Edición Nro. 2432 - Punta del Este / Uruguay
enfoques 21 de noviembre de 2025
 
 
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UN ARGENTINO ORIENTAL OPINA - ENFOQUES COMPARTIDOS f
Enrique Guillermo Avogadro
¡Canallas!
  • “En los regímenes totalitarios, la cárcel es la trinchera de los hombres libres”. Jorge Mones Ruiz
Al finalizar la II° Guerra Mundial que costó la destrucción de Europa y parte de Rusia y la muerte de 85 millones de personas, se juzgó en Nuremberg a 22 jerarcas nazis; luego, en otros procesos, a 177 más; es decir que, por esos hechos, sólo fueron juzgados 199 dirigentes alemanes y, en 1995, 50 años después, ya ninguno estaba en la cárcel. En la Argentina, que padeció una guerra – lo reconoció en el Tribunal que juzgó a las juntas – provocada por organizaciones terroristas instruidas y financiadas por Cuba, Checoeslovaquia y Rusia, y en la que perdieron la vida menos de 9000 guerrilleros, los vencedores fueron arrastrados ante la in-Justicia por Néstor Kirchner; éste, para obtener la indulgencia de la izquierda para la masiva corrupción que encabezaría, pactó con Horacio Perro Verbitsky, de Montoneros, la demonización de las fuerzas armadas.
Las cifras, publicadas por la Unión de Promociones, permite evaluar la diferencia entre ambos escenarios y la magnitud que alcanzó aquí esa artera maniobra: 2.824 personas fueron sometidas a proceso y, actualmente, descontando las 957 muertos ya registrados (793 sin sentencia firme), quedan 1050 condenados y 813 que aún no tienen veredicto definitivo; además, muchos de ellos eran, o son, héroes de Malvinas.
En 1986 y 1987, el Congreso sancionó las leyes de “obediencia debida” y “punto final”, y todo fue declarado válido por la Corte Suprema. Pero el infame Tuerto necesitaba torcer y falsear la historia para complacer a los subversivos; hizo que el H° Aguantadero declarara nulas esas leyes. Esas mismas ratas que fungían de legisladores, cuando algunos magistrados aplicaron a esos presos políticos la ley del “2x1” (por cada dos días de prisión preventiva se descuenta uno de la pena), “re-interpretaron” su propio texto para excluir de ese beneficio sólo a éstos. Luego, sacó a escobazos a los miembros de la Corte que se negaban a convalidar tamaño dislate y, entre los nuevos miembros, ingresó Ricardo Lorenzetti; el Mono (su nombre de guerra) no tuvo empacho en declarar que todos los procesos de “lesa humanidad” eran “una política de Estado consensuada entre sus tres poderes”; y como eso no fuera suficiente, manifestó que “los jueces habían obedecido al clamor de la sociedad”. 
Para producir esos juicios, Kirchner recurrió a varios cómplices: a cobardes asesinos togados, a fiscales militantes (designados por los mismos terroristas), a falsos testigos – generosamente “indemnizados” - que recurrían a “una memoria construida colectivamente”, y a organismos (tuertos y corruptos) de derechos humanos. Todos “olvidaron” que rigen, garantizados por la Constitución, los principios de juez natural, de igualdad ante la ley, de legalidad, de presunción de inocencia, de cosa juzgada, de “non bis in idem”, de prescripción y de ley anterior al hecho del proceso. Para utilizar “lesa humanidad”, recurrieron al Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002 y que, expresamente, prohíbe su aplicación retroactiva.
Según la ley, las prisiones preventivas no pueden exceder de los dos años, eventualmente prorrogable por un año por razones debidamente fundadas en el peligro de fuga o el riesgo para las pruebas. Pero ningún límite rige para los presos políticos, aunque su senectud hace imposible que escapen y, menos aún, que puedan alterar las “pruebas” de hechos cometidos hace 50 años. Los verdugos las mantienen, en 450 casos, excediendo ese máximo (en 203 de ellos supera los 11 años y, en 30, los 16), convirtiéndolas en cumplimiento anticipado de las penas y que, por afectar a gerontes (el promedio de edad es de 81 años, aunque hay quienes llegan a los 100) son sentencias de muerte, que se cumplen en cárceles que carecen de la más mínima posibilidad de atender a sus naturales dolencias.
El kirchnerismo contó con el silencio de una sociedad tan hipócrita que lleva más de 20 años mirando para otro lado, transformando en chivos expiatorios a esos mismos militares a los cuales rogó, aterrada ante el desmadre de asesinatos, atentados, secuestros extorsivos, robos de bancos y armas  y hasta violento copamiento de instalaciones castrenses, que tomaran el poder para evitar que las organizaciones terroristas, que prometían fusilar un millón de argentinos, nos convirtieran en lo que hoy son Cuba y Venezuela. Aunque se perciben sutiles cambios en la actitud del Poder Judicial, tales como la causa “Castillo”, donde la Corte exigió a los tribunales inferiores que fundamentaran la extensión de la prisiones preventivas, no ha habido nunca, ni siquiera durante las gestiones de Mauricio Macri y de Javier Milei, señales de cambio al respecto.
La indignación se exacerba hoy viendo al Tribunal que abrió el juicio en la causa “Cuadernos” pero admite que las audiencias se realicen por Zoom, cuando tantos presos políticos fueron obligados a comparecer aunque fuera con evidentes signos de demencia; se llevó a una audiencia a Luis Patti, parapléjico, en camilla. O cuando se  revocan prisiones domiciliarias por hechos nimios, pero se permite a Cristina Fernández, con condena firme, bailar en el balcón de su casa, abusar de las redes sociales y adoctrinar a sus seguidores. O cuando se concede a ex funcionarios y empresarios que cumplan sus penas en sus privilegiadas residencias, adquiridas con frutos de la misma corrupción que se les imputa; y cuando se los habilita, invocando causales tan absurdas como el stress, a atenderse en instituciones privadas.
El sábado 29 de noviembre, a las 1600 horas, quienes sentimos vergüenza por haber tolerado esto y reclamamos la inmediata libertad de los presos políticos que aún se pudren en las mazmorras de este país sin Justicia, diremos ¡PRESENTE! en la Plaza de Mayo.



