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ENFOQUES COMPARTIDOS - MÁS ALLÁ DEL RÍO DE LA PLATA
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| Enrique Guillermo Avogadro |
| ¿Están nuestras celdas preparadas? |
- "La tolerancia llegará a tal nivel que las personas pensantes
tendrán prohibido hablar para no ofender a los imbéciles"
Fedor Dostoviesky
Para intentar ocultar la repugnante exhibición de impunidad que significó la libertad de Amado Guita-reo Boudou, el ex Vicepresidente condenado por nada menos que 16 jueces por haber robado la imprenta de fabricar dinero (Ciccone) -todavía no comenzó el juicio por la defraudación a la Provincia de Formosa- a cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se ha vuelto a poner sobre el tapete la extraña discusión sobre el número de desaparecidos durante el régimen militar de 1976/1983. Como excusa, esta vez se usaron sendas participaciones de Ricardo López Murphy en televisión, en las cuales sentó su posición, que comparto plenamente.
A la ley promulgada por la entonces Gobernadora, María Eugenia Vidal, que literalmente prohíbe discutir el fantasioso número de 30.000 desaparecidos en el ámbito provincial, esta semana se sumó un proyecto presentado por el ínclito pero ignoto Senador Alfredo Luenzo, del Frente de Todos, que prevé sancionar a quien ponga en duda ese número, estableciendo penas de cárcel para los infractores.
Pero a esa dogma de cancelación que, como tal, pretende ser correcta y que no acepta impugnaciones, se contraponen hechos y cifras oficiales. Los informes de la CONADEP (1984), la Secretaría de Derechos Humanos (2006) y el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado contabilizaron menos de 9.000 desaparecidos. Las mismas certezas surgen del Parque de la Memoria, implantado en la costanera porteña, donde se colocaron 30.000 chapitas para recibir los nombres de esos teóricos argentinos faltantes; la enorme mayoría de ellas continúa en blanco pese a que, para intentar rellenarlas, se retrotrajo a 1955 el derecho a la membresía, además de incluir a quienes cayeron combatiendo o fueron asesinados por las mismas organizaciones terroristas a las que pertenecían.
Han pasado ya 38 años desde que los militares dejaron el poder, y se han pagado miles de millones de dólares en indemnizaciones a los deudos de todos ellos, tiempo suficiente y dinero más que tentador como para que los parientes de alguno de los más de 21.000 inventados casos hubieran reclamado; bastaba con arrimar el número de documento. Sin embargo, para los dueños del relato nada permite ponerlo en duda, ni siquiera los dichos del propio creador de ese número mágico (Luis Labraña, ex montonero, https://tinyurl.com/26bkxth9) que confesó que lo había hecho, ya en 1977, para suscitar la generosidad crematística de fundaciones europeas instalando la idea de un inexistente genocidio que, de todas maneras, aún no estaba tipificado como delito en la época de los hechos.
Los organismos de derechos humanos argentinos, que tanto han lucrado y robado con su discurso sesgado acompañando a Néstor Kirchner y ahora al Presidente Pinocho, se rasgaron las vestiduras ante los presuntos excesos de la represión oficial en Chile, Colombia y Bolivia, pero firmaron -con los archivados presidentes que integran el Grupo de Puebla- un claro respaldo a los regímenes asesinos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que tuvo una curiosa epidemia post-rebelión que, esta misma semana, mató a seis generales.
En realidad, el caso Boudou no debiera llamarnos la atención porque lo mismo ha sucedido con muchísimos políticos presos (no presos políticos, como pretende el kirchnerismo) por corrupción durante la extendida década en que los organizadores de esa asociación ilícita ocuparon la Casa Rosada; los poquísimos aún detenidos están cerca de recuperar la libertad por haber cursado Plastilina 1 y 2 u origami mientras estaban en prisión. Si a ese disparate de nuestra legislación penal se le suma que los fiscales que militan en Justicia Legítima compiten para acceder a los pedidos de estos delincuentes de guante blanco, no queda espacio para la sorpresa, pero deja claro qué sucedería si Cristina Fernández consiguiera desplazar a Eduardo Casal para nombrar un Procurador del palo.
En cambio, debiera perturbarnos si comparamos la situación de tamaños ladrones -con su procesada jefa a la cabeza- con la que sufren cientos de ancianos (militares, policías y civiles) presos en las mazmorras de esta democracia tan peculiar que transitamos o internados en el pseudo Hospital Penitenciario, que carece de infraestructura y de medicamentos adecuados para atender a gerontes. Ellos, cuyo promedio de edad es de 78 años y padecen todo tipo de enfermedades, son retenidos en las cárceles pese a la diseminación del virus, mientras que a miles de asesinos y violadores se los dejó en libertad arguyendo el peligro de contagio, muchos de los cuales han vuelto a delinquir.
La sociedad argentina, siempre hipócrita, eligió a aquellos ciudadanos para endilgarles, sin pruebas y en juicios totalmente amañados, el mote de caníbales y el Estado, desde 2003 y sin solución de continuidad, decidió comérselos; por el contrario, los terroristas que asaltaron cuarteles en democracia durante el gobierno de Juan Perón y asesinaron oficiales y conscriptos, no sólo gozan de una injustificable libertad sino que han sido indemnizados con sumas millonarias. Los sicarios togados, esos jueces que se disfrazan de machos corajudos frente a ancianos que comparecen ante los estrados extraviados, con la mente perdida y hasta en camilla por estar cuadripléjicos, a los cuales continúan repartiendo alegremente condenas a perpetuidad, son los mismos que cobardemente tiemblan ante Cristina Fernández y son vilipendiados y humillados por ésta cada vez que la habilitan a montar sus vacuos e ilícitos espectáculos públicos.
