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UN ARGENTINO ORIENTAL OPINA - ENFOQUES COMPARTIDOS
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| Enrique Guillermo Avogadro |
| De la licitación al Apocalipsis |
- “La guerra es el arte de destruir hombres, la política es el arte de engañarlos.” Jean le Rond d’Alembert
El inusual período de ‘pax mileísta’ se vio sacudido por la licitación de una empresa privada para comprar los caños para construir un gasoducto hasta la costa atlántica. Con una precio inferior - 40% -, triunfó una gran compañía india. Techint, la multinacional italo-argentina que, tardíamente, ofreció reducir su cotización hasta igualarlo, reaccionó con furia. Se reabrió así el debate entre los aperturistas, con el Gobierno como portaestandarte, y los proteccionistas que, como siempre, apelan al cuidado de la industria y del empleo, pero sus argumentos se vieron perjudicados tanto por la enorme diferencia cuanto porque ambas empresas importan su materia prima (la chapa) de China y Brasil, respectivamente.
Si bien es cierto que la cancha está aún inclinada contra los productores locales por los gravosos impuestos, la deficiente infraestructura vial y la obsoleta legislación laboral, nada – salvo los recientes antecedentes de corrupción rampante – puede justificar tamaña variación, especialmente en un país en que todos estamos hartos de empresarios que sólo saben cazar en el zoológico y pescar en la bañadera, para vendernos malo y caro.
En estos días de tambores bélicos que retumban desde el Golfo Pérsico y el Caribe, Taiwan festeja la purga desatada por Xi Jinping sobre la cúpula del Ejército, ya que llevará tiempo recomponerla y China pueda volver a su política de hostigamiento. Donald Trump, empeñado en dejar su huella antes de que el tiempo lo expulse del Salón Oval, amenaza con atacar Irán por su programa nuclear, su industria misilística y su apoyo a milicias desestabilizadoras. Tanto como sucedió en las vísperas de la extracción de Nicolás Maduro de Caracas, al Presidente de EEUU le quedan pocas opciones fáciles, y ninguna de ellas incluye retirarse después de ejecutar este inmenso despliegue aeronaval.
La primera es ordenar ataques selectivos y precisos contra las bases de la terrorista Guardia Revolucionaria (CGRI), sitios de misiles y el programa nuclear; o sea, bajas civiles mínimas, derrocamiento del régimen debilitado y una transición a la democracia, con Irán reintegrándose al mundo, pero Irak y Libia vieron caer dictadores para dar paso a épocas de caos y sangre. En otra, parecida a la de Venezuela pero impensable por las gigantescas disimilitudes entre ambos regímenes, el poder actual sobrevive pero se modera: una acción rápida de EEUU lo deja en pie, aunque forzado a cortar el apoyo a sus milicias proxys, frenar sus programas nucleares y balísticos, y relajar la represión; no contenta a los iraníes que anhelan libertad, pero evita el colapso. En la tercera, el régimen cae pero es sustituido por una junta militar; las protestas erosionaron su poder, pero el Estado profundo de seguridad defiende el statu quo con brutalidad.
El escenario más temido es el caos tras el derrumbe, con una guerra civil motivada en tensiones étnicas (kurdos, baluchis) en un país de 93 millones de habitantes. Qatar y Arabia Saudita ven cercana una pesadilla humanitaria y millones de refugiados. Israel celebraría el fin del régimen, pero nadie quiere un Irán fragmentado. En Medio Oriente, como en Latinoamérica, el vacío de poder invita al desastre.
