¡Que en manos de quiénes estamos!, que se echa por la borda el siempre reconocido prestigio de la Cancillería uruguaya, en donde alternaron en todos los tiempos los mejores hombres, las mejores figuras, sin distinción de credos ni partidos.

Que hoy, nada menos que una vicepresidenta de la república se va de lenguas, en tanto otra, vicepresidenta también, asume las disculpas al gobierno de España porque aquélla, imprudente a más no poder, tipo La Chola, se le ocurrió manifestar urbi et orbi que con el PSOE ese país “tiene asegurada la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní y el terrorismo de la ETA”.

Que no conforme, luego de su tuit inicial, la vicepresidenta de la república Graciela Bianchi remató: “El PSOE actual NO es el de Felipe González; el sanchismo es el de la Guerra Civil en que predominaba el comunismo y el anarquismo; y si no hubiera implosionado se seguiría admirando el régimen soviético. Stalin fue el inspirador de ese PSOE. Con estudiar Historia se soluciona”. ¡Viva la pepa!, y no precisamente la Constitución de 1812.

Que ante la posibilidad de que el gobierno decrete la esencialidad en cualquiera de los organismos públicos, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE)  resolvió que, en ese caso, habrá “una respuesta contundente”, posiblemente la paralización de todas las actividades laborales a nivel nacional.

Que el antecedente más cercano que se recuerda remonta al gobierno de Tabaré Vázquez, (agosto de 2015), flagrantemente desobedecido por los sindicatos de la enseñanza que mantuvieron a rajatabla y sin discusión los paros y las inasistencias a las clases, pese al decreto de esencialidad que fallidamente pretendió efectivizar el ministro de Trabajo.

Que al decreto del gobierno intentando poner coto al gran relajo, inconmensurable relajo de las licencias médicas en el sector público, sobre todo en la docencia, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) reaccionó amenazando con presentar un recurso administrativo y de inconstitucionalidad, en el entendido que la firma se dio "en forma unilateral sin ninguna convocatoria a la negociación colectiva”, y que establece el descuento del 25% del salario en el caso de que las certificaciones médicas superen los 9 días continuos o fraccionados en un año.

Que aumentaron las certificaciones médicas en la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, por las que se pagaron 177 millones de dólares en 2022.

Que 53.246 funcionarios se tomaron licencias médicas el año pasado, unos 9.000 más que en 2021, analizándose la posibilidad de acompasar el régimen de certificaciones médicas con la nueva reglamentación resuelta por el Poder Ejecutivo.

Que la exasperante lentitud que exhiben los fiscales en el tratamiento de temas que les son afines, suscitó que la senadora Graciela Bianchi los haya calificado de “tortugas”, calificativo del cual se hicieron merecedores el Fiscal Ricardo Lackner, así apodado, (El Tortuga), y la Fiscal Silvia Porteiro, esta última "La Tortuga", "porque no hay géneros con las tortugas" a criterio y juicio de la legisladora.

Que para la referida senadora la Fiscalía tiene distintos ritmos de actuación según las causas que investiga, y acto seguido responsabilizó al ex fiscal de corte Jorge Díaz de las fallas del sistema, deslindando al Poder Ejecutivo de toda responsabilidad.

Que el Frente Amplio analiza citar al Ministerio del Interior al Parlamento por “red colombiana” que ofrece préstamos ilegales, con tasas absolutamente usurarias, y que utiliza la metodología de la amenaza personal al ejercer una presión insoportable cuando el beneficiario del préstamo no puede afrontar el pago.

Que uno de los folletos de promoción de los créditos con usura "alude a pagos en 24 y 30 días, con aprobación en menos de 24 horas, sin clearing y solamente con tu cédula", con montos que varían entre 5.000 pesos y hasta 40 mil.

Que sospecha Cabildo Abierto que el proyecto de prisión domiciliaria “no tiene viabilidad” en el resto de la coalición, y al respecto corre entre la oposición un documento presentado por el colectivo Memoria en Libertad que agrupa a niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado.

Que en el escrito se menciona que “estos señores que ustedes quieren enviar para sus casas son responsables de cometer hacia nosotros secuestro, abuso sexual, de obligarnos a la clandestinidad o el exilio”, destacando: “muchos de nosotros nacimos en cautiverio, después de sufrir torturas en el vientre materno”.

Que según opinó recientemente el Subsecretario de Turismo Remo Monzeglio, luego de Pluna a nadie hoy se le podría ocurrir pensar que podemos tener una línea aérea del Estado nuevamente.

Que a todos los desmanes producidos en la época y que llevaron a la desaparición de la aerolínea de bandera, debe sumarse que el sindicato de Pluna contribuyó decidida y eficazmente a borrarla del mapa con sus amenazas periódicas de conflictos, paros y huelgas en el inicio de la temporada de invierno, concretamente las vacaciones de julio.

