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Eurnekian va por los aeropuertos
Busca extender la concesión hasta 2066 |
- El empresario y magnate aerocomercial Eduardo Eurnekian, fundador de Corporación América, inició gestiones formales ante el Gobierno nacional para prolongar por 28 años adicionales el control de las terminales aéreas de todo el país. El contrato vigente vence en 2038 y la decisión final quedará en manos del presidente Javier Milei.
El futuro del sistema aeroportuario argentino ingresó en una etapa de definiciones clave. La empresa Aeropuertos Argentina (anteriormente conocida como Aeropuertos Argentina 2000), controlada por el holding de Eurnekian, solicitó una ambiciosa prórroga de su contrato de concesión para continuar operando las 35 terminales aéreas que administra en el territorio nacional.
De prosperar la iniciativa, la compañía se aseguraría el control de casi el 90% del tráfico aerocomercial del país hasta mediados de siglo. Desde el entorno corporativo argumentan que una extensión de esta magnitud resulta indispensable para otorgar previsibilidad financiera y sostener el flujo de inversiones en infraestructura que demandan las terminales en el largo plazo.
El debate en la Casa Rosada: ¿Prórroga o licitación?
El pedido de Corporación América abrió una fuerte discusión técnica y política en las oficinas del Poder Ejecutivo. Según trascendidos, funcionarios de distintas áreas técnicas ya avanzaron en la redacción de un acta acuerdo destinada a formalizar la prórroga, la cual actualmente aguarda el visto bueno de la secretaría Legal y Técnica antes de pasar a la firma presidencial.
No obstante, en los despachos oficiales coexisten dos posturas claras:
Aceptar la extensión contractual: Opción respaldada por la promesa de inversiones inmediatas sin costo para las arcas del Estado.
Llamar a una nueva licitación internacional: Alternativa alineada con el espíritu desregulador del Gobierno, que permitiría el ingreso de nuevos operadores globales y fomentaría la competencia directa en el sector.
Cabe recordar que el contrato original, firmado a finales de la década de 1990, ya había recibido una extensión temporal durante la pandemia de COVID-19 para compensar la drástica caída del tráfico aéreo global.
Un trasfondo con mirada política
La resolución del caso adquiere una inevitable sensibilidad política debido al pasado laboral del propio jefe de Estado. Javier Milei se desempeñó como economista jefe y asesor financiero de Corporación América entre los años 2008 y 2021, antes de volcarse de lleno a la actividad política.
Si bien este vínculo histórico generó en su momento estrictas inhibiciones éticas para que el mandatario interviniera en expedientes vinculados a su ex-empleador, dicho plazo de restricción legal quedó formalmente vencido en diciembre de 2024. De este modo, Milei se encuentra legalmente habilitado para rubricar el destino del millonario negocio aeroportuario.
En las próximas semanas, el Gobierno deberá definir si opta por convalidar el monopolio de la operación aeroportuaria en manos de Eurnekian hasta 2066 o si decide patear el tablero y abrir los cielos argentinos a la compulsa internacional.
(Fuente: Sin Filtro)
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| SE DICE |
 Que el subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, fue apoderado en 2021 del argentino Eduardo Costantini, el inversor multimillonario del barrio privado que se pretende construir en las cercanías de los bañados de Carrasco.
Que remontando en reversa el siglo y las décadas cabe recordar que la zona de los Bañados de Carrasco constituyó una donación modal de la sucesión García Lagos al Estado en 1916, condicionada a que el gobierno de la época, y los que vinieron después, procediesen a desecar los bañados, cosa que no ocurrió; tampoco fue devuelta la donación por incumplimiento del Estado, como así consta y correspondía. (Ver Google, (Parque Roosevelt donación compromiso)
Que por decisión inamovible del presidente Orsi se relocalizará la planta de producción de e-combustibles e hidrógeno verde proyectada por la empresa HIF Global en el departamento de Paysandú.
Que la determinación, irrevocable, busca preservar la relación bilateral; atender las inquietudes ambientales de la región, y evitar la reactivación de un conflicto fronterizo sobre el río Uruguay.
Que la Coalición presentó un aditivo en la Rendición de Cuentas para eliminar la pensión de sobrevivencia a familiares de ex presos políticos, -(inviable, no tiene votos)- agregado que suscitó que la asociación de ex presos Crysol calificase la propuesta como una "miserable iniciativa de los represores encarcelados".