Pero también pueden producirse represalias iraníes contra las fuerzas y los aliados de EE.UU. Teherán no iguala el poder aeronaval de Trump, pero tiene miles de misiles y drones, y las bases de EEUU en Bahrein, Qatar o Jordania e infraestructuras como las saudíes de 2019, lo experimentarían. Los aliados árabes tiemblan, porque esa respuesta elevaría el precio del petróleo. Los ayatollahs podrían minar el estrecho de Ormuz, una amenaza latente desde la guerra entre Irak e Irán; es un cuello de botella que podría bloquearse para el 25% del petróleo y GNL mundiales. Irán ya practicó despliegues rápidos; el comercio global sufriría y los precios se dispararían. Otra posibilidad sería el hundimiento de buques de EEUU con “ataques de enjambre”, con drones explosivos y lanchas rápidas abrumando las defensas; la Armada del CGRI, experta en asimetrías, podría lograrlo, humillando así a EE.UU como sucedió con el USS Cole (2000) y el USS Stark (1987).
Estos escenarios muestran la extrema imprevisibilidad actual: con una inmensa flota aeronaval preparada, Trump está obligado a actuar, aunque desate consecuencias globales, para no perder más apoyo interno, como el que ya sufre por la brutal política anti-inmigratoria y la debilidad del dólar, que ponga en mayor riesgo aún su actual control del Capitolio en las elecciones legislativas de noviembre; si las perdiera, el efecto – que podría incluir un impeachment - repercutirá también en la Argentina, aliada incondicional del Presidente, a cuyo apoyo financiero tanto debemos.
En cambio, donde seguramente obtendrá éxito será en su enfrentamiento incruento contra el régimen marxista de Cuba, ya que sus presiones sobre el gobierno de México (Claudia Sheinbaum) han producido el estrangulamiento total del único cordón umbilical – el regalo de petróleo, que también le hacía Venezuela hasta hace pocos días, tras la obligada deserción de Rusia e Irán - que permite sobrevivir a Miguel Díaz-Canel, el criminal continuador del castrismo, jaqueado por la terminal crisis socio-económica, agravada por los diarios apagones de veinte horas de duración. |
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Columna de Ricardo Garzón
SE DICE |
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 Que el jefe de la bancada de diputados de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, afirmó que Uruguay es “una provincia nuestra” y sugirió que, en el futuro, podría ser anexada por la Argentina como parte de un supuesto “imperio”.
Que el Frente Amplio, sin contendientes a la vista, emprendió frenética carrera para consolidar el sistema autocrático como estilo de gobierno en el Uruguay, a expensas de minimizar a extremos las atribuciones del Poder Judicial, que debe contentarse con recibir apenas un 6% de las partidas presupuestales solicitadas, otorgadas de gracia y revestidas de miseria por el Poder Ejecutivo.
Que para la flamante presidenta de la Suprema Corte de Justicia, -asumió el 1 de febrero-, "el presupuesto que nos fue otorgado desconoció las necesidades básicas de este Poder del Estado", resumió Morales.
Que de cara a esta barrabasada mal intencionada del Poder Ejecutivo, se preguntó qué mensaje podía darle a los integrantes del Poder Judicial y a los ciudadanos. Y se respondió: "sigo pensando que lo que siempre va a ser prioritario serán los aspectos humanos, y desde ese punto de vista vuelvo a apelar a lo que está en la génesis de este Poder del Estado, es decir, su independencia, su ética y su honor".
Que alguien tiene que ponerle un freno a la locura recaudadora de las multas de tránsito, dado que, con eso, se pretende arreglar los despilfarros de las intendencias y corregir el déficit fiscal.
Que el monto de las multas de tránsito constituye un despojo, y configura lisa y llanamente un robo. Una multa de tránsito se lleva más de la mitad del sueldo de un trabajador, en definitiva el ciudadano más castigado.
Que el Congreso de Intendentes es una corporación para recaudar. Aquí no hay partidos: son los intendentes, espalda con espalda, y a llevarse todo puesto.
Que las multas no evitan las muertes en el tránsito; de hecho, cada vez hay más muertes; no hay educación ni prevención, el afán es recaudar, recaudar y recaudar.
Que Colombia dio un paso decisivo en el fortalecimiento de su capacidad marítima con la incorporación del patrullero oceánico ARC 24 de Julio, una embarcación de última generación, diseñada y construida en el país cafetero, que marca un hito para la Armada y para la industria naval colombiana.
