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| "Somos semillas..." |
El conflicto que tiene como campo de batalla al icónico Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (popularmente: IAVA) es bastante más sencillo de lo que parece. Poco tiene que ver la rampa de accesibilidad, el salón gremial o el sumario dispuesto por las autoridades en contra de su director. En todo caso, estos hechos son simples excusas. Sucede que las semillas germinadas por la izquierda -política y sindical- han dado sus frutos. Nada bueno se puede cosechar si lo que se siembra es rencor y odio. Para muestra un botón: "El hostigamiento va a seguir hasta que este gobierno cambie", confesó un dirigente gremial de 16 años.
En noviembre de 2019, la ciudadanía decidió cambiar el gobierno. Una de las principales promesas de campaña de la coalición triunfante era procesar una necesaria transformación educativa que, felizmente, hoy es una realidad. Hace poco más de un año, en marzo de 2022, la ciudadanía volvió a ratificar el rumbo trazado por el actual gobierno cuando dejó firmes los cambios en educación impulsados en la Ley de Urgente Consideración, pese a la decidida campaña de mentiras y desinformación montada por la izquierda.
Los gremios de la educación, que antes de que asumiera el gobierno ya tenían un cronograma de paros y ocupaciones, han respondido al espaldarazo ciudadano de forma violenta, intentando lograr por la fuerza lo que no han logrado en las urnas. Sin ir más lejos, los mismos que hoy ocupan y paran, atentaron en dos oportunidades contra el Presidente del Codicen, Robert Silva, vandalizando su casa con consignas amenazantes y rompiendo de una pedrada una camioneta oficial en la que se trasladaba luego de una actividad de debate sobre la reforma educativa. Los sucesos del IAVA son sólo una perla en un largo collar de dislates.
Recapitulemos: luego del receso de verano, el director del centro educativo en cuestión les comunicó a los estudiantes agremiados (una porción minúscula de los miles que asisten al mismo) que las autoridades requerían el "salón" destinado al gremio estudiantil por unas refacciones edilicias. Concretamente, los arquitectos de Secundaria, luego de una evaluación técnica, dispusieron que se construyera una rampa de accesibilidad en el espacio donde se asienta desde 2009 el gremio, una entrada lateral al centro de estudios.
Los estudiantes agremiados enfurecieron y denunciaron "persecución" y "censura", aunque -como es obvio- las autoridades ofrecieron al gremio trasladarse a otro salón, cosa que encontraron "inviable". En declaraciones a la prensa, los caprichosos estudiantes aseguraron que ya hay una rampa (como si ese fuera impedimento para construir otra) y denunciaron que el ascensor no funciona, sin mencionar que esto sucede desde 2014.
Cuando se los intimó para dejar el "salón", los estudiantes, con la anuencia del Director, cerraron el espacio con cadenas y candados negándose a entregarle las llaves a las autoridades. Vino luego la ocupación, secundada por una interminable seguidilla de paros (que afectaron a todos los estudiantes de liceos públicos del país) y la siempre presente manija de los sindicatos de docentes y de la cúpula frentista, liderada por Fernando Pereira.
Las autoridades gubernamentales procedieron de acuerdo a derecho. El Ministerio del Interior, amparado en una legislación que data del gobierno de Mujica e impide la ocupación de edificios públicos, se presentó pacíficamente -a diferencia de lo que ocurrió en 2015, cuando el Frente Amplio desocupó violentamente el CODICEN con la ayuda de la Guardia Republicana- a desalojar. Secundaria, por su parte, inició un sumario al director, porque División Jurídica entendió que existe una falta administrativa y hay que investigarla.
No hubo ni "represión" ni "persecución" ni un "despido", pero sobró "manija". Las declaraciones del principal vocero del gremio estudiantil, un joven de 16 años, son sintomáticas. La semilla germinó tal cual lo esperaban sus mayores: "Las autoridades nos están agrediendo, censurando, violentando y persiguiendo. Como personas, va más allá de la militancia, de estar agremiades (sic) es algo de sentido común. Esto que pasó con nuestro director es inaceptable, vamos a luchar por él. Estas autoridades que están acá metidas 'laburando', entre comillas, que lo único que hacen es perseguir... porque es fácil opinar desde una oficina ¿O no, compañeros? Acá está el movimiento popular", exclamó el joven durante una marcha en la que participaron gremios docentes y estudiantiles.
Orgullosa de sus semillas, la izquierda toda salió a refrendar el discurso sesentista del joven dirigente gremial. Las radicales ADES y Fenapes denunciaron un "accionar propio de épocas oscuras" ya que el sumario por "insubordinación" lo inventó la "dictadura". "Estas normas de la dictadura fascista que abraza la actual administración, están felizmente derogadas por normas democráticas posteriores. Su aplicación en el actual contexto expresa el notorio espíritu antidemocrático y represivo de quienes las impulsan", sostuvo la federación de profesores de secundaria. De igual manera se expresaron varios dirigentes frentistas, que señalaron que la resolución del gobierno es un "verdadero atropello", "hondamente preocupante", "inadmisible", que "provoca", que "castiga a los jóvenes" y que tiene "reminiscencias de los años oscuros".