Que la flota de pesca china, considerada la más grande del mundo, compuesta por 17.000 embarcaciones, opera al borde de la zona económica exclusiva de Argentina, y no cesa en su labor de saqueo ambiental, con el agravante de que hay registros de que en esos barcos suceden otros crímenes como esclavitud, trabajo forzado, tráfico ilegal y trata de personas.

Que si bien su foco está puesto en la captura intensiva del calamar, lo cierto es que capturan todo tipo de especies protegidas (elefantes y lobos marinos, tiburones y rayas) y no respetan ningún tipo de temporada de reproducción o veto, resaltando que en ese negocio de depredación los barcos asiáticos mueven más de 700 millones de dólares al año.

Que se siente clamor popular en la sociedad de Maldonado por el regreso a la Jefatura de Policía del comisario mayor (R) Erode Ruiz quién, con mas de 30 años de profesionalidad policial, humanismo, ética y moral, hábil conductor de un servicio ya probado y aplaudido, volverá a liderar la tranquilidad y orden del departamento.

Que el 2 de agosto reasumirá la Jefatura de Policía de Maldonado el comisario mayor (R) Erode Ruiz, cesado en octubre de 2020 porque acordó mantener un canal de diálogo e información con Gustavo Leal, quien fue director de Seguridad y Conveniencia del Ministerio del Interior en el gobierno de Tabaré Vázquez.

Que en la oportunidad del cese, la excusa, propia de la maniobra artera e indefinida que caracteriza al sistema político de todos los tiempos, (¡chocolate por la noticia!), "fue que en cualquier Ministerio, pero básica y fundamentalmente en el Ministerio del Interior, hay que trabajar de manera coordinada, respetando los mandos y las jerarquías, donde el ministro tiene que tener conocimiento de instancias que puedan llevar adelante integrantes de la secretaría de Estado". Leído lo que antecede, -Cantinflas no lo hubiese escrito  mejor-, se ha hecho justicia y vuelve Erode Ruiz con todos los honores.

Que el Ministerio de Economía y Finanzas dejó en manos del Parlamento la definición sobre el destino del Banco Hipotecario, que no cuenta con votos suficientes y cuya fusión con el Banco República está planteada en un proyecto de ley que propone una reestructura y, en buena parte, una condonación de las deudas en unidades reajustables en esa institución.

Que en tiempos próximos a las candidaturas, Gabriel Gurméndez sería un candidato de Jorge Batlle que ya ocupó la presidencia de Antel, además de ser ministro, según destacan quienes impulsan su precandidatura, posible postulante con creciente conocimiento en la ciudadanía, y cuyo principal problema pasa por el impedimento de hacer campaña en tanto ocupe un cargo público.

Que el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia en primera instancia de la jueza penal Marcela Vargas, que el 29 de junio resolvió rechazar el pedido de las defensas de los senadores del Partido Nacional, Gustavo Penadés, y del profesor de Historia, Sebastián Mauvezín, de conocer la identidad de los denunciantes en la causa que investiga al legislador por delitos sexuales contra menores de edad y al docente como intermediario.

Que el Gobierno aprobó un decreto que reglamenta desmonopolización de venta de combustibles en los aeropuertos, decisión que abarca al “transporte de pasajeros, de carga, correo, y cualquiera otra actividad comercial onerosa, entre otras los aerotaxis.

Que la normativa, que antes regía solo para aeropuertos internacionales, ahora “será aplicable a las aeronaves de cualquier bandera con fines comerciales, y cuyos vuelos tengan como destinos aeropuertos fuera del territorio nacional”.

Que el Tribunal de Cuentas de la República ratificó la observación que le hizo al Ministerio de Turismo tras la adjudicación por “servicio integral de publicidad” a la agencia Young & Rubicam SA, en el primer llamado que se hizo luego de la polémica por la contratación de la empresa Kirma Services, que derivó en la renuncia del exministro y actual diputado colorado Germán Cardoso.

Que a las ya famosas declaraciones del presidente argentino el nueve de julio pasado - cuando afirmó que en la capital uruguaya no salía agua de la canilla -, siguieron otras también alejadas de la realidad: “El agua que ofrecen es salada -dijo-, no sirve para el consumo”, pese a que los valores de sodio y cloruro están por debajo del máximo fijado por el Ministerio de Salud Pública desde hace días.

Que, no conformes, en las últimas horas se sumó otra opinión negativa respecto a Uruguay -esta vez de parte del ministro de Economía, Sergio Massa- y una decisión tributaria -el aumento del Impuesto PAÍS que grava la adquisición de divisas para ser gastadas en el exterior- circunstancia que desestimula las exportaciones uruguayas y la llegada de turismo argentino.

