo amigo Pepe D'Elía o frentistas independientes como el hasta hace poco presidente del PIT CNT Fernando Pereira, pero el ritmo lo marcó siempre el comunismo. En su tiempo con Pastorino y hoy con Abdala.
La conducción actualmente es por lo tanto frentista y, por si faltara poco para que quedara establecida la unidad del partido con la fuerza sindical, ahí está la candidatura de Pereira. Por supuesto es un dirigente muy respetable, inteligente y con capacidad de diálogo, pero de lo que no hay duda que es la expresión de esa conmixtión. De a ratos uno piensa que el PIT CNT es el brazo sindical del Frente Amplio y en ocasiones, a la inversa, el Frente Amplio el brazo político de un PIT CNT que marca el rumbo con su capacidad de movilización.
El panorama nacional nos muestra estos días una oleada de paros que no puede dejar de considerarse desde el ángulo político, dada la desproporción entre las causas y las consecuencias.
La refinería de Ancap no se detiene desde 1973, cuando el golpe de Estado. Ahora se paraliza porque se comienza la negociación de un nuevo convenio y se piensa buscar algún socio para las fábricas de portland ya que generan un déficit anual del orden del 60 millones de dólares. No está en juego ningún puesto de trabajo porque cualquiera sea lo que ocurra con el cemento, los trabajadores están garantizados. ¿Tiene sentido, entonces, paralizar la refinería? ¿No se asume que el ente al que dicen defender, ya está perdiendo 600 mil dólares con esta escalada? Una medida extrema, cuando no hay nada grave en juego, cuando son temas que se están discutiendo, desnudan su clara raíz política.
Si nos pasamos a la educación, los paros parciales han menudeado, desde los temas de elección de horas hasta la cuestión, esa sí grave, de que continúa el sumario abierto a los profesores que en San José realizaban actividad proselitista en contra del referéndum planteado en su tiempo por el Dr. Larrañaga. Hasta se fotografiaron con carteles adentro del establecimiento y las imágenes circulaban por las redes. El Estatuto Docente es claro: establece, de precepto, la destitución. El episodio, como decimos, es grave en sí mismo y lo es doblemente cuando la Fenapes, apoyada por el Pit Cnt, se solidariza con los infractores y reivindica violar la Constitución y la ley. Los abogados del Codicen han trabajado con seriedad, dándole todas las garantías a los sumariados, y ya vendrán sus conclusiones. A cuenta, se toma a los estudiantes de rehenes. Como ya pasó en Primaria, cuando no vacilaron en dejar los niños sin comida por reclamaciones de menor porte.
El gremio de los profesores de Secundaria está fuera de sí. Su principal representante va a la Comisión Investigadora que ha probado sus fraudes en las licencias sindicales, hace su discurso y se levanta y se va, negándose a contestar preguntas de los parlamentarios. Hasta reclaman sanciones contra la Senadora Bianchi,porque pidió informes sobre la situación laboral de una dirigente comunista que no hace mucho intentó agraviar nada menos que al Presidente de la República.
El puerto es el otro escenario. En plena crisis mundial de la logística, con buques que escasean y contenedores que faltan, uno de los sindicatos paraliza la actividad de un servicio esencial. En el momento en que empiezan a asomarse los primeros resultados de la recuperación económica, liderada por la exportación, se estrangula la arteria central. Naturalmente, el Ministerio, que no descansa en buscar soluciones, las ha ido parcialmente alcanzando pero está claro que la conflictividad sigue en el horizonte, en oposición al acuerdo que restableció para la empresa concesionaria y socia del Estado la prioridad que arbitrariamente se le había desconocido.
La pobreza insinúa una baja importante (11,2% sobre 11,6% del año pasado), que alcanza 50 mil personas. La tasa de desempleo también vuelve a bajar y registra un guarismo menor que en 2019, el último año de gobierno del Frente Amplio, con 10,5%. Se han recuperado los niveles de empleo del 2019. En ese contexto, es ostensible que la exasperación sindical mira hacia la política, a intentar el desgaste del gobierno, con la mirada puesta en el referéndum de marzo.
No se trata de cazar brujas sino de reconocer los fantasmas que circulan libremente. Sus sábanas blancas se ven por todos los rincones. (Nota que se comparte con Correo de los Viernes) |
|
|
|
|
