• Que Barack Obambi (cuánta nostalgia de Reagan, el último presidente norteamericano….!) le pida a Mujica alojar a cinco presuntos extremistas árabes hasta hoy detenidos en Guantánamo para talvez agendarlo en la Casa Blanca -que tradicionalmente, por sobriedad, evitó recibir mandatarios en año electoral en sus países…- evidencia la imagen de pésima calidad de nuestra actual clase política. Por algo estamos como estamos…

Adormecidos, anestesiados, o esperando la orden -que generalmente venía del Caribe…- para salir a la calle a protestar, como  cuando los terroristas de la ETA fueron dificultosamente extraditados (episodio que acabó el idilio entre el gobierno blanco de la época y la ultraizquierda tupamaro-seispuntista, que había obtenido radios, propaganda oficial, reconocimiento diplomático a sus centros “culturales” en la región, etc.) o como cuando alguna tiranía tropical pide que la defiendan, los “humanitarios” de siempre siguen calladitos ante la posibilidad de que cinco sospechosos de extremismo islámico sean obligados a exilarse en Uruguay, a cambio de que Mujica actúe en Washington DC, con murga y todo…
¡Qué escándalo y qué de roturas callejeras habría si hubiera sido Jorge Batlle (que no firmó la impunidad judicial de tropas norteamericanas en Uruguay, pese a su amistad con Bush) el que aceptaba este acuerdo! Estarían rasgándose las vestiduras  los tupa -desde el Ñato Huidobro a Zabalza, con todos sus matices- los comunistas, los socialistas, con la armoniosa y suave voz de Daisy Tournée y los Niños Cantores del Borro, los ultras del PVP con su resentido bastonero Luis Puig, las murgas, los actores“populares” y varias Ong, además de Frau Guianze, López Goldaracena , Telechea y  la barra letrada!
Alguno hasta ensayaría una huelga de hambre,  minutos después de terminar con algún espeto corrido…
Del otro lado del mostrador, hay una oposición mayoritariamente descafeinada, que ni siquiera piensa en la posibilidad de convocar a la gente a la calle ante el cúmulo de disparates que venimos viviendo en los últimos años y deja que le marquen la agenda, sea desde el mismo Frente Amplio, del PIT-CNT, de algunas Ongs y hasta de las frecuentemente, dinosáuricas FEUU, Udelar, etc., por acción o reacción.
En el tema seguridad, por ejemplo, debemos reconocerle a Pedro Bordaberry haber puesto  la baja de la edad de  imputabilidad arriba de la mesa, pese a los prejuicios o a las cargas filosófico-culposas de la mayoría del espectro político. Desde las lágrimas de cocodrilo maniqueas del FA, con su demagógica definición de que es una ley para “perseguir a los jóvenes”, hasta el doctoral Pablo Mieres, recordando, como puede, que “es de izquierda”, o Larrañaga, confundiendo los tantos y creyendo que condoliéndose con los menores asesinos y violadores -solo de esos  trata el proyecto- estará menos “a la derecha”.
La confusión alrededor del tema seguridad no se limita a los menores, y los clichés, impuestos culturalmente por la izquierda, continúan dominando. Si en 2009 Gallinal cometía la gaffe, en canal 5,  de insistir en rechazar la cadena perpetua porque era “herencia de la dictadura” (que nunca la impuso), ahora el propio Bordaberry se preocupa en aclarar que su atendible proyecto sobre duplicar la pena de los reincidentes “jamás podrá superar los 30 años de prisión”, pena máxima actualmente vigente. Y Mieres, grita retruco -un abogado….!!!!!!- afirmando en sus columnas habituales que “la Constitución prohíbe la cadena perpetua”.  Caramba!!! Cuando estudiaba, ¿se salteó esa bolilla? La Carta Magna solo prohíbe la pena de muerte y la tortura, o la detención sin el debido proceso!!!!! Señores, ¿tanto domina Gramsci  en sus cabecitas?
Estimados: si un múltiple asesino, violador o mutilador pasa toda su vida tras las rejas en forma efectiva, es uno menos que delinque, y hasta  trabajaría para resarcir en algo el daño a sus víctimas. Hay gente -quiéranlo o no los “intelectuales”- irrecuperable, sea por opción o por patología. Que pasen su vida tras las rejas, pues!  ¡No somos sus rehenes! ¿Tanto cuesta entenderlo, o temen ser llamados “derechistas”??????????
Salgamos un poco  del tema seguridad y centrémonos en Ancap, por ejemplo….
Ante la acusación de fraude de una empresa licitante (qué tema, las licitaciones  en Uruguay!!) en Alur, los directores opositores, en lugar de centrarse en que el gran error mismo es la injustificable y onerosa existencia de ALUR, entran en el mérito de si está mal o bien la compra de la tal o cual usina, en una muestra más de que no puede haber empresas públicas (y cuantas menos, mejor) dirigidas por políticos. No obstante, reaccionan corporativamente…
¿Dónde está la oposición cuando denuncian una y otra vez a Sendic por comprar dirigentes políticos? El río, sonando con tanta frecuencia, seguramente agua traiga…
Al menos es público que Alberto Cid abandonó ceremoniosa e inequívocamente la política, como para volver años después en manos de un dirigente tan poco sólido como Sendic Jr….
