• “Necesitamos una nación donde la corrupción no sea una forma consentida de gobernar”. Javier Díaz Canseco

El 7 de julio de 2018, publique una nota, “Cristinita, ¿otros US$ 5.000 millones?” (https://tinyurl.com/dvusrx4c) contando el sideral daño que sufriría la Argentina por el populismo, el autoritarismo y la falta de escrúpulos de la familia Kirchner, probado todo ello por el proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de YPF, que había sido sancionado por el Congreso con una enorme mayoría de votos, incluidos muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras desde la oposición. Describí cómo redundaría en beneficio de Cristina Fernández y sus hijos, que recibirían en sus ya ahítas arcas una parte sustancial de la indemnización que el país debería pagar a los accionistas no expropiados (casualmente sus testaferros, la familia Eskenazy), simplemente por no obedecer la norma del estatuto de la empresa que establecía que, al hacerse alguien con el control de la misma, debía ofertar a los restantes socios comprar también su parte.
No repetiré aquí todo cuanto dije en esa nota y en otras similares que pueden leerse en mi blog (egavogadro.blogspot.com) y sólo diré que la sentencia que nos condenó a pagar la indemnización reclamada por Burford y Templeton –de la cual los Eskenazy y, por consiguiente, los Kirchner, participarán con el 30%- ha sido dictada hace tiempo y que ahora sólo resta determinar el monto; ambas partes lo han estimado entre US$ 5.000 millones y US$ 16.900 millones, y la Juez Loretta Preska sólo debe fijar el importe entre ambos extremos.
Cuándo se le preguntó al entonces Ministro de Economía y actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires precisamente por qué habían omitido cumplir esa regla, respondió que el Gobierno no era tan imbécil como para respetar ese tipo de acuerdos; Fernando Marull ha calculado (https://tinyurl.com/5445xdae) que, si la sentencia fuera por un promedio entre los límites, las bravuconadas de Axel Kiciloff (Repsol, Club de París, holdouts, etc.) nos habrán costado la friolera de US$ 45.000 millones. Hasta los fondos de inversión que habían comprado bonos de deuda atados al crecimiento del PBI han entablado juicios en Estados Unidos y Europa porque, para evitar pagar los cupones por la realidad de nuestra economía, recurrimos al original método de alterar las estadísticas del INDEC.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado opuso en su defensa la falsedad y la ilegalidad del contrato de venta del 25% de YPF pero, cuando asumieron los Fernández² y designaron a Carlos Chino Zannini como Procurador del Tesoro, éste se hizo cargo del caso; tratándose de un prominente integrante de la asociación ilícita que saquea al país desde hace veinte años, que hayamos perdido el juicio no debe sorprendernos, ya que redunda en más enriquecimiento para la jefa de la misma. Total, con las apelaciones del caso, será la próxima administración argentina quien deberá pagar los daños. Me pregunto si no ha llegado el momento en que el H° Aguantadero sancione una ley que disponga la realización de un “juicio de residencia” a todos los funcionarios importantes que, así, se verían obligados a responder con sus propios bienes a las costosísimas consecuencias de su impericia, de su negligencia o, sobre todo, de su dolo.
Finalmente, el Aceitoso obtuvo su tan demorado acuerdo con el staff del FMI, que será elevado a consideración del Directorio para su aprobación, si es que la obtiene, en una reunión que se celebrará recién después de las PASO; la letra chica no dice aún si Sergio Massa dispondrá de algunos dólares para intervenir hasta octubre en el mercado de cambios, que tantos disgustos le produjo esta semana. Ha trascendido que el Ministro de Economía y pre-candidato presidencial pagará al organismo el lunes los ya vencidos US$ 2.700 millones utilizando yuanes del swap vigente con China; dado que todas las negociaciones con Beijing son inexplicablemente secretas, no sabremos, quién sabe por cuánto tiempo, qué gravosas concesiones habrá hecho para obtener la autorización necesaria.
Lo único seguro es que las recientes medidas económicas traerán consigo un fuerte estímulo a la depreciación del peso; la postergación en la fecha de publicación, por el Banco Central, de las expectativas del mercado (REM) para después de las PASO habla a las claras de la certeza que tiene el Gobierno acerca de la espiralización de la inflación, a la cual ningún “precio justo” o coerción policial ha podido, ni podrá, domeñar. Es que el salvaje ritmo de emisión monetaria, indispensable para atender al nuevo “plan platita” y a la bola de nieve de los intereses de la deuda pública es uno –no el único- factor de degradación de nuestra moneda y, con ella, de las condiciones de vida de la población.
Más ahora, después de tantas elecciones en provincias y en el mundo (España es un claro ejemplo), descreo de todas las encuestas, pero estoy convencido que Unión por la Patria, el pretencioso nuevo nombre que ha adoptado el kirchnerismo, conserva un importante caudal de votos, algo absolutamente irracional en este contexto de alta inflación, de inseguridad, de complicidad con el floreciente narcotráfico, de pobreza y miseria, de falta de salud y educación, de rampante corrupción y de absoluta impunidad. De todos modos, y a pesar de las quejas de sus más irreductibles fieles, es mejor que Cristina Fernández no aparezca en la campaña electoral del Aceitoso; no vaya a ser que los argentinos recuerden que, mientras ella percibe ilegalmente más de diez millones de pesos mensuales de jubilación y pensión, tantos de ellos deben hacer interminables filas a la intemperie para recibir unos mendrugos con que paliar temporalmente el hambre.