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UN ARGENTINO ORIENTAL OPINA - ENFOQUES COMPARTIDOS
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| Enrique Guillermo Avogadro |
Ruinas ajenas, advertencias propias
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- “La integridad era cada vez más una virtud en peligro de extinción”. José María Fuster-Fabra
La tragedia que está viviendo Venezuela, amén de la pérdida de tantas vidas y de los miles de heridos y desaparecidos, la total falta de recursos dejó expuesta la catástrofe que representó para ese país – como a varios más en América Latina, comenzando por la Argentina – la llegada al poder, hace más de veinte años, de ese mito que es el “socialismo del siglo XXI”, que convirtió a tantas naciones en territorios devastados por la corrupción y el latrocino. Ahora, los nuevos regímenes de derecha están obligados a encarar la reconstrucción de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Colombia y Guatemala. Pero también mostró la rapaz política exterior de Donald Trump quien, para que EEUU se hiciera con el petróleo venezolano, no hesitó en dejar en el poder al chavismo asesino, ahora a través de Delcy Rodríguez, la Presidente encargada, y del salvaje Diosdado Cabello, y en consentir la virtual nulidad de las elecciones en las que indudablemente triunfó Edmundo González Urrutia, la persecución de opositores, la continuidad de cientos de presos políticos en las terribles prisiones del régimen y la postergación sine die de otras que, probablemente, concluirían con María Corina Machado en la Presidencia constitucional.
Aquí, si bien esto puede no ser percibido aún por gran parte de la población, lo cierto es que a la Argentina le va estupendamente en el terreno económico; por lo demás, creo que pronto veremos cómo la reactivación llega a todos los sectores capaces de competir y aumentar su productividad y de generar empleo genuino y registrado, sin necesidad de protecciones absurdas que sólo perjudicaban a los consumidores, obligados a comprar caro y de inferior calidad en un coto cerrado en el cual eran piezas fáciles e indefensas para aquéllos que operaban con enormes márgenes de ganancia.
La abrupta disminución de la inflación, los superávits financiero y comercial, la expansión de la minería y de la energía, el crecimiento de nuestro incomparable campo, el arribo de grandes jugadores internacionales en esas actividades, el manifiesto respaldo que nos otorgan el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, la franca mejora en los índices de pobreza e indigencia (sobre todo en los niños), son hechos concretos y verificables que, en otras circunstancias, hubieran debido permitir alcanzar un “riesgo-país” (la diferencia en la tasa de interés de la deuda soberana en relación con la estadounidense) acorde a otras economías de la región y del globo; sin embargo, y aunque se ha reducido, todavía sigue altísima, en el orden de los 430 puntos, mientras que Uruguay goza de 50 y Chile de 82. ¿Por qué sucede esto, si hasta hemos comenzado a pagar a los holdouts que defraudamos en el 2001 con aplausos masivos del H° Aguantadero?
A mi modo de ver, las razones de esta incongruencia obedecen a varios factores: las feroces internas del partido gobernante, la probabilidad (escasa) de un hartazgo social que lleve a un retorno del kirchnerismo expropiador y ladrón, la generalizada desilusión que representa el affaire Manuel Adorni en relación con la bandera moral enarbolada por Javier Milei (que Esteban Bullrich tan bien reflejó en su carta abierta a Mauricio Macri) y, sobre todo, a la más que escasa seguridad jurídica, producto del horrible y bastardo desmanejo en la selección de los nuevos jueces y en la conducta infame de gran parte de muchos de los que ya ejercen la magistratura.
Entre estos últimos se destacan los canallas togados que, cincuenta años después de los hechos, continúan persiguiendo y dictando condenas perpetuas para los militares, policías, penitenciarios, civiles y sacerdotes, ya todos ancianos, que se pudren y mueren a mansalva en las mazmorras de esta sociedad cínica e hipócrita; ninguno de ellos duda, al momento de juzgar y sentenciar, en violar todos y cada uno de los pilares sobre los cuales fue construido el derecho penal occidental - juez natural, principio de inocencia, legalidad, irretroactividad de la ley, prescripción – que, en asqueroso contraste, respetan a ultranza en los escandalosos casos de corrupción.