Luego Astori -otro invento, manijas mediante, para intentar cooptarlo como “moderado” (una pésima lectura de la realidad política posterior a 1999) de los Partidos Tradicionales- denuncia un episodio involucrando otro “pase” en Salto por dinero, y un dirigente anteriormente blanco, luego MPP, y titular de TV por cable en el litoral, aparentemente andaría exhibiendo un cheque de Sendic por 50.000 dólares. ¡Qué panzada se harían los políticos de hace 50 años con la mitad de este panorama!!
Con el “Pelado" Rubio, que, al igual que hace casi 20 años cuando debió apoyar y votar un plebiscito contra una ley de asociación de privados con Ancap que él mismo había redactado, ahora arrugando con la ley de Responsabilidad Empresarial, ¿qué fiestita no se harían Herrera, Frugoni, Flores Mora y hasta el mismo Wilson?
Con Pluna, superando los 400 millones de pérdidas y extendiendo el gobierno el seguro de paro hasta las elecciones (precisamente) ¿cuánto más habría para decir?
No obstante, con terror de perder medio voto, toda la “oposición” evita pronunciarse sobre ese subsidio laboral que ningún trabajador tiene, apresurándose a hablar maravillas sobre el proyecto Alas-U, por las dudas… Siendo bueno, malo  o regular, ¿qué sabe la inmensa mayoría de senadores y diputados de aviación? Sobre todo: ¿tienen en cuenta que tanto los 15 millones de dólares, como los cientos de miles de seguros de paro y alquileres de la mansión de Pluna en Carrasco salen de los bolsillos ciudadanos?
De Pluna, vayamos hacia la marihuana. Seguramente algún “asesor” vio electores (que, aunque se vistan de seda no los votarán; los raritos apoyan más  bien a Constanza…).
¿No hay un solo político que se alce a voz en cuello y con alarma ante la inmoral e improcedente decisión gubernamental de plantar la droga en predios militares y custodiada por soldados? ¿Qué escarnio mayor puede haber para las FFAA y para las instituciones????
¿En que país o región donde la marihuana sea legal, sus Fuerzas de Defensa y Seguridad la plantan o custodian oficialmente a sus traficantes? ¿Es que nuestros “avezados” políticos no vislumbran esto como una maniobra para desprestigiar eternamente a los uniformados, quienes no consiguen percibir que no volverán nunca más del ridículo?
Hablando de absurdos, nuestros opositores también se dejan ridiculizar. Si Lacalle Pou habló de erradicar cantegriles en 15 años -un lapso muy razonable haciendo las cosas bien- y el oficialismo salió a ningunear, ¿no es momento de recordar que Mujica se hartó de prometer que los iba a liquidar “con los milicos poniendo ladrillos” en 15 ……días??? ¿Por qué tienen miedo de dejar pegado al charlabarata?
De denunciar a la Cosse por abuso de funciones en el Antel Arena y otros excesos, ni hablamos, ¿no? Aunque pretenda la IMM, que hacen lo posible por volver a perder….!!!!
Pésimo camino: gobierno, medios radiotelevisivos y oposición de cuarta para un país de quinta, pujando por ser de octava! ¿Qué nos impide verlo?

A esta altura del año se repite el mismo predecible montaje. Los protagonistas de siempre se disputan una mayor porción de la torta que pretenden repartirse. Participan de la discusión los sectores sindicales docentes por un lado y los administradores del gobierno de turno del otro lado del mostrador.
Cuando las conversaciones se inician se plantea, con bastante cinismo, el ambicioso proyecto de mejorar integralmente el sistema educativo, siempre bajo el simpático paraguas discursivo de jerarquizar a la, mal llamada, educación pública, esa que pone orgullosos a los más nostálgicos, como si el haber transitado por ella se constituyera en una epopeya casi heroica.
Ese sistema de educación estatal tan elogiado y que tantas añoranzas les trae a los más sensibles ha colapsado hace décadas exhibiendo sus debilidades conceptuales las que explican su contundente fracaso.
Pese a la insistencia del gremialismo más ortodoxo y combativo por demostrar que su lucha para lograr una mayor dignidad no se ajusta estrictamente a lo remunerativo, toda la discusión finalmente se circunscribe a aspectos dinerarios, de bolsillo, solo cuánticos.
Los dirigentes sectoriales intentan mostrar con mucho esmero que les preocupa la situación actual de la infraestructura escolar, el estado edilicio de las unidades educativas, la escasez de elementos indispensables que precisa un docente para ejercer su tarea con eficiencia y otros aspectos más generales como la trillada calidad educativa, la necesaria capacitación y formación de los recursos humanos y su anhelada profesionalización.
Pese a la retórica discursiva, y a lo cautivante de ese enfoque más integrador, todo el debate y fundamentalmente la puja, se agota invariablemente en un número, el del porcentaje de incremento salarial que han obtenido luego de la pulseada de fuerzas que ya es habitual.
Pareciera que una vez que se ha conseguido ese acuerdo económico, las supuestas preocupaciones, esa que fueron enunciadas con tanta vehemencia y pasión, pueden aguardar el próximo turno. De hecho esperan hasta el año entrante, para la misma época, volviendo al ruedo con idéntica metodología y con un desenlace igualmente predecible.
Es como si esos ingredientes fueran necesarios para presentar de un modo menos materialista el reclamo real, como que los operadores sindicales entendieran que la presencia de esos condimentos adicionales, hicieran de la negociación un hecho social menos indigno.