"Somos semillas", dijo un derrotado Daniel Martinez tras enterarse de la victoria de la coalición; no advirtió que sembrarían odio para cosechar violencia. (Correo de los Viernes) |
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| SE DICE |
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Que asumió la presidencia de la Junta General del Sistema Regional para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, la SRVSOP, el Director Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA) del Uruguay, Brigadier General (Av.) Gaetano Battagliese.
Que en más de una oportunidad, el presidente de la comisión de educación del Senado, senador Sebastián Sabini (Frente Amplio), le dijo a la directora de Secundaria, Jénifer Cherro, que ella no tenía la “estatura moral” para el cargo que ostentaba, asunto que mencionó en referencia a la falta del título de posgrado que Cherro se había arrogado en su currículum.
Que a su vez la senadora Kechichian volvió una y otra vez a cuestionar los motivos por los cuales se le inició un sumario al director del liceo, con separación del cargo y retención de la mitad del salario, opinando que el referido docente no incurrió en una insubordinación.
Que el docente de marras, mal que le pese a Kechichian, incurrió en insubordinación ante sus superiores, entendiéndose por tal el acto de un subordinado que deliberadamente desobedece el orden legal, circunstancia que habilita sanción en las organizaciones jerárquicas.
Que un artículo publicado recientemente en la revista británica The Economist afirma que Uruguay está perdiendo su reputación como la historia de éxito de América Latina, y para avalar su afirmación menciona varios casos que contribuyeron a un supuesto deterioro de la imagen; entre ellos la renuncia del ex ministro de Turismo Germán Cardoso por presuntas irregularidades cometidas en esa cartera, el sonado caso del ex jefe de Seguridad Alejandro Astesiano, y la aprobación de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.
Que The Economist señala, también, que hubo un aumento de la criminalidad, y que por todas estas citas, entre otras, están en juego las posibilidades de los conservadores (léase gobierno de coalición) en las elecciones venideras.
Que aprovechando la volada, el senador Charles Carrera opinó que lamentablemente la corrupción, la inseguridad pública y la degradación institucional nos llevan al desprestigio internacional.
Que entre bueyes no hay cornadas, y así lo entendió el Departamento de Jurídica de la Fiscalía General de la Nación, al desestimar la denuncia por violencia de género realizada por la fi scal Gabriela Fossati contra el fi scal Fernando Romano.
Que resultó acreditado que fue una discusión puntual de naturaleza estrictamente laboral, un intercambio de palabras entre dos fiscales de larga data en la institución, que no se corresponde con la condición de mujer de uno de ellos, y menos en estos tiempos en que la mujer ha reivindicado su papel de igualdad con el sexo opuesto.
Que sigue sin entenderse que adolescentes de 13 años que comercializan sus cuerpos, les cobren a sus clientes por la changa, y que luego los denuncien por haber infringido lo que establece al respecto -por pago de favores sexuales- la Constitución de la República.
Que como si se tratara de un experimentado estratega político, que lo es, el general Guido Manini Ríos logró sus objetivos de modificar el proyecto de reforma de la seguridad social, -en pulseada con Lacalle Pou-, dejando al Partido Colorado en una postura incomodísima que subsanó el mismísimo presidente de la república al aprobar sobre tablas las variantes introducidas por los socios de la coalición.
Que previamente Manini había tensado la cuerda en una muy arriesgada jugada que puso en peligro la permanencia de la coalición de gobierno, al punto que desde el sector Batllistas, liderado por el expresidente Julio Sanguinetti, se consideró que Cabildo había llevado el “chantaje” hasta límites inadmisibles.
Que la intransigencia estudiantil, docente y sindical de los años 1965 en adelante, con la ciudadanía en vilo ante el vacío de poder, trajo como consecuencia directa la irrupción de los militares en la vida política del país.
Que la empresa de transporte fluvial "Colonia Express" sumará un flamante catamarán, construido en Corea del Sur, para el transporte rápido de hasta 780 pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires.
Que el proyecto original de Cabildo Abierto, a estudio de la comisión parlamentaria desde agosto de 2021, consta de un sólo artículo que dispone la prisión domiciliaria para los procesados y condenados mayores de 65 años que se encuentren privados de libertad en cárceles.
Que el proyecto sustitutivo del Partido Nacional aumenta la edad a 70 años y, al igual que el de Cabildo, exceptúa del beneficio de la prisión domiciliaria a los procesados por delitos de lesa humanidad.
Que el principal cuestionamiento del Frente Amplio es que los represores que cumplen pena en la cárcel Domingo Arena no fueron imputados por esos crímenes, sino por delitos de homicidio, tortura, secuestro, entre otros, razón por la cual ambos proyectos beneficiarían a más de 20 represores condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
Que en los primeros tres meses del año, llegaron a Uruguay 1.219.198 turistas, lo que significó un 11,6% más que en el primer trimestre de 2019 (previo a la pandemia del covid-19), cuando habían llegado al país 1.092.016 visitantes.
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