Si a esto le sumamos la increíble morosidad, un verdadero manto de protección y complicidad, con que actúan algunos jueces y fiscales en los temas que afectan a Sergio Aceitoso Massa y Matías Tombolini, Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, Martín Insaurralde, los empresarios de la causa “Cuadernos”, etc., y la facilidad con que les otorgan las mismas prisiones domiciliarias que niegan a los presos políticos que defendieron al país contra la subversión terrorista, la pintura aparece más nítida y justifica el enorme descrédito que cubre al Poder Judicial. La Corte Suprema produjo un reglamento de selección de jueces que garantizaba la transparencia; sin embargo, Milei no sólo ha impedido su implementación sino que, a través del Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y su Vice, Santiago Viola, persigue a los magistrados probos, negocia oscuramente la cobertura de los muchos cargos vacantes y altera las órdenes de mérito de los concursos.
En el orden internacional, el alto el fuego pactado entre EEUU e Irán por 60 días prorrogables y la negativa de Israel a – al menos - pausar sus operaciones contra los criminales de Hezbollah en Líbano, sigue siendo sumamente frágil, toda vez que nada (la cuestión nuclear y la supervisión de la OIEA, la reapertura del estrecho de Ormuz con su lógico impacto sobre los precios del petróleo, los programas misilísticos y de drones, la subsistencia del régimen de los ayatollahs, las indemnizaciones dinerarias que éstos pretenden) ha sido resuelto aún pero, en cualquier caso, exhiben la derrota global que innegablemente han sufrido los EEUU en la contienda.
Con ese telón de fondo, la atención global volvió a centrarse en la “operación especial” de Vladimir Putin contra Ucrania y en la actitud agresiva de la OTAN frente a Rusia, que el neo-Zar considera un verdadero desafío a su prestigio personal. La gran pregunta que Europa debería formularse es cuándo y, sobre todo, cómo reaccionará éste cuando se harte. |
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Columna de Ricardo Garzón
SE DICE |
 Que por un "quítame allá esas pajas" la oposición política en franca trancadera "devuelve atenciones", e insiste ante el Poder Ejecutivo -con la ciudadanía siempre de rehén- en que el acuerdo para usar vehículos militares en patrullaje policial debe autorizarse con una ley.
Que ante el crecimiento de los homicidios y el reclamo social, el gobierno echaría mano a los blindados de Defensa, jugada que rompe moldes ideológicos; descoloca a la oposición, y apuesta al impacto visual para bajar la "sensación térmica" del miedo.
Que con tono filial el Secretario de Presidencia entiende "que Juan se equivocó" cuando dijo no estar de acuerdo con que haya militares patrullando, asunto que nunca estuvo planteado. (¡Ay! ¡Qué susto!)
 Que mientras otros países lloran la eliminación en la Copa Mundial 2026, en Uruguay la derrota fue transformada en un seminario nacional. Aparecieron como hongos, expertos en tácticas, economistas del deporte, sociólogos del vestuario, constitucionalistas de la línea de tres y politólogos especializados en laterales derechos.
Que para el periodista y director de EL PAÏS Martín Aguirre Regules, quedar eliminado con Cabo Verde, que tiene 400 mil habitantes; con Arabia Saudita, puesto 61 en el ranking FIFA, y ni siquiera poder figurar entre los mejores terceros... es una cachetada al amor propio nacional.
Que de acuerdo con los datos presentados por el director de Factum, Eduardo Bottinelli, el 56% desaprueba la gestión del presidente Orsi; el 24% la aprueba, y el 20% ni aprueba ni desaprueba. El saldo de aprobación del mandatario es negativo (-32%).