Algunos dicen que la incorporación de esos elementos a la búsqueda de consensos es genuina, pero es demasiado evidente que el acuerdo material finalmente diluye el resto de los planteos y hacen que su interés desaparezca, o al menos se minimice.
Si en el tironeo fueran aceptados todos esos otros ítems, pero no el salarial, no habría acuerdo posible ya que la condición central es lo económico y el resto solo un complemento atractivo para hacer que la presentación general sea políticamente correcta y más amigable para la opinión pública.
Es paradójico que quienes viven denostando a los monopolios argumentando su peligrosidad en los abusos, no tengan la honestidad intelectual de decir que su negociación se apoya en buena medida en la construcción de posiciones monopólicas y en algunos casos hasta de un proceso de cartelización gremial para pulsear con mayor potencia.
Afirman que un monopolio empresario es intrínsecamente malo, que el codicioso propietario en su insaciable búsqueda del lucro atropellará a los más débiles. Cuando un gremio de trabajadores estatales único o aplastantemente mayoritario, y otro monopolio, en este caso el Estado como empleador y propietario del sistema educativo, se encuentran concertando las maldades parecen esfumarse, casi por arte de magia.
La relación extorsiva que se genera entre el Estado y los gremios hace que unos y otros se apropien del sistema escolar, mientras recitan que les interesa la comunidad educativa, de la que forman parte los padres y los alumnos, quienes jamás son invitados a opinar en la mesa de diálogo, y mucho menos a conducir el desgastado sistema educativo estatal.
Los problemas estructurales del sistema educativo no deben ceñirse a lo exclusivamente salarial de los educadores, ya que en su esencia están los componentes que explican su situación actual y fracaso secuencial.
La formación de los educadores, sus talentos para desarrollar la actividad diaria, su actitud para enseñar a los más jóvenes, ni siquiera su supuesta dignidad, no está directamente vinculada al monto obtenido a cambio de su trabajo. La resolución es sustancialmente más compleja, pero estos asuntos jamás se abordan seriamente y siempre son postergados porque a las partes, al Estado y al sector sindical, no le importa lo suficiente.
El intento de lavarle la cara a este nuevo capítulo de la historia de siempre, es una aventura sin posibilidad de éxito. Lugares comunes como el apoyo incondicional a la legitimidad del reclamo y la impunidad con la que se autoriza socialmente la disputa salarial, no ayudan a solucionar los verdaderos problemas de la educación. Si realmente importa, interesa y conmueve el patético estado de situación de la educación, merece un replanteo de fondo, más profundo y sensato, que no pasa por lo salarial, sino por la estructura misma del sistema, ese que nadie quiere modificar como si se tratara de un santuario, porque esta quietud, esta situación actual, favorece claramente a los actores que se han acostumbrado a manejar el sistema como si fuera de su propiedad.
Gobernantes y sindicatos, con la anuencia de muchos educadores a los que los comprenden las "generales de la ley", pero lo más grave, con la imprescindible complicidad de una sociedad que no se anima a decir lo que piensa por temor a la crítica, son los principales responsables de que nada cambie, de que todo siga igual, siendo funcionales a la mezquindad de los pocos que sienten que manejan los hilos de esta historia.
No es una contradicción aislada, sino una secuencia de cuestiones que en realidad solo desnudan que los objetivos profundos son muy elementales. En definitiva, nada nuevo bajo el sol. Solo se trata de las eternas inconsistencias del paro docente.

Cada vez más y en definitiva como era de esperarse en campaña electoral, se empiezan a caer las cuidadosamente confeccionadas máscaras de la izquierda vernácula.
Ayer se votó la famosa ley de responsabilidad penal de los empresarios en cuestiones de seguridad laboral.
Un ley curiosa, sin duda, ya que nadie que la votó favorablemente realmente parecía estar de acuerdo con su texto y, todos saben, que caerá a la brevedad por su flagrante inconstitucionalidad.
No entraré en disquisiciones jurídicas mejor dejados a los verdaderos especialistas en la materia.
Lo que sí se debe analizar con detenimiento es el contexto en que se votó la ley.
Una democracia sólo funciona si sus integrantes respetan a sus instituciones. Ayer vimos un caso de la más flagrante falta de respeto al poder legislativo, y un vergonzoso y exitoso intento de presionar a los senadores del gobierno para votar la ley como vino de la cámara baja.
¡Lo peor, fue que las ilegítimas presiones funcionaron! Ni siquiera mi colega, el senador Nin, que parecía mantener alguna cordura en este asunto, pudo resistir la presión del SUNCA en la calle, rodeando el palacio de las leyes.
¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Cuando cualquier grupo de presión quiera una ley especial o particular a sus intereses sólo debe rodear el palacio legislativo, adoptar posiciones amenazantes y usar algún tipo de uniforme para identificarse?
Esto ya lo hicieron los militares con los resultados conocidos por todos.
Nada impide entonces que el día de mañana la policía haga lo mismo en busca de alguna modificación a su ley orgánica, o que los funcionarios de la salud busquen alguna reivndicación por la vía legislativa. Total, sólo tienen que presionar a los legisladores haciendo alguna demostración de fuerza.
Personalmente creo que un legislador debe votar con el coraje de sus convicciones, no de las presiones o del miedo que tenga.