Que la pensión especial reparatoria tendría carácter estrictamente personal, y se extinguiría con el fallecimiento de su titular sin que genere, en ningún caso, derecho a pensión de sobrevivencia, trasmisión, sucesión o prestación alguna a favor de cónyuges, concubinos, hijos, descendientes o cualquier otro causahabiente del beneficiario”.
Que de acuerdo con los datos presentados por el director de Factum, Eduardo Bottinelli, el 55% desaprueba la gestión del presidente Orsi, el 26% la aprueba, y el 19% ni aprueba ni desaprueba. El saldo de aprobación del mandatario es negativo (-29%).
Que el senador del Partido Nacional y exministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero consideró que los "errores" que "está cometiendo últimamente" el presidente Yamandú Orsi afectan a la imagen institucional del país y el prestigio internacional de la figura del presidente uruguayo en el mundo.
Que mucho más allá de los errores que puedan imputársele a Orsi bien haría el senador Falero en dignificar el ejercicio del cargo senatorial, desprestigiado colectivamente y a extremos, dado que no se recuerda un parlamento tan en desgracia e incompetente como se advierte en la presente legislatura.
Que le sobran razones a los ciudadanos y mandos policiales y sindicales que sostienen que los policías no pueden seguir siendo el eslabón más débil de un sistema que prioriza el espectáculo por encima de la seguridad. La vida de un policía vale, y la agresión a un policía no puede ni debe quedar impune.
Que la lucha sindical de los portuarios no se sanciona; estamos de acuerdo escribe el legislador Jorge Gandini, "pero en su nombre no vale todo". La investigación administrativa definirá si fue "lucha" o abandono de funciones, en horario de trabajo, cobrando salario, fuera del puerto, en una actividad no organizada por el sindicato portuario, en bloqueo y perjuicio a la Administración a la que pertenece y paga su salario.
Que partidas “por eficiencia” llevaron a que jerarcas de la Intendencia de Lavalleja cobren hasta el triple de su sueldo, y aquí no ha pasado nada.
Que este tipo de compensaciones y otras se comenzaron a aplicar a varios directores durante las administraciones nacionalistas de Mario García y Adriana Peña, que ahora el frentista Daniel Ximénez pretende revisar.
Que al directorio del de Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) le sobraron 140 millones de pesos que repartió entre sus funcionarios, sin perjuicio de que van a ingresar más empleados con un promedio salarial de 139 mil pesos.
Que “matemáticamente tenemos chance de que se cumpla la proyección de crecimiento del PIB de un 1,6% para el año", dijo el ministro Oddone, parafraseando comentarios en sentido contrario de un analista privado.
Que a nivel gubernamental se considera que varios indicadores muestran una economía uruguaya dinámica, pero desde la oposición política, consultoras y calificadoras de riesgo observan que el panorama es de un crecimiento muy bajo, con la amenaza incluso de que se vea afectada en los siguientes meses por el fenómeno climático del Niño.
Que el Aeropuerto Internacional de Salto quedó sin conectividad aérea comercial este mes, luego de que Paranair resolviera suspender tsin fecha de reinicio sus vuelos hacia ese departamento.
Que Paranair no le comunicó a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) que dejaría momentáneamente de operar la ruta, omisión que aparejó que Dinacia prescindiese de controladores aéreos por el período.
Que más allá de las diferencias anotadas, el resultado será el mismo para los pasajeros: durante setiembre no habrá conexión aérea comercial regular entre Montevideo y Salto. En el caso del mercado doméstico, sin embargo, durante el mes, Rivera será el único destino del interior conectado regularmente por vía aérea con Montevideo. |
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| Una extraña fotografía |
Por Julio María Sanguinetti. La fotografía política y social del Uruguay de hoy resulta extraña. Sus contornos esenciales lucen como siempre: democracia, separación de poderes, libertad de conciencia, rotación normal de los partidos políticos en el gobierno, paz. También se preservan los ribetes de los últimos años: calma económica, baja inflación, crecimiento bajo, crédito internacional, desocupación en valores tradicionales, déficit fiscal permanente pero aún administrable.