ADVERTENCIA: Los artículos periodísticos firmados son de la exclusiva responsabilidad de sus autores. La Dirección.



Columna de Ricardo Garzón
SE DICE

Que es plata tirada a la calle cualquier refuerzo presupuestal que se empeñe en promover el gobierno a nivel de la educación secundaria, cuya agremiación de funcionarios es heredera del desquicio educativo que desde mediados del siglo pasado entronizó en el país la Gremial de Profesores, antesala desgraciada de la vigente Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) a la que Mujica en sus tiempos de presidente quiso hacer "mierda".

Que la gente se pregunta y pregunta cuáles serán las "últimas consecuencias" prometidas por el ministro Negro para dar con los culpables intelectuales y materiales del atentado a la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), agredido a tiros con una amenaza a la directora del organismo.

Que guardavidas alertaron a la Prefectura de Punta del Este, tras registrarse aglomeraciones y peleas clandestinas entre jóvenes en el muelle La Pastora, parada 3, Mansa, durante el primer día de servicio en las playas de Maldonado.

Que si las sanciones no son ejemplarizantes no vale la pena gastar pólvora en chimangos: en el ejemplo, unos cuantos meses en prisión, siempre y cuando los revoltosos hayan mantenido conducta iintachable. En su defecto, prisión sin término en principio, -en el estilo policial salvadoreño-, con estudios generalizados y trabajos carcelarios durante diez, ocho y doce horas diarias.

Que las murgas Reina de la Teja y Araca La Cana quedaron afuera en la Prueba de Admisión del Carnaval 2026. ¡Qué barbaridad!

Que la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay informó en un comunicado que alcanzó un acuerdo con la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (AEBU) en el marco de las negociaciones de la 11ª Ronda de los Consejos de Salarios. La documentación entre las partes fue firmada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Que, dando satisfacciones, AEBU expresó a sus afiliados que “se alcanzó una fórmula que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo del salario, lo que representa una mejora sustancial respecto de la pauta establecida por el Poder Ejecutivo”. El acuerdo entre las partes es por dos años y va desde el 1° de julio de este año al 30 de junio de 2027.
 

Que el director de Políticas Educativas de la Administración Nacional de Educación Públlica (ANEP), Antonio Romano, está convencido de que es necesario eliminar los exámenes de Educación Secundaria.

Que dicho lo que antecede, fundamenta: "¿tiene sentido mantener ese supuesto aprendizaje para la vida al costo de que cerca de la mitad de los estudiantes queden por fuera del sistema educativo y no acaben siquiera la educación obligatoria?"