Que más que el petróleo o los minerales, la creciente presencia de China en Latinoamérica es el principal motor de la invasión estadounidense a Venezuela e igualmente la creciente tensión entre el gobierno estadounidense y los líderes políticos regionales.
Que Estados Unidos está reforzando la seguridad regional mediante la donación de lanchas patrulleras y entrenamiento militar para fortalecer la cooperación en defensa, incluyendo la creación de centros de operaciones en la región.
Que el Partido Comunista condenó el “recrudecimiento del bloqueo” a Cuba por parte de Estados Unidos, y anunció que impulsará “un posicionamiento político amplio y unitario, junto al movimiento popular, así como iniciativas concretas de solidaridad de nuestro pueblo y de nuestro gobierno con el hermano pueblo cubano”.
Que, no conforme, el Partido Comunista calificó de “mentiroso” el argumento de que Cuba es “una ‘amenaza inusual y extraordinaria’ para ese país” y consideró que Estados Unidos pretende “tomar de rehén a todo el pueblo de Cuba; asfixiarlo por hambre, y doblegarlo para imponer su hegemonía”.
Que "tembló París", y tiembla la izquierda, cuando en presencia del presidente de la república se firmó un convenio marco entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional, que apunta a recuperar para la ciudadanía a quienes violaron las ley, delinquieron y están detenidos.
Que cabe recordar, al respecto, cuando Lorenzo Latorre, ante el relajo institucional y político que anotaba 19 revoluciones a lo largo y ancho del siglo XIX, puso a jóvenes delincuentes y huérfanos de las guerras civiles en manos del Ministerio de Guerra para su alfabetización y aprendizaje de oficios.
Que, abundando, el verdadero papel de las FFAA uruguayas es prepararse para repeler una agresión militar externa y actuar como fuerza disuasoria frente a posibles amenazas de agresión provenientes del exterior. También, como dijo alguna vez el General Manini, sirven para contener a cualquier grupo de desaforados que intente o pretenda alzarse contra el gobierno de la república, tomar el Palacio Estévez y afincarse en la Torre Ejecutiva.
Que la operación militar realizada por tropas de Estados Unidos el 3 de enero que culminó con la detención y traslado a Nueva York del expresidente venezolano Nicolás Maduro es valorada positivamente por el 43% de los uruguayos, de acuerdo con un estudio realizado por la Usina, firma de investigación aplicada en estadística, ciencias económicas y sociales.
Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo confirmó la legalidad del acuerdo entre el Estado uruguayo y Katoen Natie.
Que el fallo cerró el litigio impulsado por Montecon en el puerto de Montevideo, una disputa que marcó la agenda de los últimos años en el sistema portuario.
Que Luis Alberto Heber fue tajante al señalar que el dictamen de 90 páginas que ratifica la legalidad del acuerdo entre el Gobierno y la empresa belga Katoen Natie por la Terminal Cuenca del Plata (TCP) pone fin a años de cuestionamientos por parte de la oposición.
Que el Frente Amplio intentó frenar el avance del puerto usando la Justicia, mintiendo y difamando”, dijo Heber, subrayando que las acusaciones de dolo y monopolio ya habían sido archivadas previamente por la Fiscalía.
Que el gobierno del presidente Javier Milei anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, dedicada a “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios de comunicación y la casta política”.
Que la iniciativa del gobierno argentino parece similar a una que lanzó el presidente Donald Trump, llamada Rapid Response. Esta propuesta se define en X como una “Cuenta oficial de Respuesta Rápida de la Casa Blanca”, que apoya la agenda del presidente y exige “responsabilidades por las noticias falsas”.
Que Uruguay tiene el precio de la nafta más alto de la región y uno de los más altos del mundo. El gasoil, un poco por debajo en el ranking, también está entre los más caros. Los impuestos, los costos de distribución y las comisiones de las estaciones de servicio aparecen entre los principales motivos de esta situación, ya que, en realidad, los combustibles al salir de la planta de Ancap valen casi la mitad.
