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ENFOQUES COMPARTIDOS - MÁS ALLÁ DEL RÍO DE LA PLATA
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| Enrique Guillermo Avogadro |
| Más que un manual, un compromiso público |
- “Perder las elecciones es normal en una democracia. Lo malo es perder la democracia en unas elecciones"
Esta semana, el escándalo que se desató cuando se conocieron las raras y multitudinarias visitas a la residencia presidencial de Olivos durante la fase más estricta de la “cuareterna”, provocó una repulsa generalizada por la soberbia y la desaprensión que mostraron. Fue una clara demostración de los insoportables privilegios de los que gozan los funcionarios de este gobierno pretendidamente popular mientras dejaba sin clases a los chicos, compraba con enormes sobreprecios insumos sanitarios y alimentos, instalaba vacunatorios VIP, intentaba domesticar a la Justicia para garantizar la impunidad del saqueo, aislaba a los padres de sus hijos y nietos, quebraba miles de empresas, dejaba sin trabajo a millones de personas, empujaba a la pobreza a los restos de la otrora potente clase media, varaba a miles de conciudadanos en el exterior, nos convertía en un país de emigrantes y batía records mundiales de inflación, y de contagiados y muertos por la clarísima manipulación política e ideológica de la vacunación.
Mientras tanto, los dos grandes movimientos que se enfrentarán en las urnas en noviembre emitieron sendos manuales para consumo interno. El Frente de Todos lo hizo para toda su militancia, y es un verdadero instructivo procedimental –qué decir y qué responder, en cada caso- para intentar cautivar a esos votantes que lo acompañaron en 2019 por despecho contra Mauricio Macri y le permitieron regresar al poder y que, según las encuestas, parece haberlo abandonado por el impacto de todos esos factores recién enumerados.
Juntos por el Cambio (o como se llame ahora) lo encaminó a sus propios líderes y sus precandidatos, exigiéndoles que bajaran el tono de la disputa previa a las internas que, en sus niveles actuales, espanta a propios y ajenos; está de más decir que no parece haber sido obedecido, ya que desde Gerardo Morales hasta Facundo Manes continuaron con su fuego amigo, respondido por Elisa Lilita Carrió y Héctor Toty Flores.
Más allá de las buenas intenciones que puedan atribuirse a este decálogo de mandamientos que promulgó la oposición, me parece que debiéramos preocuparnos más por la conducta individual que tendrán, ya en sus bancas, cada uno de los legisladores que elijamos en noviembre. Porque nuestra historia reciente está lleno de ejemplos de travestismo político que han protagonizado notorias figuras. El caso paradigmático es el propio Presidente Clown, que se pasó diez años despotricando contra Cristina Fernández para, sin vergüenza alguna, recular en chancletas cuando ella lo eligió para encabezar la fórmula que tantos engañados llevaron al poder.
Tenemos un ejemplo parecido en Sergio Massa quien, después de jurar que nunca se abrazaría con La Cámpora, se acostó con esa organización para alcanzar la Presidencia de la Cámara de Diputados; o el Diputado José Luis Ramón quien, luego de ser elegido por la oposición en Mendoza, siempre votó alineado con el Gobierno y recién ahora blanqueó su pase al bloque del Frente para Todos; y qué decir de Leopoldo Moreau, que llegó en la lista de la Unión Cívica Radical y, poco después, se convirtió en uno de los talibanes más fanáticos e irracionales de la PresidenteVice. Esa situación de cambio de género se da también en organismos cruciales como, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial y la Procuración, donde algunos, tardíamente, se autoperciben oficialistas, permiten atrocidades jurídicas y la conculcación de los derechos individuales.
Sin pretender transformarlo en un remedio infalible, ¿por qué no exigir a los pre-candidatos que integran las listas de toda la oposición democrática que firmen una pública declaración de principios republicanos? Algo así no podrá evitar las traiciones ideológicas o los subterráneos arreglos espurios que la siempre repleta billetera kirchnerista facilita pero, al menos, impedirá que los tránsfugas puedan caminar libremente por las calles de su ciudad sin recibir el reproche de sus electores por haber desertado del sector opositor.
La elección de noviembre es tan trascendente como aquélla que, en 2015, consagró a Mauricio Macri e impidió la continuidad del proyecto populista autoritario, el mismo que ahora se pretende eternizar. Si el Gobierno consiguiera hacerse con los senadores que necesita para alcanzar los dos tercios y los diputados que le faltan para tener quórum propio, asistiremos al funeral definitivo de la República, esa que se construyó, como en todo Occidente, sobre la división de poderes, la igualdad de los habitantes ante la ley, la independencia de la Justicia, el respeto a las minorías y los derechos humanos de todos (y no de algunos), la defensa de la propiedad privada, la libertad de prensa, la movilidad social y la importancia del mérito y del esfuerzo para lograrla, el derecho a transitar y comerciar libremente, y tantos otros principios basales que la Constitución garantiza.
Debemos tomar conciencia del inmenso peligro que corremos, y hacer el esfuerzo de convencer a nuestros amigos y parientes de la imperiosa necesidad de concurrir a votar, sin miedo al contagio, porque el kirchnerismo pondrá en marcha su eficiente maquinaria para llevar a las mesas a los más pobres, dependientes de la billetera estatal hasta para comer. Y, en la medida en que la arbitrariedad militante de los jueces electorales lo permita, fiscalizar las elecciones para evitar el fraude que, seguramente, intentará consumar este gobierno nefasto que, para agravar el panorama, ya se ha hecho con el control del Correo Argentino, encargado del transporte de los certificados y las urnas. |
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| Caminar de espaldas |
Como hemos señalado en artículos anteriores, derogar la LUC es, citando a Paul Valery, entrar a un nuevo tiempo caminando de espaldas.