Que el gobierno uruguayo recibió el 8 de noviembre un informe de 43 páginas en el que el notario madrileño Ignacio Martínez Gil concluyó que las copias del acta que Cardama entregó al Ministerio de Defensa Nacional son “absolutamente falsas” y no fueron expedidas “por ningún notario”.

Que la "clara falsificación” fue perpetrada por alguien “absolutamente ignorante” en la legislación notarial española, tanto por los errores en su elaboración como por el “vehículo documental” elegido, sentenció el profesional español en su informe, realizado a pedido de las autoridades uruguayas.

Que en un escenario “estrecho”, y juntando “millón a millón”, el Frente Amplio prepara reasignaciones para la Fiscalía y la educación media.

Que pese a lo que estudios académicos internacionales y el Comité de Especies Exóticas Invasoras de Uruguay advirtieron sobre la nocividad de la garra de león (Carpobrotus edulis) para el ecosistema costero, la playa Mansa de Balneario Solís está cubierta por esta especie desde la pasarela hasta el sistema dunar. El fenómeno es producto de los criterios paisajísticos del exintendente Enrique Antía, quien dispuso la siembra en distintos puntos de la costa sin contemplar la opinión de los expertos.

Que en las distintas audiencias en las que estuvo presente, el exsenador Gustavo Penadés repitió con énfasis que deseaba llegue el momento del juicio porque allí podrá demostrar su inocencia. "Las acusaciones son falsas".

Que no asiste razón al ministerio público, no sólo en el relato de los hechos —basados en narrativas, sin otras pruebas que lo sustenten y pericias sumamente inconsistentes— así como en la calificación jurídica, sin perjuicio de que no se han tomado en cuenta institutos que debieron aplicarse y que se harán valer oportunamente", expresaron los abogados defensores de Penadés.

Que en el tema Álvaro Danza la mayoría del directorio de la Jutep actuó en el marco de una complicidad política con el Poder Ejecutivo, razón por la cual el ministro de Educación será interpelado por Pablo Abdala el martes 16 de diciembre a partir de las 10 de la mañana.

Que según ha dicho el diputado interpelante, la mayoría del directorio de la Jutep le ha hecho un daño institucional al país; los dos directores que votaron la resolución sobre el caso Danza cometieron un verdadero despojo; se extralimitaron; abusaron de sus atribuciones en el ejercicio de la función, y le dieron un verdadero zarpazo a la institucionalidad.

Que la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, explicó en el Parlamento por qué considera conveniente eliminar la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, y dijo que en el proceso actual se les da “una chance enorme” y “un aviso” a los abogados de los narcotraficantes: "tiene un costo de 17 millones con un solo caso, estamos todos locos".

Que, abundando, cuando se creó la Fiscalía Especializada en Lavado se le dio “una chance enorme al abogado del narcotraficante, porque él ya va a saber y va a tener la oportunidad de ir sacando bienes de la manera que quiera, con los testaferros que quiera. "O sea, le estoy dando un aviso, y esa fue mi preocupación en su momento", señaló la fiscal". “Aunque tengamos una investigación que lleva 48 horas, toda la evidencia, y que la persona haya aceptado hacer un proceso abreviado, no podemos ir por el Lavado de Activos, porque lleva mucho más tiempo”, advirtió.

Que la calificadora Morningstar DBRS, una de las cinco agencias que evalúa la deuda uruguaya, mantuvo la calificación de Uruguay en BBB, esto es un escalón por encima del mínimo dentro del grado inversor. Además, le mantuvo la perspectiva "estable", lo que significa que "los riesgos para las calificaciones crediticias de Uruguay están equilibrados".

Que según la calificadora "las perspectivas económicas y políticas de Uruguay parecen relativamente positivas: la economía muestra un buen desempeño a pesar de la incertidumbre global, las defensas externas contra la volatilidad regional son sólidas y existe un claro consenso sobre el marco de política macroeconómica durante el ciclo electoral".

Que "el principal riesgo para las perspectivas de Uruguay reside en la situación fiscal. El déficit público consolidado aumentó el año pasado al 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB). El presidente Orsi, del partido de centroizquierda Frente Amplio, ha presentado un plan de consolidación gradual basado en los ingresos. Si bien observamos claros riesgos para la estrategia, esperamos que el nuevo gobierno responda de forma pragmática a la evolución de las condiciones económicas y de mercado para reforzar la credibilidad fiscal", añadió Morningstar DBRS.