Que al empezar febrero, con un dólar moviéndose por debajo de $40, un informe de la firma SEG Ingeniería ubica el precio de la nafta en US$ 2,019 (para este primer bimestre, la Súper 95 está en $ 77,79 el litro y la Premium 97 en $ 80,30 el litro).
Que Dr. Gustavo Salle, diputado por Identidad Soberana, precisó que el gobierno está en el top 10 de los peores del Uruguay, afirmando sin reparos que tenemos una ineptitud total por parte de Orsi, Sánchez, Díaz y Negro.
Que el diputado Gabriel Gurméndez criticó la duplicación de funciones entre organismos estatales: “hay un solapamiento institucional tremendo. No podemos tener tantas secretarías y direcciones que hacen lo mismo mientras dejamos de lado áreas esenciales como la justicia, la seguridad y la salud”, sostuvo.
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| Derecho en pausa, política cruda y moral incierta |
Por Julio María Sanguinetti. El pasado 25 de enero, el El País publicó la columna mensual habitual el expresidente Sanguinetti, que transcribimos a continuación.
Hace algunos años nuestro gran amigo el presidente de Chile, Ricardo Lagos, dijo que “si América Latina no quiere que Estados Unidos intervenga en Venezuela, ¿qué está haciendo ella para restablecer la democracia y los derechos humanos en ese país?”. Joaquín Morales Solá lo recordó estos días y esa sabia premonición nos pone delante de un espejo en que las imágenes del derecho, la política y la moral se entrecruzan y tanto coinciden como chocan.
“La cuestión”, dijera Shakespeare, es que el régimen venezolano era y sigue siendo una cruel dictadura que no solo se permite violar todas las libertades públicas, sino que hasta organizó una farsa electoral para intentar una imaginaria legitimación.
En una hipótesis de esa naturaleza, ¿qué hacer para reconquistar la libertad perdida?
En el terreno jurídico, en el que creemos los demócratas, poco o nada. El régimen denunció la Convención Interamericana de DD. HH. en 2012; en 2017 repudió la Carta de la OEA y en 2019 la jurisdicción de la Corte Interamericana de DD. HH. En una palabra, se instaló en una situación de facto, alejada de toda norma. En ese caso, ¿puede invocar la protección de los derechos que no reconoce?
Se ha sostenido que esta situación, invocada usualmente en el derecho privado, no lo es en el derecho internacional público. El tema es que, infortunadamente, estamos ante un derecho imperfecto, como se ha dicho desde siempre de la normativa internacional, dadas sus limitaciones coercitivas. Lo estamos viendo de modo descarnado en Europa: Rusia violó abiertamente la soberanía de un Estado libre y democrático, lo invadió y lo está golpeando día a día. El presidente de los Estados Unidos, que aparentemente no tiene mayor idea de la historia rusa, imaginó que alcanzaba con una relación simpática con Putin. No advirtió que, desde Pedro el Grande, Rusia invoca que su seguridad requiere “la protección de sus vecinos”. Lo sostuvieron Catalina, Alejandro I a la caída de Napoleón en 1815 y Stalin en 1945. Ahora es Putin, que procura recomponer lo perdido al disolverse la Unión Soviética, a su juicio la mayor tragedia del siglo XX. Putin jugó con Trump. Y sigue jugando. Y ahí nos chocamos de nuevo con la desgraciada limitación del derecho internacional, porque, teniendo Rusia la posibilidad del veto en el Consejo de Seguridad, no hay nada para hacer en ese terreno. Todo se libra en el político y militar, donde una Europa débil militarmente hace lo poco que puede y Trump actúa con peligrosas oscilaciones que le han permitido al nuevo zar atacar despiadadamente la propia capital ucraniana.
