• Una Rendición de Cuentas  que confirma la creencia en el poder taumatúrgico del gasto.

El gobierno presentó una Rendición de Cuentas que incorpora nuevas erogaciones, crea organismos, modifica decenas de normas y apuesta a un escenario de mayor crecimiento económico para sostener sus compromisos, como ya lo hiciera en el Presupuesto. Más que una simple actualización presupuestal, el proyecto revela una determinada concepción del Estado y anticipa cuál será la orientación del resto del período.

La primera Rendición de Cuentas de la administración de Yamandú Orsi era esperada como algo más que un ejercicio técnico de ajuste presupuestal. Después de un primer año marcado por la prudencia fiscal que el ministro Gabriel Oddone reivindicó desde el comienzo de la gestión, el proyecto presentado al Parlamento constituye la primera oportunidad para conocer cuáles son las verdaderas prioridades políticas del gobierno. Y, sobre todo, para comprobar si el discurso sobre la responsabilidad fiscal convivía realmente con una nueva forma de administrar el Estado o si, una vez superada la etapa inicial, reaparecería la tradicional lógica expansiva del Frente Amplio.

La respuesta parece clara.

La Rendición de Cuentas abandona la idea de un presupuesto de gasto constante y propone nuevas erogaciones, respaldadas por una expectativa de mayor dinamismo económico y por la decisión de mantener inalteradas las metas fiscales ya definidas. El gobierno sostiene que el incremento es compatible con la disciplina de las cuentas públicas y que los recursos se concentran en prioridades claramente identificadas: primera infancia, seguridad pública, educación y atención a las personas en situación de calle.

Entre las principales novedades figura la creación de una asignación unificada para la infancia y la adolescencia, destinada a simplificar y fortalecer el sistema de transferencias sociales; el aumento de recursos para políticas de seguridad; partidas adicionales para educación; la creación del Instituto Nacional de Reinserción a partir del INR y una extensa cantidad de artículos que modifican normas de distintos organismos públicos y ministerios. El mensaje oficial insiste en que se trata de “gobernar para la gente” y de orientar los recursos hacia los sectores más vulnerables sin alterar la estrategia fiscal.

Ninguna de esas prioridades, considerada aisladamente, resulta objetable. Es difícil encontrar quien cuestione que la infancia merece mayor atención o que la seguridad requiere recursos adicionales. El problema aparece cuando se observa el proyecto en su conjunto y se advierte que detrás de esas prioridades legítimas vuelve a instalarse una concepción del Estado que parecía haber quedado en revisión.

La primera señal es el aumento del gasto.

Durante meses el gobierno sostuvo que las restricciones fiscales obligaban a actuar con extrema prudencia. Esa prudencia sirvió incluso para justificar la postergación de diversos compromisos asumidos durante la campaña electoral. Sin embargo, apenas un año después, la Rendición abandona el criterio de gasto constante y comienza a expandir nuevamente el presupuesto. La cifra puede parecer moderada en términos relativos, pero lo relevante no es solamente su magnitud sino la dirección elegida. La señal política es que, frente a nuevas demandas, la respuesta vuelve a ser aumentar el gasto público.

Más discutible aún es el fundamento económico de esa decisión.

El proyecto descansa sobre una expectativa de mayor crecimiento de la economía que permitirá absorber el incremento del gasto sin comprometer las metas fiscales. Incluso el propio título del análisis de Búsqueda resume esa apuesta: la Rendición está “sustentada en la expectativa de mayor dinamismo económico”. El problema es evidente. Cuando el contexto internacional continúa siendo incierto y diversos organismos vienen revisando a la baja las perspectivas de crecimiento mundial, construir nuevas obligaciones permanentes sobre proyecciones optimistas constituye, cuanto menos, un ejercicio de voluntarismo. Ya ocurrió es “problemita” en el Presupuesto. Ahora se reitera.

Si el crecimiento finalmente no alcanza las previsiones oficiales, el margen de maniobra será mucho menor. Entonces aparecerá el viejo dilema: aumentar la presión tributaria, incrementar el endeudamiento o incumplir las metas fiscales.

La educación constituye otro de los puntos débiles del proyecto.

Como el senador colorado Robert Silva advirtió, la educación quedó relegada entre las prioridades presupuestales. El refuerzo previsto aparece como modesto frente a los desafíos acumulados por el sistema educativo y contrasta con la centralidad que el propio Frente Amplio había otorgado al tema durante la campaña electoral.

La oposición también cuestiona la ausencia de una agenda orientada al crecimiento.

Las políticas sociales sostenibles requieren crecimiento económico sostenido. Sin inversión, productividad y generación de empleo privado, el margen para expandir el gasto termina dependiendo exclusivamente de mayores ingresos fiscales o de un aumento del endeudamiento. Ninguna de esas alternativas constituye una estrategia de desarrollo de largo plazo.

El gobierno sostiene que esta Rendición expresa una opción política deliberada: priorizar a quienes más lo necesitan. Nadie discute la legitimidad de ese objetivo. Lo discutible es el camino elegido para alcanzarlo.

Porque gobernar para la gente no consiste únicamente en ampliar transferencias o crear nuevos organismos. También implica administrar con austeridad, revisar estructuras que han perdido sentido, eliminar duplicaciones, exigir resultados a la burocracia y generar condiciones para que la economía produzca más riqueza.

La mejor política social sigue siendo una economía dinámica que crea empleo, atrae inversiones y amplía oportunidades.

Esta Rendición de Cuentas parece recorrer el camino inverso. Parte de la premisa de que el Estado debe gastar más para resolver los problemas y confía en que el crecimiento económico aparecerá después para financiar esa decisión. Tiene más de religión que de ciencia. De magia, en rigor.

Es una apuesta ideológica. Pero también es una apuesta riesgosa.

Y constituye, probablemente, la primera gran definición política de la administración Orsi: el regreso a una concepción del Estado en la que el aumento del gasto vuelve a ocupar un lugar central como herramienta de gobierno.

Lo del acápite. (Nota que se comparte con Correo de los Viernes)