Estoy en las antípodas ideológicas con el diputado Semproni, pero me acuerdo, y siempre admiré, su voto negativo cuando algún asunto importante cuyo tenor se me escapa, y donde este buen señor resistió incólume presiones de toda índole porque consideraba que lo que se le proponía no era lo correcto. Así de sencillo, así debe ser.
Lo de esta legislatura ha sido muy malo en muchas cosas pero lo de ayer fue lamentable. Votaron una mala ley, por pusilánimes, sabiendo de antemano que era y es inconstitucional.
Lo que se vio ayer en el parlamento fue la más grosera expresión de la neo-democracia latinoamericana, producto de un gobierno neo-comunista que no lo manifiesta solamente por temor. Por temor a que viejos perros que parecen dormidos se despierten y vuelvan a pegar unos tarascones que en definitva nos afecten a todos los orientales.
El populismo que hoy permea este gobierno del Sr. Mujica Cordano no es la solución a nada. Los resultados están a la vista. Hemos vivido por desgracia casi cinco años de no-gobierno, de filosofía barata y de inacción en todos los temas que realmente importan.
La clave para el éxito de un gobierno de izquierda es saber ser popular sin llegar a ser populista. Una sutil diferencia pero que marca sin lugar a dudas la sustentabilidad de un modelo político de esas caracterísitcas en el tiempo.
Los países escandianvos son un buen ejemplo en ese sentido. Pero, también son un ejemplo en el respeto a las instituciones, al trabajo y al orden interno de sus países.
Los países escandinavos, ejemplo nítido de avanzadas políticas sociales, no son ni remotamente neo-democracias.
Son democracias con todas las letras, todos los pesos y contrapesos que el sistema conlleva, y un enorme respeto por ese mismo sistema.
Acá, por desgracia, pareciera que hubiéramos perdido todo respeto por todo, hasta por las propias instituciones que garantizan nuestra democracia y por consiguiente nuestra libertad.
Lo de ayer del SUNCA fue una demostración de fascismo puro y duro.
Hoy ya somos una neo-democracia.
Mañana quien sabe.

• “Creía que la democracia no podía valorarse en dinero. Sin un sistema judicial eficaz, se acabó la democracia. … Los cimientos de la sociedad crujen, se retuercen y se quiebran” Henning Mankell

La ciénaga moral en que la sociedad argentina se debate tuvo esta semana un hecho por demás significativo: un juez federal, cargo que aún desempeña ese exponente paradigmático de la corrupción que se llama Norberto Oyarbide, apareció como sospechoso de extorsionar a cuevas financieras utilizando a la Policía Federal y reconoció que interrumpió los procedimientos en marcha por una orden telefónica de un funcionario, desconociendo la división de poderes. Los oficiales denunciados, que habían pasado a ser ladrones, dicen haber sido amenazados por el dueño de la entidad allanada invocando ser socio del Secretario Legal y Técnico de la Presidencia y del Secretario General de la CGT, y otros “damnificados” por los medidas relataron similares “aprietes”. 
Ese ¿juez? es el mismo que se vio involucrado en el affaire de los prostíbulos homosexuales, donde fue filmado, y en un duelo a sopapos en un restaurant con el dueño de Spartacus. Tuvo a su cargo –por supuesto, sin consecuencias- causas tan resonantes como el enriquecimiento ilícito de los Kirchner y varios de sus ministros y secretarios (entre ellos, el propio Liuzzi, que lo llamó para que detuviera los allanamientos), la “mafia de los medicamentos”, “Sueños Compartidos” robados por Hebe de Bonafini y los Shocklender, las irregularidades en la ANSES, el canje de bonos intermediado por una financiera afín al poder, y terminó exhibiendo un anillo de US$ 250 mil y, al resultar obvio que carecía de dinero “blanco” para comprarlo, adujo haberlo ¿alquilado? por US$ 7.500 mensuales, que tampoco estaba en condiciones de pagar con su salario. 
El Gobierno cerró nuevamente filas en el Consejo de la Magistratura para evitar un rápido enjuiciamiento y la suspensión de Oyarbide, quien es poseedor del record absoluto en materia de pedidos de juicio político. La razón para la actual y costosa protección del Gobierno al más notorio de los jueces corruptos radica en que, cuando fue sorprendido en flagrantes delitos, empezó a hablar de más, dando a entender que, en ningún caso, caería solo. Olivos entró en pánico, pese a convivir desde hace años con todas las bandas mafiosas de espías que se tiran, recíprocamente, carpetas y cadáveres. 
Otra vez, la reforma del Código Penal volvió a la primera página, ahora por las críticas de Zaffaroni a Massa, que se opone frontalmente a ella. Sigo creyendo que, detrás de esa polémica, fogoneada por el propio Gobierno, éste hará pasar sin ruido el proyecto de unificación de los códigos Civil y Comercial, muchísimo más grave para nuestra sociedad. Zaffaroni es el mismo que, durante el Proceso, rechazó habeas corpus de detenidos y, ya en democracia, evadió confesamente impuestos y se convirtió en dueño de varios inmuebles en los que sus inquilinos ejercían el proxenetismo y la prostitución.