Que "el principal riesgo para las perspectivas de Uruguay reside en la situación fiscal. El déficit público consolidado aumentó el año pasado al 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB). El presidente Orsi, del partido de centroizquierda Frente Amplio, ha presentado un plan de consolidación gradual basado en los ingresos. Si bien observamos claros riesgos para la estrategia, la calificadora espera que el nuevo gobierno responda de forma pragmática a la evolución de las condiciones económicas y de mercado para reforzar la credibilidad fiscal".

Que Ana Matyszczyk dejó la semana pasada Desayunos Informales, cuyo equipo de la primera mañana integró por cuatro temporadas. La periodista se despidió muy emocionada de la audiencia y de sus compañeros y dijo: "Fue la decisión más difícil que tomé". De acuerdo con lo que ella y Teledoce manifestaron, su renuncia se debe a razones familiares y de mayores desafíos en un nuevo proyecto laboral.

Que en emocionante despedida, con la voz quebrada, la periodista dijo que resulta "muy difícil con un niño chico, de seis años, salir todos los días a las 6 de la mañana". Esta semana, en una de sus primeras historias de Instagram tras su salida, la comunicadora se mostró con orgullo junto a su hijo llevándolo a la escuela, algo que no había podido realizar por sus compromisos matinales en la TV.

Que el Frente Amplio apuntó, en un documento interno de la Departamental de Montevideo, a varias luces amarillas que aparecen en el horizonte después de las elecciones departamentales. El texto plantea que la "actitud beligerante" de la oposición logró instalar un relato negativo sobre los gobiernos frenteamplistas de la capital, que hizo carne en gran parte de los montevideanos. ¿Será?

Que el Frente Amplio reconoce que hubo "algunas problemáticas" en Montevideo que la intendencia no supo "atender en su debida manera", y que plantearon un "escenario complejo para la obtención del gobierno departamental por parte de la fuerza política".

La recolección de basura en Montevideo se ha convertido en un ajedrez de acusaciones cruzadas entre el intendente Mario Bergara y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM). Cada parte lanza la culpa a la otra, pero lo que emerge con claridad es que el desastre es fruto de un desorden estructural que arrastra la Intendencia.

Que el intendente de Montevideo apuntó contra la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, a cuya dirigencia acusó de decir "mentiras", y aseguró que una serie de resoluciones sindicales afectaron el servicio de recolección de basura a partir de octubre.

Que Bergara reconoció que está en un "punto de conflicto" con el sindicato. El tema habría comenzado cuando, "por razones de necesidad financiera" de la IMM, se redujeron las horas extra y el sistema denominado "sexto día". El intendente aseguró que en estas medidas se exceptuó al servicio de recolección de residuos. Sin embargo, según dijo, Adeom adoptó una serie de medidas gremiales que afectaron el servicio.

Que según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, Uruguay se posiciona en el tercer lugar en la comarca, con un puntaje de 62.75. Este lugar responde a un contexto en el que Chile lidera la carrera con un puntaje de 70.56, seguido de Brasil con 62.32. La relevancia de este índice ha sido subrayada por Bloomberg, que resalta la creciente importancia de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos. ¿Será?

Que el "más tenso", el "más ríspido", el "más picado" ha sido definido por sus participantes el cuarto encuentro de autocrítica del Partido Nacional celebrado en Las Piedras.

Que las tintas se cargaron sobre el excandidato y hoy presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado. También fueron blanco de las críticas dirigentes como el intendente sanducero Nicolás Olivera, el exministro de Defensa y hoy senador, Javier García, y el también senador Sebastián da Silva. No se salvaron tampoco los legisladores locales Sebastián Andújar, Amin Niffouri y Álvaro Dastugue.

Que el minisltro de Rerlaciones Exteriores, Mario Lubetkin, llamó a que nunca más ocurra el bloqueo de los puentes que nos unen con Argentina,  tras protestas en la ciudad de Colón por la planta de hidrógeno verde que se proyecta instalar en Paysandú.

Que, curándose en salud, el Ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía ha dicho que la interpelación por Danza es "algo que nos tocó, esa es la verdad, porque la Jutep todos sabemos que tiene independencia técnica y que el rol del MEC es una tutela administrativa".