Que el Poder Ejecutivo resolvió remover de su cargo a la actual titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Collette Spinetti, dado que, en una serie de audios difundidos por el programa de streaming "Hacemos lo que podemos" en abril, Spinetti calificó de “machirulitos gay” al titular del Mides, Gonzalo Civila, y al subsecretario, Federico Graña.
Que las importaciones de automóviles eléctricos e híbridos registraron un crecimiento sostenido en los últimos años”, pasando de un valor de 100 millones de dólares en 2022 a 425 millones de dólares en 2025. En cambio, las importaciones de vehículos a nafta y gasoil descendieron, pasando de un valor de 406 a 335 millones de dólares entre 2024 y 2025.
Que un decreto que fue publicado esta semana por el Ministerio de Economía establece que aquellos vehículos “propulsados mediante motorización eléctrica o híbrida”, cuyo valor “en aduana en ocasión de la importación” no supere los 19.000 dólares, seguirán exonerados de Imesi.
Que en cambio, los vehículos entre 19.000 dólares y 27.000 dólares serán gravados con un 5% de Imesi, y los que superen los 27.000 dólares, con un 9% de Imesi. Todos estos cambios entrarán en vigencia a partir del 1º de enero de 2027.
Que con un optimismo que Dios quiera cristalice, el ministro Oddone al momento de entregar la Rendición de Cuentas precisó: “Estamos convencidos de que la economía, lentamente, está iniciando una senda de recuperación”, y añadió que el proyecto presupuestal remitido al Parlamento supone “un esfuerzo del Poder Ejecutivo para poner el énfasis en los sectores más postergados”.
Que el prosecretario de Presidencia, Jorge Gisleno Díaz Almeida, -la "Eminencia Roja" del exdiputado Eduardo Lust-, sostuvo que hasta el momento el expresidente Lacalle Pou mantiene "un prudente y prolongado silencio", con relación a las patrulleras del astillero Cardama, que calificó como "un silencio atronador". ¡Cuidado con opinar sin fueros...!
Que sin atribuirle intenciones, -borra con el codo lo que escribió con la mano-, Díaz Almeida insistió en que sería importante que se pronunciara sobre el tema. "Me gustaría saber su opinión. Que dé su versión de los hechos. Hasta ahora no la conocemos", señaló.
Que los vehículos Cóndor que el Ejército cedió en préstamo a la Policía, tanto en su versión precedente, la UR 416, como en la más actual UR-425 -ambas derivadas del popular Unimog-, sí tienen uso policial en el mundo. Tanto lo han tenido en la Policía Nacional española como actualmente en la vasca, la alemana,en fuerzas especiales (como el GSG 9 o cuerpos de alerta) y policías antidisturbios para situaciones de alto riesgo, etc.
Que no obstante en algunos círculos policiales se entiende que no habría interés en usar estos blindados con visibilidad limitada, porque consideran que no son los más “operativos” para colaborar con la presencia en los barrios y que los Mamba MK 7 donados por Estados Unidos son los que más se adaptan a las necesidades.
Que sigue vigente el reclamo de la ciudadanía por saber qué se ha hecho de los anteriores blindados policiales,tanto los rusos Gaz Tiger importados por el Can Vázquez desde 2016 a 2019, como los brasileños adquiridos en 2024 durante la gestión de Nicolás Martinelli en el Ministerio del Interior.
Que resulta preocupante la permanente intromisión en asuntos del Ministerio de Defensa de referentes oficiales cercanos a Jorge Lucifer Díaz, ya sea él mismo llevando la batuta en el caso Cardama, sea ahora Negro y sus blindados.
Que el 74% de la población apoya la utilización de vehículos militares en operativos de seguridad interna, y el 66% está de acuerdo incluso con que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía en tareas de seguridad pública, según una encuesta encargada por el Ministerio del Interior a la Usina de Percepción Ciudadana (UPC).