Parece que nos hemos acostumbrado a vivir en esta ciénaga inmunda, donde la familia presidencial roba a manos llenas, y lava su dinero a través de los Báez, los Ezkenazi, los Cristóbal López, los Ferreyra (Electroingeniería), los Spolsky, los Cirigliano y tantos otros, y enriquece a los Jaime, a los Boudou, a los Zannini, a los secretarios privados, a los transportadores de bolsos y hasta a los jardineros; donde la propia Presidente va, inexplicadamente, a visitar sus cuentas oscuras en las Seychelles o a cambiar, en Angola, billetes de € 500 por diamantes; donde se secuestran ingentes fondos en valijas de Antonini Wilson y nadie los reclama; donde se montan “embajadas paralelas” para cobrar coimas en negocios de exportación; donde los dineros escamoteados terminan matando a cincuenta y dos personas en Once; donde se queman sospechosamente archivos en Barracas y, un mes después, nadie pregunta y nadie se acuerda de los nueve heroicos bomberos fallecidos; donde se condena a morir de hambre y sed a los habitantes de provincias con mandatarios eternos y obscenamente ricos; donde los organismos de derechos humanos se transforman en pseudo empresas que estafan y trafican con dinero público.
Por si toda esa inmundicia no bastara, una patota sindical que realizaba un piquete, molió a palos a un discapacitado que pretendió atravesarlo para llevar a mujer embarazada al médico, le robó cuanto tenía y terminó tirándolo desde un puente. El hecho muestra el nivel de agresividad y de violencia que ha alcanzado la sociedad, y las crónicas periodísticas chorrean diariamente la sangre de muchos compatriotas. El Gobierno, al mejor estilo del Pajarico Chiquitico, sigue arrojando leña al fuego, financiando a las barras bravas y a organizaciones como Tupac Amaru o los Miles, de D’Elía, e incrementando la fractura y, sobre todo, negando el problema, aún cuando haya sido la causa del paro de colectivos –otro gremio K- del viernes que perjudicó, como siempre, a los más humildes, que no conseguían regresar a sus casas bajo la intensa lluvia.
Lo mismo sucede con el narcotráfico, del cual altísimos funcionarios son cómplices, por acción u omisión, y para “luchar” contra el cual se ha puesto a personas que se contradicen y que, por lo demás, ignoran cómo hacerlo, como es el caso del sacerdote al que han designado titular de la SEDRONAR. La monumental cantidad de dinero generado por este comercio convierte en cómplices o vulnerables a políticos, jueces y policías, que constituyen el entramado de impunidad en que estas actividades se desarrollan, como lo prueba la financiación de los traficantes de efedrina a la campaña presidencial de doña Cristina.  
El tema, con certeza, estará resaltado en la agenda del almuerzo que mañana compartirán la Presidente y SS Francisco en Roma. El Papa no puede permitir que su propio rancho se incendie, más cuanto está enfrentando la resistencia de la Iglesia a aceptar y digerir los enormes cambios que está intentando en su estructura y en su imagen. Como dije la semana pasada, el clero, que cuenta con el más eficiente servicio de inteligencia del mundo, sobre todo porque la información va desde abajo hacia arriba, está muy preocupado por ese enfrentamiento social, que sólo resulta comparable a aquélla que dividió a peronistas y antis en los 50’s, o a los terroristas y militares en los 70’s, y que puede transformarse, a corto plazo, en un súbito baño de sangre.
Mañana el Gobierno enfrentará una pesada disyuntiva: deberá anunciar el índice de inflación (el nuevo IPCNU). Si vuelve a mentir –como hizo don Néstor (q.e.p.d.) desde enero de 2007, y continuó su viuda-, todo el andamiaje que lentamente está construyendo para recomponer su imagen frente a los mercados voluntarios de crédito se derrumbará y se disipará la ilusión de que entren los dólares frescos que necesita como el aire para el segundo semestre. Si, por el contrario, reconoce la cifra que dio a conocer esta semana el Congreso, que elaboran las distintas consultoras privadas antes perseguidas por el exportado Patotín, tendrá un problemón con los gremios, ya que nadie estará dispuesto a aceptar los límites de incremento de salarios que doña Cristina pretende imponer, y el conflicto se profundizará.
Los maestros, que parecen dispuestos a cargar con la condena social que ya está produciendo una huelga que ya lleva ocho días, que ha dejado sin clases a casi cuatro millones de chicos y que amenazan con prolongar hasta el infinito, son nada más que la muestra más grande de lo que sucederá con el resto de los sindicatos en lo inmediato.
Los ancianos se han transformado en las primeras víctimas del salvaje ajuste que está encarando el Gobierno, aterrado por el deterioro profundo de la economía, que vive ya una estanflación. El aumento otorgado a los jubilados, 11,7% que cobrarán a partir de fin de mes, ya ha sido tragado por el incremento en los precios que se ha registrado desde diciembre, y con él deberán vivir hasta que, recién en septiembre, reciban otro. Desde otro ángulo, la deuda que el Estado ha adquirido con los pasivos, causa de los cientos de miles de juicios iniciados, ya alcanza la friolera de US$ 7.500 millones, y será una carga imposible de soportar para quien suceda a doña Cristina.
Nuestro país, la Argentina, necesita imperiosamente una profunda refundación moral, que sólo podrán encabezar gobernantes probos; si no lo hace, si no encara esa difícil transformación, dejará de ser viable como entidad jurídico-política, es decir, desaparecerá de la faz de la tierra como nación independiente, y sus pedazos engrosarán el territorio de todos nuestros vecinos. 