Pertenezco a una generación a la cual Montoneros y ERP amenazaron su vida; si no tuvimos miedo entonces a sus trágicos padres, resultaría ridículo que lo tuviéramos a sus farsantes y bastardos hijos, nazis de Puerto Madero. Por eso, y porque ninguna ley mordaza logrará callarnos ni hacernos huir de nuestro país, les pregunto: ¿tienen ya listas las celdas en que nos encerrarán por seguir pregonando la verdad? |
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Tiempos de la LUC
"Velocista digital" |
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 Calificado por Google como "velocista digital", Uruguay se destaca en América Latina por las políticas que ha implementado en términos de conectividad, inclusión, acceso y educación
Maestros y profesores han sido correctamente apartados de la conducción de la Enseñanza. Se ha impuesto en el elenco gobernante el criterio de que los institutos de formación docente, escuelas y liceos de todo el país, enseñanza escolar, media y superior, deben reformularse a la luz de las exigencias educativas de la hora. Estos deberán encarar a profundidad, sin apocamiento, y en los lugares más recónditos del territorio la transformación digital, clave para lograr la recuperación económica, y base del sistema educativo de cara a los próximos años.
A título de antecedente, el faro que viene iluminando el país desde la reforma vareliana de 1875, potenciado en los renovados pero insuficientes proyectos educativos de los años 40 y 60.
El gobierno autoritario de Lorenzo Latorre facilitó consolidar en su tiempo un poder central que tuvo como premisa que la ilustración del pueblo debía constituir la verdadera locomotora del progreso.
La dictadura facilitó encarrilar en ese entonces el país hacia el desarrollo de una estructura educativa que se expandió, pionera, desde las escuelas ciudadanas a los puntos geográficos más apartados de los centros urbanos.
Apenas un párrafo más para destacar que el sistema político, ausente, peleaba en las cuchillas. Se contabilizaron en ese despertar educativo de 1875, diecinueve revoluciones en cincuenta años de vida independiente.
Andando los tiempos, el gobierno de coalición que ejerce el presidente Lacalle Pou ha tenido en cuenta que la educación es necesaria para el ejercicio de la ciudadanía, y de vital importancia para aquellos pueblos que, como el nuestro, han adoptado el sistema Democrático, Republicano y Representativo de gobierno.
Entre sus anunciados cometidos, y por la vía del referéndum ahora, Uruguay tiene la posibilidad de ratificar, casi 150 años después, el concepto de Escuela Pública para transitar hacia el conocimiento de los adelantos contemporáneos, a su acceso, y a desprenderse de aquellas asignaturas cuya instrucción y dictado fue superado por los tiempos.
"Decíamos ayer...", que los docentes militantes que revistan en los consejos desconcentrados de la Educación habían sido responsables directos del desquicio generalizado e ininterrumpido que exhibe la Enseñanza a través de los tiempos, sobre todo a partir de los años 60, cuando la Gremial de Profesores, tristemente célebre desde su fundación, deja paso a la peor constituida Federación Nacional de Profesores, Fenapes. “¡Obreros y Estudiantes, unidos adelante!”
Un poco de historia para recordar al voleo que esa década constituyó el puntapié inicial de la labor devastadora de la Gremial de Profesores, corporación desgraciada que cobijó a socialistas, comunistas y tupamaros, quienes fomentaron durante toda la segunda mitad del Siglo XX las ocupaciones de los establecimientos docentes, las revueltas y las marchas callejeras de protesta estudiantil y resistencia sindical.
Al día de hoy, suman centenares de miles los estudiantes desertores de todos los grados, en situación consolidada de pobreza, -sobre todo escolares y liceales de hogares carenciados-, a la luz también del desempleo creciente, violencia territorial, falta de oportunidades y tentación de plata fácil obtenida del narcotráfico.
Es tal el desquicio, que una muy mal aplicada autonomía, desvirtuada en el universo estudiantil, político, docente y sindical constituye el fracaso, medido en décadas perdidas, a nivel de la Enseñanza Primaria, Secundaria, Universidad del Trabajo del Uruguay y Universidad de la República.
Resulta saludable advertir que el sistema político de la coalición haya puesto sus ojos sobre la Educación en todos sus niveles, aguardándose que la población, a través del referéndum, consolide la decisión del gobierno.
Veremos, entonces, si la anunciada resistencia sindical a los vientos de reforma logra doblar por segunda vez la mano de un primer mandatario. En primera oportunidad, la de Tabaré Vázquez, desconocido de la noche a la mañana por los docentes cuando pretendió aplicar la esencialidad a un paro en la enseñanza. Hoy, la de Lacalle Pou, defensor a ultranza de la Ley de Urgente Consideración.
Calificado por Google como "velocista digital", Uruguay se ha destacado en América Latina por las políticas que ha implementado en términos de conectividad, inclusión, acceso y educación. Por si fuese poco, en el mundo se lo considera una economía emergente que tiene el potencial para avanzar y acelerar su desarrollo económico de la mano de la digitalización.
Ricardo Garzón
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