Cuando el zoom hace una aproximación y se va más a los detalles, la mirada es preocupante. Mucho más preocupante. La violencia social es un fenómeno hoy inocultable. La delincuencia notoriamente ha crecido. El fenómeno de la droga envenena progresivamente la sociedad uruguaya, con una pasividad alarmante de la autoridad pública. Es evidente que no hay joven que crea que la marihuana es dañina, como se ha probado en el terreno científico de modo incuestionable. No se trata hoy de ir a un prohibicionismo que probablemente agravaría la situación, pero sí a una acción informativa y pedagógica en serio. En serio quiere decir involucrar ante todo al sistema educativo, convencer a sus actores para que se comprometan. Ni hablar del cuerpo médico. Seamos honestos: cualquier entrevista médica arranca preguntando si el paciente fuma, pero casi nunca si ello es con marihuana u otro estupefaciente.
Naturalmente, la marihuana está en la periferia de la cuestión, pero por allí empezó el contagio y por allí empezará a caer si se logra hacer lo debido.
El tema nos lleva a otros ámbitos. Uno fundamental es el de la educación. Los liceos hoy son una fuente de violencia y tráfico menor que los docentes reconocen. No todos los establecimientos son iguales, pero hay zonas donde los incidentes entre los estudiantes son casi a diario. Y se terminan involucrando padres que por cierto tampoco responden a conductas ejemplares. Lo hemos escuchado de profesores, incluso lesionados por intentar apartar a los que se pelean.
La policía actúa en esos casos. Se labra algún acta, pero no pasa nada, salvo que se afecte a algún dirigente gremial y entonces viene la respuesta clásica: el paro. El mágico paro. El repetitivo, inservible y desalentador paro. Luego, nada, porque las autoridades no asumen el rol de autoridad que les es obligatorio. Hay un terror pánico, paralizante, a ser acusado de autoritario o fascista.
Estos días nos sacudimos por la agresión a puñaladas de una joven estudiante por un compañero. Es un caso aleccionador, pero que no está aislado. Es parte de un clima.
Pasemos a otro ámbito, ya clásico: el del fútbol. Este domingo pasado ocurrió con Peñarol, antes con Nacional. En lo personal nos duele particularmente lo de Peñarol, por obvios motivos. En los últimos tiempos el club ha pagado millones de dólares por las estupideces nacionales e internacionales de una famosa “barra”, que desprestigia y desalienta al aficionado real. Vemos los estadios llenos y sin problemas en Europa. Con el público al lado de la cancha. Hubo una época de agresiones e inseguridad. Se superó. Aquí seguimos sin asumir el tema. Se toman medidas notoriamente insuficientes. Se les concede a “las barras” una legitimidad representativa que no se merecen.
Digamos también con voz clara que la deserción policial fue en su momento una declaración de impotencia inaceptable e insostenible. Si no podemos mantener la seguridad de una cancha de fútbol, ¿es lógico imaginar éxito en el enfrentamiento al crimen organizado? Cada día resulta más ridícula la teoría de que un partido de fútbol es apenas una reunión privada y que ese espectáculo abierto y multitudinario no compromete el orden público. La prueba está en que es imprescindible actuar en los alrededores de los estadios.
Se le endilga a los clubes una responsabilidad que les desborda. Contratar seguridad privada cuesta una fortuna, sin ofrecer respuesta, porque sus funcionarios son avasallados y carecen de autoridad. Multar y multar a los clubes tampoco ha llevado a nada. Si un imbécil tira una bengala, ¿es responsable el club? No ignoramos que muchos dirigentes se callan por temor y que algunos otros no actúan por intereses electorales. Si vieran a la autoridad pública con real compromiso, naturalmente actuarían con una libertad que hoy está limitada en los hechos.
No se trata de salir a buscar culpables. De un modo u otro, todos podemos haber tenido alguna responsabilidad, aunque haya quienes tienen la mayor por haber retirado a la fuerza pública. El hecho es que en estos días todo luce peor, porque está la droga y un clima generalizado de violencia que se percibe a ojos vistas. Hasta en la intolerancia en el tránsito y en actitudes sindicales extremistas.
Es imprescindible una reacción colectiva de la sociedad que tiene que liderar el Estado. De lo contrario, la fotografía empezará a mostrar fragilidades, quiebres, rupturas, en lo que han sido nuestras fortalezas. (Nota que se comparte con Correo de los Viernes)
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