No soy ingenuo, y creo que en casi todos los países hay corrupción, pero nos hemos convertido, por insignificantes y decadentes, en una sociedad en la cual el mundo ve reflejado lo peor de la civilización. Por eso, nadie moverá un dedo para defender nuestra integridad cuando llegue el momento final.

Hoy los uruguayos nos despertamos, otra vez, con el anuncio del asesinato de un trabajador en manos de la delincuencia demencial que invade al país.
El taxista era un laburante de 14 horas (no era un "atorrante" más de los que descalifica Mujica), tenía 52 años, una esposa, dos hijas, o sea era una familia típica del Uruguay que todos supimos vivir, trabajadora y unida, y era también una familia típica del Uruguay frenteamplista que nunca sabe si uno de sus integrantes, cuando sale a la calle, retorna con vida.
En el Uruguay de hoy, tres problemas se encuentran al tope de las preocupaciones. Uno es el de la inseguridad, que ha rebrotado, y que es más profundo y de avance más estructural. Los otros son el de la educación y el de la salud, que en el estado en que se encuentran ahora, ni con dinero se pueden actualizar y menos solucionar.
En los últimos años, la inseguridad ha avanzado como una mancha cancerosa sin detenerse. Tiene épocas de "altas y bajas" en cuanto a su repercusión, pero jamás ha retrocedido.
El Estado termina cediendo una de sus facultades a empresas privadas, y la estrategia de la protección del derecho a la vida y la seguridad a la propia población, pues si se espera por el Estado, la seguridad "de todos", queda confinada a los sectores más peligrosos.
El Gobierno, hace cuatro años que viene anunciando que está estudiando medidas para combatir la delincuencia, la droga y la inseguridad, o sea que hace cuatro años que vienen “chamuyando” (al decir del señor Presidente) sobre el tema, pero en términos ejecutivos, no se ha visto nada, más bien hemos visto y vivido el deterioro del sistema.
Los uruguayos somos “inadaptados” en nuestro propio País, pues no nos adaptamos a vivir con temores, desconfiando del que se para al lado, nerviosos cuando vamos a pagar una cuenta o a comprar algo por temor a que asalten el local, etc.
Mientras el ministro Bonomi sigue señalando a la oposición por una supuesta conspiración contra él y sigue desmantelando la policía, nuevamente comunica que están preparando nuevas (¿nuevas?) medidas para combatir la inseguridad. Mientras tanto seguimos contando los muertos y las rapiñas.
Esto nos representa la imagen de los bomberos, sentados frente a una fábrica incendiándose, estudiando las causas que motivaron el incendio, mientras el fuego destruye la fábrica.
Lo mismo hace el Gobierno, que ha convertido el 710 de la Pza. Independencia en un "centro de meditación", y hace cuatro años que viene estudiando las causas de la inseguridad, mientras la ciudad es propiedad de los delincuentes, y los uruguayos somos asesinados sin piedad. Lo peor es que los crímenes, asaltos, abusos y maltratos son mucho más frecuentes en las clases más castigadas de la población.
Hoy se discute si se puede allanar en la noche una boca de venta de droga, si el menor debe ser más o menos castigado, si los presos deben ser tratados y protegidos con mayores medidas humanitarias, en tanto la población, castigada por múltiples impuestos y desborde de precios, los alimentan y cobijan.
Y es así que, en lugar de seguir desmantelando a la Policía y Fuerzas Armadas, se debe conformar nuevamente las Fuerzas Conjuntas, que ellos tanto combatieron en su época de terroristas, para solucionar el caos de las cárceles y la inseguridad. Se debe actuar de inmediato contra las bocas de venta de drogas, sancionando con medidas que salgan del Estado e inhabiliten ese comercio (no vivienda), medidas que se deben coordinar con los Entes, que les deben cortar de inmediato todos los servicios que ellos presten, para ser más claro, comprobada la existencia de una boca de venta, se debe cortar de inmediato la luz (UTE), el agua (OSE) , el gas, etc., castigando a los que luego de efectuado los cortes se “cuelguen” de los servicios.
Igual sistema se debe aplicar en los hogares de los padres de los menores infractores, a los cuales no hay manera de sancionar. Seguramente al sentirse afectados no serán tan condescendientes con sus hijos infractores.
Señor Presidente: ponga en funcionamiento estas sencillas pero efectivas medidas y verá cómo algo puede empezar a cambiar. No siga culpando a la prensa por difundir noticias policiales; la Ley Mordaza comienza siempre por una punta.
De algo puede estar seguro Señor Presidente. El viejo Uruguay de la clase media poderosa, del país "europeo" que se creía distinto de la América Latina profunda, ha quedado definitivamente atrás.      

La semana pasada escribimos una nota titulada “Democracia republicana o gobierno sindical”, en la que comentábamos el creciente poder que el gobierno “progresista” le fue cediendo a los sindicatos, al punto que se les consulta las medidas que deberían tomarse para contener y bajar la inflación y la presión que le metieron a sectores de parlamentarios de su propio partido, para que voten una ley claramente inconstitucional.
Dado el cariz que fue tomando la situación, el propio candidato del Frente Amplio a la Presidencia de la República, salió al cruce para tratar de mediar y resolver un problema que contribuye a dañar aún más la imagen del Frente, especialmente en los sectores que, eventualmente, van a definir las elecciones.