En seguridad, derogar la LUC es desandar lo que avanzó Larrañaga y volver a los tiempos de Bonomi, con jolgorio narcotraficante y largas explicaciones sobre ajustes de cuentas, mientras aumentaban las rapiñas. En educación, la propuesta empieza por eliminar las Direcciones Generales y retornar a los Consejos de las diversas ramas, con el predominio gremial, abusivo y paralizante, que en el caso de Fenapes en Secundaria ha quedado en absoluta evidencia.
Hay otros aspectos, también muy relevantes, como la llamada regla fiscal. Es un mecanismo para que el gobierno cada año establezca una meta indicativa de resultado fiscal, tanto para la Administración Central como para los Entes, con un Comité de Expertos que fija los criterios para evaluarlo. Cada año, en la Rendición de Cuentas, habrá que dar cuentas de cómo se dio cumplimiento a las normas. La pregunta es: ¿qué tiene de malo? El Frente Amplio dice que puede ser inefectivo. Naturalmente, no resuelve la enfermedad, pero la pone en evidencia. Es el termómetro: no cura pero mide la fiebre y, por tanto, permite el contralor de la opinión pública. Se hace por vez primera. Derogarlo, ¿no es acaso otro retroceso?
La libertad financiera era un reclamo que oímos a lo ancho y largo del país. Especialmente, pequeños comerciantes y de trabajadores zafrales obligados a la bancarización preceptiva de sus haberes de cobro, vivían enormes dificultades prácticas. Los artículos 215° y siguientes dan la opción a los empleados y a los profesionales para cobrar en efectivo. Quien quiera seguir con cobros electrónicos o pago por cheques, no tiene problemas, pero se gana una libertad. ¿Es malo poder elegir el medio con que se cobra el sueldo?
Tenemos luego la discutida norma sobre los piquetes, que calca el Decreto 76/017 de marzo de 2017 del gobierno del Dr. Vázquez, cuando -aparentemente- estaba bien defender la libre circulación de calles y carreteras, mientras que ahora es ahogar las libertades públicas... El decreto del Frente Amplio autoriza "la adopción de las medidas pertinentes a los efectos de preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza, estableciendo la comunicación a la Justicia en forma inmediata a la actuación". La única diferencia con lo anterior es que ahora se trata de la jerarquía de una ley. El objetivo es el mismo de siempre: restablecer el justo y legítimo equilibrio, garantizando la coexistencia de dos libertades: una, la de manifestarse públicamente, y otra, la de circular en los espacios públicos. Son simples normas de convivencia en una democracia.
También hay una norma de restablecimiento de derechos, muy importante, en el art. 392° que garantiza el "ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a integrar a las instalaciones libremente". A los gritos se habla del cercenamiento del derecho de huelga, cuando lo que se rescata es el incuestionable derecho del trabajador que desee trabajar a poder hacerlo. ¿Con qué argumento se le niega? ¿Con qué razón se impide también que la dirección de la empresa pueda acceder a ella y mantener actividades imprescindibles, vitales en ocasiones para su sobrevivencia?
En materia de alquileres se añade un derecho. No se toca la actual legislación, que permanece vigente en todos sus términos, no obstante el caudal de falsedades que ha lanzado el Frente Amplio en su campaña de recolección de firmas. Han tergiversado descaradamente la realidad afirmando que se cambiaban todos los plazos, cuando nada se modifica de los derechos existentes. Lo que se hace en los artículos 426° y siguientes es crear un nuevo régimen especial de arrendamientos para que la gente que quiere alquilar pero no tiene garantía, pueda hacerlo. Como es notorio, los propietarios, difícilmente aceptan un arrendatario sin esa garantía. Ahora se les induce a aceptar esa posibilidad en la medida que tienen un régimen especial de desalojo abreviado en caso de incumplimiento o vencimiento del contrato. Resulta ser un beneficio para un arrendatario que de otro modo no accedería a una vivienda. El propietario es verdad que tiene facilidades para el desalojo por incumplimiento, pero como no tiene garante, tampoco tiene a quien eventualmente reclamarle por eventuales daños a su propiedad.
Se establece el "derecho a la portabilidad numérica", o sea que el usuario de telefonía móvil puede preservar el número, sea cual fuere la empresa que le presta el servicio. Es un hecho que cambiar de prestador es complejo y en algunas actividades profesionales, casi imposible por la pérdida de los contactos. Se trata entonces de ampliar la libertad del usuario. ¿Qué tiene de malo? Se dice que perjudica a Antel, porque es el que tiene mayor cantidad de usuarios, pero dando un buen servicio, como da, no tendrá problemas. En cambio, el ciudadano gana en libertad.
En otros artículos seguiremos comentando otros aspectos de la ley, cuya derogación hoy también sería un retroceso muy grave. Ese es el gran tema: estamos ante una ley que reconoce derechos, que responde a necesidades públicas, que refleja las ideas del gobierno que fue electo por el pueblo para cumplir un programa que se refleja en estas normas. El referéndum es un intento de poner un palo en la rueda para que descarrile un tren que marcha sobre los mismos carriles que propuso y votó la ciudadanía. No hay un real ejercicio democrático sino la búsqueda de una revancha política. Y eso es malo. Muy malo.
Julio María Sanguinetti
(Nota compartida con Correo de los Viernes) |
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