Por Julio María Sanguinetti. Se han escuchado voces parlamentarias proponiendo construir una nueva sede para el Poder Legislativo y conservar el clásico "Palacio" como una referencia museística.
Los argumentos parten de que el edificio está sometido a un sobreuso, que acusa muchos desgastes y que su mantenimiento se hace cada día más difícil. Nuevas instalaciones, nuevas necesidades, estarían llevando a una degradación progresiva.
Aparte de la debilidad de estas presuntas razones, imaginar que la democracia uruguaya va abandonar su mayor símbolo es una inexplicable claudicación republicana. El Palacio Legislativo, inaugurado en 1925, luego de un largo proceso en que el impulso de Batlle y Ordóñez fue fundamental, marcó el comienzo de las celebraciones del primer centenario de la República, culminadas con el Estadio epónimo. El templo republicano, el templo popular.
En este siglo ese "Palacio" ha simbolizado la peripecia de la vida democrática. Se han vivido allí las glorias y los dolores propios del gobierno del pueblo. Hace cincuenta años lo cerró un cuartelazo y no hay imagen más sombría de nuestra historia que esa, la de los mandos militares caminando por Pasos Perdidos, pistola al cinto. Hace 38 años celebramos allí el retorno a la democracia, con el mundo entero saludando el reencuentro de Uruguay con su más profunda tradición. Estaban Alfonsín y Felipe González; Seregni y Wilson junto a nosotros, los colorados.
En un país con solo dos siglos escasos de vida independiente, el que protagoniza "el Palacio" es el de la consolidación de la estructura democrática que hasta hoy nos rige y orgullosamente nos distingue. Su construcción fue el gran símbolo y la República reclama símbolos, como toda institución trascendente.
No imaginamos que Gran Bretaña pueda instalar su parlamento fuera del Palacio de Westminster. Ni caben todos los legisladores, pero a nadie se le ocurriría trasladarlo. Está allí, en ese lugar, desde 1295, con modificaciones y reconstrucciones, pero es la historia del país y del parlamentarismo universal. Ni las bombas nazis bombardeando Londres e hiriéndolo pudieron terminar con su existencia. Lo mismo podemos decir del Capitolio norteamericano, el primer parlamento republicano de la historia moderna. Ampliado, modificado varias veces desde 1800, pero marcando con su presencia, junto a la Casa Blanca, la vida institucional del país, en ese formidable espacio que imaginó el arquitecto francés L'Enfant.
Reconocer que nuestro país no puede mantener decorosamente su principal edificio, sería algo de tal modo deprimente que no imaginamos nada más triste, más empobrecedor, hasta más miserable.
Naturalmente, la historia no pasa en vano y los hábitos parlamentarios se han ido transformando. Cuando fui diputado, los legisladores no teníamos despacho. Nos congregábamos en nuestras respectivas bancadas. Atendíamos visitantes en las salas de espera. Nuestra actividad política propiamente dicha se desarrollaba en las sedes partidarias. Desde que está el nuevo edificio "de comisiones" se han instalado allí despachos de diputados y salas de sesiones. Los legisladores concentran todo su trabajo en el Palacio. Las bancadas ya no son un espacio de reunión permanente. Por supuesto, exigencias modernas han impuesto cambios en acondicionamiento térmico, amplificación, iluminación, etcétera. Pero siempre respetando la magnificencia única del edificio, la realización arquitectónica más relevante del país, con un Salón de Pasos Perdidos y las salas de reunión de las Cámaras, como los ámbitos más solemnes de nuestra República.
Es verdad que planteos personales y hasta caprichos, han llevado a instalar mamparas, fragmentaciones de espacios y otras disposiciones discrepantes con la majestad del Palacio. Estamos en la hora de empezar a cambiar esos pequeños agravios y si hace falta pensar en otro edificio para desplazar tareas administrativas o auxiliares, que así sea, pero sin alterar una esencia que hace al país mismo.
Naturalmente, el mantenimiento del Palacio es costoso. Lo fue y lo seguirá siendo. Incluso el exterior acusa serios deterioros. La porosidad del mármol travertino muestra, en las columnas de la entrada principal, rastros indelebles de polución. En cualquier caso, el mantenimiento será siempre absolutamente necesario. Imaginar que un traslado de la actividad legislativa atenúa esa obligación no tiene el menor asidero, porque habría dos locales para atender. La experiencia indica, además, que cuando un edificio deja de cumplir su función original, se degrada más fácilmente. O deja de servir a la sociedad como el inutilizado atrio del Banco de la República, un maravilloso salón solo comparable a Pasos Perdidos. En cualquier caso, no se nos pasa por la cabeza razonar en esa minúscula dimensión económica, porque el país no puede rebajar su institucionalidad hasta ese punto. Sería algo así como que renunciamos a nuestra bandera, porque se deteriora mucho en la intemperie...
Nadie imagina la democracia uruguaya despegada de "el Palacio", dicho así, a secas, porque en nuestro país "el Palacio", el único, en singular, es el de las leyes, el de la representación ciudadana. No hay otro ni puede haber otro.