Fue infructuoso su esfuerzo y, no sólo no consiguió su objetivo, sino que, además, el daño a la campaña se acrecentó, porque se encendió una luz de alerta respecto al verdadero poder de los gremios, en manos de la expresión más radical de la izquierda. No ve esa luz quien no quiere.
Desde la llegada del Frente al gobierno, existió una lucha entre quienes querían los cambios hacia un socialismo marxista de manera drástica y quienes pretendían establecer algo mucho más parecido a la social democracia.
Pese a haber logrado estos últimos que se aceptaran los lineamientos económicos del Cr. Astori y su equipo, que les permitió, gracias a la coyuntura económica mundial, disponer de una gran masa de dinero para encarar una serie de planes de índole social, en términos generales se fue modificando la estructura del país hacia un sistema socialista, cada vez más parecido al de los países más “progresistas” de la región.
Cuando llegó el relevo y el MPP, en yunta con el PCU, se hicieron cargo, sucedió lo que dijo el impresentable Olesker: “este será un gobierno más de izquierda y el próximo lo será más aún”.
El problema fue que cuando eso sucede, como en todos los países de regímenes similares ha pasado, al comienzo hay mucho reparto, “transparencia” y euforia de cambio, pero luego comienzan a escasear los recursos, la deuda crece exponencialmente, ya no parece tan brillante ese cambio, la corrupción va saliendo a la luz y entonces una parte del electorado que dio sus votos se arrepiente y pone en peligro la continuidad del proyecto.  
 En ese contexto es que recurren a Tabaré como salvador, porque es quien tiene la imagen menos radical – salvo cuando va a algunos lados y termina su discurso con “hasta la victoria siempre”, que hay que endulzar a todos – el que sabe muy bien cual es el punto débil de su campaña. Esos arrepentidos a quién tiene que convencer de que lo voten de nuevo.
Se discutió mucho el texto de una ley que tiene aspectos positivos, pero que debería ser muy precisa, porque la línea que divide la injusticia de un lado o del otro es delgadísima y no puede legislarse en materia penal de un modo vago, que deje al criterio del juez la decisión y, menos aún, crear un monstruo que deja a casi toda las personas que tengan a alguien en relación de dependencia laboral, con la espada de Damocles sobre sus cabezas. Sin duda que una ley de este tipo resulta inconstitucional y todas las que se han votado en estos últimos tiempos, con características similares, han sido así declaradas por la Suprema Corte de Justicia. Ésta, podemos estar seguros, no será la excepción.
Una ley penal, debe dejar clarísimo que lo que se pretende es castigar una conducta dolosa y no algo que escapa, desde el punto de vista racional, a la voluntad de la persona, pero si lo que se busca es bajar los índices de accidentes en el trabajo, lo primero es trabajar muy duro en el principal aspecto, que es la prevención.
Acá hay dos puntos que son muy importantes y es que la prevención de accidentes no crece en los árboles. Se debe planificar, programar y luego gestionar los planes y programas de manera profesional, en forma general, así como en forma particular para cada una de las actividades. Sin eso no es posible alcanzar los resultados deseados y una ley de este tipo, se transforma sólo en una herramienta de venganza contra el odiado empleador. El otro punto se refiere a la necesaria coherencia y es que los trabajadores deberían de ser los primeros en impulsar y participar de esos planes y todos vemos a diario gente que no usa los implementos de seguridad (cascos, cinturones, guantes, lentes, etc.), pero si sucede un accidente luego la culpa es del empleador. Como leíamos en una carta de los lectores, vemos en los informativos que los gremialistas son acarreados a las concentraciones en camiones abiertos y parados, lo que está expresamente prohibido. Y ni hablemos de que se despida a un empleado por nos cumplir con las reglas de seguridad, el pobre empresario deberá enfrentar un paro y todas las consecuencias.
En síntesis, esto ha sido una demostración más de quienes mandan en el Frente, que, en su soberbia, no les ha importado un pito la desesperación de los moderados respecto al daño que le hace esto a la campaña.
Como decíamos en nuestra nota de la semana pasada: “Los sindicatos son organizaciones que tienen un cometido específico, pero que no integran la estructura de un gobierno democrático republicano, ya que no son, de ninguna manera, representantes del Cuerpo Electoral de la Nación". Como en una democracia republicana, cada quien tiene los roles que la Constitución les asigna, cuando actúan de esta manera no hace otra cosa que herir profundamente la institucionalidad del país.
Como estos sindicatos no son más que apéndices de ciertos partidos políticos que hoy están en el gobierno, todo lo que hacen tiene una finalidad política que sabemos muy bien cual es, así que voy a cerrar esta nota con los párrafos finales de la de la semana pasada, porque después de lo que ha sucedido, queda más claro que nunca.
“Lo peor es que, si vuelve a ganar el Frente, esta situación se seguirá agravando y ya veremos “Comités de Defensa de la Revolución”, “Tribunales populares” “Fuerzas de autodefensa sindical”, etc.
Quienes quieren y creen en la democracia republicana y liberal, deben meditar muy bien este asunto, si quieren que la misma sobreviva después de las próximas elecciones".