En nuestro ámbito, recordemos que en 1983, cuando se vivió una extrema inestabilidad en América Central, con la amenaza cierta de una invasión estadounidense a Nicaragua, se formó el Grupo de Contadora. Dos años después, a los fundacionales México, Colombia, Panamá y Venezuela, nos sumamos Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, configurando el llamado Grupo de Apoyo. Al principio EE. UU. rechazó toda intervención nuestra, pero luego la aceptó y, dialogando una y otra vez, ganando tiempo, se pudo evitar un conflicto militar generalizado. Algo así ni se les ocurrió ahora a los gobiernos de la envejecida izquierda latinoamericana, tan frágiles en su convicción democrática, que prefirieron ser abiertos sostenes o cómplices de la dictadura venezolana. Salvo la honrosa excepción de Boric, todos navegaron en la complacencia, como nuestro Frente Amplio.
Todavía hoy Latinoamérica podría jugar un rol si con inteligencia se formara un grupo equilibrado en posiciones, capaz de contribuir a una posible transición democrática.
Volviendo al tema jurídico, para descalificar la intervención estadounidense se invoca el principio de no intervención, que Uruguay ha sostenido tradicionalmente, pero también con una larga polémica sobre sus excepciones. No olvidemos que durante la dictadura sosteníamos al unísono que la protección de los derechos humanos prevalecía y configuraba una excepción tan válida como la legítima defensa. No podemos ignorar que todos los tiranos se han abrazado a ese principio como una coraza. Fue nuestro debate con el herrerismo sobre la España franquista y el Paraguay de la larga dictadura de Stroessner. EE. UU. invoca en este caso la agresión de un Estado asociado notoriamente al narcotráfico que opera en su país. Es un argumento de valor jurídico y político. Lo debilita, sin embargo, cuando al mismo tiempo le da a la apropiación del petróleo por las compañías estadounidenses una preferencia que contamina el debate con una cruda expresión de intereses económicos.
Recuerdo que durante la cumbre Iberoamericana de Oporto, en 1998, llega la noticia de que el general Pinochet había sido detenido en Londres por un juez ordinario de la capital. Expectantes por lo que dijera Fidel, notorio colega del chileno aunque en el otro extremo ideológico, su razonamiento fue: “esto es moralmente plausible, jurídicamente discutible y políticamente un error, que mete a Chile en todo un problema”.
Podemos hoy coincidir en que, aunque jurídicamente sea discutible detener a Maduro, es moralmente plausible. El derecho entró en eclipse y tenemos que resignarnos a mirar la intervención estadounidense desde el terreno de las consecuencias políticas. Ella ha tenido el incuestionable mérito de desnudar ante el mundo el oprobio de una dictadura pura y dura, provocar la caída del dictador y la liberación de presos políticos que, aunque a regañadientes, va procesando el régimen. No es despreciable tampoco que las fuerzas militares venezolanas, cuya cúpula es parte del narco-Estado, sientan que son muy poca cosa frente al poderío norteamericano y que, así como le bombardearon su fortaleza de Tiuna, les pueden barrer del mapa su infraestructura.
Todo depende, entonces, de cómo se sigue. Esta intervención puede ser liberadora si culmina abriendo el espacio a una real autodeterminación del pueblo venezolano. Puede también degradarse como un mero acto abusivo de defensa de los intereses estadounidenses si se termina solo con una cirugía cosmética del régimen a cambio de la explotación petrolera. El modo como Trump ha manoseado la presencia de la heroica Premio Nobel María Corina Machado ha sido lamentable. Podía pensar que políticamente no era su momento, pero no tenía por qué obligarla a hincarse ante él para que la recibiera, con el premio de la medalla del Nobel.
Pese a todos los pesares, la esperanza sigue abierta. Cayó el tirano, no el régimen. Sin embargo, sufre una dura derrota y el peso de una intervención poderosa luego de años de inmovilismo interno y parálisis externa.
El derecho está en pausa. La política se ejerce ahora en términos de poder y la moral es una moneda tirada al aire que no sabemos de qué lado caerá. (Nota que se comparte con Correo de los Viernes) |
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