Que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio en Venezuela provocaron graves daños en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal puerta de entrada aérea del país, afectando tanto su infraestructura como a gran parte del personal especializado que sostiene las operaciones aeroportuarias.
Que Whatsapp comunicó a sus clientes lo que será un despliegue global de una nueva función para proteger el número de teléfono, basada en los nombres de usuario. El objetivo de este cambio, que ya es habitual, con ciertos matices, en apps como Instagram, Signal (que lo implementó en 2024) y Telegram (que usa un modelo abierto), es permitir el intercambio de contactos sin compartir el número.
Que cada persona elige un nombre único y no hay un directorio público ni sugerencias para adivinarlo. El modo de encontrar a alguien es conocer su nombre exacto y este podrá configurarse solo en caso de que el usuario lo quiera, con una clave extra para recibir mensajes.
Que el cambio puede hacerse desde “Ajustes”, “Cuenta” y “Cambio de nombre”, aunque puede demorar uno o dos días en aparecer, por lo que se recomienda tener la versión actualizada. Creadores, pequeñas empresas u organizaciones que pretendan usar el mismo nombre en todas las plataformas podrán reclamar su nombre actual de Instagram o Facebook vinculando su cuenta de Whatsapp en Meta.
Que durante los cinco años de la legislatura 2020–2025, senadores y diputados uruguayos realizaron 461 misiones oficiales al exterior que implicaron un gasto de US$ 1.183.913. Los destinos sumaron un total de 2.567 días fuera del país y abarcaron 39 países, desde Panamá y España hasta lugares tan remotos como Ruanda, Indonesia, Bahréin, Antigua y Barbuda. |
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| Rendición de Cuentas |
- Una Rendición de Cuentas que confirma la creencia en el poder taumatúrgico del gasto.
El gobierno presentó una Rendición de Cuentas que incorpora nuevas erogaciones, crea organismos, modifica decenas de normas y apuesta a un escenario de mayor crecimiento económico para sostener sus compromisos, como ya lo hiciera en el Presupuesto. Más que una simple actualización presupuestal, el proyecto revela una determinada concepción del Estado y anticipa cuál será la orientación del resto del período.
La primera Rendición de Cuentas de la administración de Yamandú Orsi era esperada como algo más que un ejercicio técnico de ajuste presupuestal. Después de un primer año marcado por la prudencia fiscal que el ministro Gabriel Oddone reivindicó desde el comienzo de la gestión, el proyecto presentado al Parlamento constituye la primera oportunidad para conocer cuáles son las verdaderas prioridades políticas del gobierno. Y, sobre todo, para comprobar si el discurso sobre la responsabilidad fiscal convivía realmente con una nueva forma de administrar el Estado o si, una vez superada la etapa inicial, reaparecería la tradicional lógica expansiva del Frente Amplio.
La respuesta parece clara.
La Rendición de Cuentas abandona la idea de un presupuesto de gasto constante y propone nuevas erogaciones, respaldadas por una expectativa de mayor dinamismo económico y por la decisión de mantener inalteradas las metas fiscales ya definidas. El gobierno sostiene que el incremento es compatible con la disciplina de las cuentas públicas y que los recursos se concentran en prioridades claramente identificadas: primera infancia, seguridad pública, educación y atención a las personas en situación de calle.
Entre las principales novedades figura la creación de una asignación unificada para la infancia y la adolescencia, destinada a simplificar y fortalecer el sistema de transferencias sociales; el aumento de recursos para políticas de seguridad; partidas adicionales para educación; la creación del Instituto Nacional de Reinserción a partir del INR y una extensa cantidad de artículos que modifican normas de distintos organismos públicos y ministerios. El mensaje oficial insiste en que se trata de “gobernar para la gente” y de orientar los recursos hacia los sectores más vulnerables sin alterar la estrategia fiscal.