Es triste tener que dedicarse a escribir acerca de lo que se perdió.  Uno se siente como aquellos que otrora supieron tener fortuna y hoy viven relatando acerca de lo que tuvieron y perdieron. Pero lamentablemente es así en Uruguay, en lo que hace al clima de negocios.  Pero empecemos por el principio, con identificar que significa la expresión,  para que se comprenda mejor por parte de aquellos que no están consustanciados con el término. El clima de negocios en un país se puede describir como aquel conjunto de condicionantes que hacen atractivo para los inversores optar por él. Dichas condicionantes son, entre otras, la estabilidad macro económica, el adecuado manejo de las cuentas públicas y su déficit fiscal,  la relación y como ella se maneja, entre el trabajo y el capital, un sistema tributario previsible y confiable, un sistema bancario seguro y a la vez suficientemente discreto, las relaciones comerciales con otros países, de modo tal que lo producido en el país, tenga facilidades para ingresar sus productos en otros. Estabilidad institucional y en lo posible un recambio de autoridades  electas por voto popular. En definitiva, seguridades para aquel que  decida invertir, trasladando hacia el país a su familia, pueda proyectar con un grado de certeza aceptable su permanencia y su posterior retiro sin mayores impedimentos. Esto implica, seguridad pública, enseñanza de buen nivel, libertad religiosa o de cultos, manejo de los idiomas por parte del común de la población, servicios de salud actualizados, disponibilidad para la compra de alimentos en variedad y calidad y acceso sencillo a servicios básicos, llámese saneamiento, agua, energía eléctrica.
Veamos luego de esta somera  explicación,  que valores se tienen y que valores se perdieron en nuestro país. Empecemos por la estabilidad macroeconómica. Varias administraciones y muchos años de sacrificio incomprendido llevaron a que el país tuviese un nivel de inflación aceptable de un digito. Desde el inicio de este último gobierno ,la inflación siempre estuvo por encima de las expectativas y ahora en febrero tomándola anualizada, ya rondo los dos dígitos. Es un dato real y contundente. Aceptado y reconocido por todos los actores del gobierno. El déficit fiscal se encuentra a niveles peligrosos para el tamaño e país que somos. Ello no augura nada bueno, pues o se financia con emisión o con empréstito. El precio de lo que producimos, ha ido en retroceso en el último año y nada indica que la tendencia cambie.  La relación entre el trabajo y el capital. Bueno aquí es donde creo que se ha producido el mayor desborde inclinándose  la balanza peligrosamente  no ya hacia el trabajador sino hacia el corporativismo sindical, comenzando por la ley que regula los fueros sindicales, la de convenios colectivos, normas sobre ocupación de lugares de trabajo,  a la ultima referida a la responsabilidad penal del empleador,  que establece un delito de peligro que afecta a cualquier empleador, sea éste hasta un ama de casa, que podrá ser castigado hasta con 24 meses de prisión. Sistema tributario, si bien la administración Vázquez  incorporo una reforma tributaria, ella no fue más que un ajuste fiscal, innecesario en el momento que se aplico, que castigo duramente  al trabajo y genero y genera un clima de cambios continuos en la forma de liquidar los diferentes  impuestos, con continuos cambios ya sea por la vía de decreto o circulares de la DGI, que no terminan de aclarar nunca la nueva realidad. A esa realidad hay que sumarle la otra, las normas  de intercambio de información tributaria, (fundamentalmente el suscrito con Argentina) la supresión de las SAFI y el registro de propietarios de acciones al portador. El secreto bancario ha sido perforado y hoy más que secreto es un colador por donde se filtra cualquier información, salvo que se trate de responder como se otorgaron determinados avales para un sonado remate frustrado de aviones.
La competitividad del país ha caído sostenidamente, producto de una errada política de manejo macroeconómico que privilegio un dólar depreciado que favoreció las importaciones pero no a las exportaciones. Los salarios y los costos internos se elevaron considerablemente, lo cual dificulta la colocación de productos en el exterior. En materia comercial, no se han conseguido avances con otros países, y con Argentina hemos cedido todo menos territorio a cambio de nada y hoy es impensable proyectar cualquier industria pensando en dicho mercado.  Con Brasil la situación es un poco mejor pero no del todo, pues cada tanto reaparecen las trabas administrativas o para arancelarias. En definitiva, nos encontramos atados a un club de países (Mercosur), que nada aporta para hacernos atractivos a la hora de invertir. En definitiva, Latinoamérica ha dejado de ser un mercado atractivo para cualquier inversor seriamente considerado. En tema seguridad, seguimos batiendo records en materia de hurtos y rapiñas, hoy andar por las calles de Montevideo  se ha transformado en una aventura más peligrosa que las de Indiana Jones. Finalmente si está decidido a pesar de todo lo anterior a venirse con su familia,  deberá saber el inversor que sus hijos no podrán luego de su pasaje por Uruguay, competir en ningún país medianamente serio del mundo, pues la educación inicial, media y terciaria es deplorable. Y no se lleguen a enfermar pues el sistema de salud se ha transformado en un caos desde el reinado progresista, que la ha hecho retroceder en calidad muchos años. Sumado a que su hijo egrese de nuestro sistema educativo con serias carencias, le puede resultar legalmente adicto a la marihuana y técnico en cultivo de la misma!
El valor de la institucionalidad parecería ser hoy un valor reconocido unánimemente por toda la sociedad, lo cual no es poca cosa. La alternancia de los partidos en el poder se ha dado sin traumas hasta el presente.
¿Quién puede considerar seriamente entonces, a Uruguay, como un país como para venir a invertir y  radicarse?