Ninguna de esas prioridades, considerada aisladamente, resulta objetable. Es difícil encontrar quien cuestione que la infancia merece mayor atención o que la seguridad requiere recursos adicionales. El problema aparece cuando se observa el proyecto en su conjunto y se advierte que detrás de esas prioridades legítimas vuelve a instalarse una concepción del Estado que parecía haber quedado en revisión.
La primera señal es el aumento del gasto.
Durante meses el gobierno sostuvo que las restricciones fiscales obligaban a actuar con extrema prudencia. Esa prudencia sirvió incluso para justificar la postergación de diversos compromisos asumidos durante la campaña electoral. Sin embargo, apenas un año después, la Rendición abandona el criterio de gasto constante y comienza a expandir nuevamente el presupuesto. La cifra puede parecer moderada en términos relativos, pero lo relevante no es solamente su magnitud sino la dirección elegida. La señal política es que, frente a nuevas demandas, la respuesta vuelve a ser aumentar el gasto público.
Más discutible aún es el fundamento económico de esa decisión.
El proyecto descansa sobre una expectativa de mayor crecimiento de la economía que permitirá absorber el incremento del gasto sin comprometer las metas fiscales. Incluso el propio título del análisis de Búsqueda resume esa apuesta: la Rendición está “sustentada en la expectativa de mayor dinamismo económico”. El problema es evidente. Cuando el contexto internacional continúa siendo incierto y diversos organismos vienen revisando a la baja las perspectivas de crecimiento mundial, construir nuevas obligaciones permanentes sobre proyecciones optimistas constituye, cuanto menos, un ejercicio de voluntarismo. Ya ocurrió es “problemita” en el Presupuesto. Ahora se reitera.
Si el crecimiento finalmente no alcanza las previsiones oficiales, el margen de maniobra será mucho menor. Entonces aparecerá el viejo dilema: aumentar la presión tributaria, incrementar el endeudamiento o incumplir las metas fiscales.
La educación constituye otro de los puntos débiles del proyecto.
Como el senador colorado Robert Silva advirtió, la educación quedó relegada entre las prioridades presupuestales. El refuerzo previsto aparece como modesto frente a los desafíos acumulados por el sistema educativo y contrasta con la centralidad que el propio Frente Amplio había otorgado al tema durante la campaña electoral.
La oposición también cuestiona la ausencia de una agenda orientada al crecimiento.
Las políticas sociales sostenibles requieren crecimiento económico sostenido. Sin inversión, productividad y generación de empleo privado, el margen para expandir el gasto termina dependiendo exclusivamente de mayores ingresos fiscales o de un aumento del endeudamiento. Ninguna de esas alternativas constituye una estrategia de desarrollo de largo plazo.
El gobierno sostiene que esta Rendición expresa una opción política deliberada: priorizar a quienes más lo necesitan. Nadie discute la legitimidad de ese objetivo. Lo discutible es el camino elegido para alcanzarlo.
Porque gobernar para la gente no consiste únicamente en ampliar transferencias o crear nuevos organismos. También implica administrar con austeridad, revisar estructuras que han perdido sentido, eliminar duplicaciones, exigir resultados a la burocracia y generar condiciones para que la economía produzca más riqueza.
La mejor política social sigue siendo una economía dinámica que crea empleo, atrae inversiones y amplía oportunidades.
Esta Rendición de Cuentas parece recorrer el camino inverso. Parte de la premisa de que el Estado debe gastar más para resolver los problemas y confía en que el crecimiento económico aparecerá después para financiar esa decisión. Tiene más de religión que de ciencia. De magia, en rigor.
Es una apuesta ideológica. Pero también es una apuesta riesgosa.
Y constituye, probablemente, la primera gran definición política de la administración Orsi: el regreso a una concepción del Estado en la que el aumento del gasto vuelve a ocupar un lugar central como herramienta de gobierno.
Lo del acápite. (Nota que se comparte con Correo de los Viernes)
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