Que, abundando, el titular de Educaciíon precisó que en los fallos de la Jutep en particular, que tratan sobre los temas ni más ni menos de la ética pública, "nosotros tenemos que estar afuera de la valoración y la resolución”. El jerarca dijo que irá a la interpelación a dar su punto de vista, y después pasará a tomar el té al Oro del Rhin.

 

Lo pasajero y lo importante
Por Julio María Sanguinetti. El mundo está incendiado, nos están llegando las chispas, pero nuestros debates uruguayos parecen estar lejos de todo.

Como en un cenáculo jurídico, nos hemos pasado varios meses discutiendo lo obvio: que el presidente de ASSE adolecía de unas incompatibilidades como las que han experimentado muchos jerarcas a lo largo de los años. La Constitución es bien clara y solo un empecinamiento gubernamental mantuvo ese tema en el tapete, como si nos estuviéramos jugando la vida. Lo que se hizo al final debió reconocerse el primer día.
Al mismo tiempo, transcurre otro debate jurídico, este de real envergadura: la construcción de las lanchas patrulleras oceánicas, imprescindibles para el ejercicio de nuestra soberanía en el mar territorial, donde es notorio que pesca quien quiere, en perjuicio de intereses principalísimos del país.
Se arrancó, en tono dramático, con una acusación de estafa y fraude al astillero español contratado para construir las dos embarcaciones. Resultaba algo totalmente apresurado, cuando había dos oficiales uruguayos que hacía dos meses venían monitoreando la construcción, que efectivamente se venía cumpliendo en el astillero Cardama. No estábamos delante de un estafador que nos había embaucado y no estaba haciendo los buques ni invirtiendo nada o cosa parecida. Se trataba del cumplimiento más fiel o menos fiel de un contrato: asunto de abogados y técnicos navales.
La piedra del escándalo fue que la garantía ofrecida efectivamente no existía. Por supuesto, es un contrato accesorio, que funcionaría si no se cumpliera el principal. Se hizo de lo accesorio algo principal y ahí andamos de juzgado en juzgado, en una extrañísima situación, porque las lanchas se siguen construyendo, el contrato continúa vigente y el propio Presidente dice que por el momento no hay anulación, pese a que ese fue el anuncio inicial. Es más, en este mismo período de gobierno se hicieron pagos importantes, reconociéndose por lo tanto que el contrato se estaba ejecutando.
Lo importante aquí son las patrulleras oceánicas. No podemos seguir como estamos, regalando nuestro mar. La más elemental sensatez —y creemos en la sensatez del Presidente— es buscar un arreglo. El galimatías jurídico solo nos llevará a una formidable frustración del objetivo principal. Si el tema es una garantía, se trataría de lograr que aparezca alguna y no dudamos de que, involucrado como ya está hasta el propio gobierno de Galicia, que es muy importante, de algún modo se encontrará. El otro camino será perder 30 millones de dólares, frustrar esfuerzos, quedarse con barcos a medio construir y el problema real sin resolver. Lo dice la experiencia.
Entretanto, estamos delante de enormes desafíos. Uno que va creciendo es el de la inseguridad, ya no en términos de ciudadanía sino de integridad del Estado. No es que la estadística nos dé números peores, sino que el Estado mismo está en cuestión. El asalto a la casa de la Fiscal de Corte y las amenazas al Instituto Nacional de Rehabilitación son expresiones de soberbia delictiva que le plantean directamente un desafío al Estado. Sus servidores están en riesgo de vida, como en cualquiera de los países que veíamos lejos hasta ahora.
No dudamos de que la policía esté cumpliendo su tarea. Pero esto va más allá. Es todo el Estado. Son los tres poderes. Y el tema se complica cada día porque la dimensión social es muy profunda. Tenemos que pensar que ya hay mucha gente que por poco dinero es contratada para servir al narcotráfico y sus aledaños. Los desocupados tecnológicos, que crecen día a día, son las víctimas de su desesperación.
Soluciones mágicas no hay. La única prevención real es el trabajo, la estabilidad familiar y la educación. Lo urgente es la represión y ella debe organizarse, sin temores ni tibiezas. Lo que requiere es el compromiso colectivo, la comprensión de los medios de comunicación y el compromiso de fiscales y jueces. La policía, sola contra el mundo y sometida al escrutinio permanente de ser juzgada por cualquier traspié, difícilmente alcanzará. No estamos proponiendo salirnos de la ley, pero sí aplicarla con el criterio que la emergencia nos impone a todos.
No estamos seguros de que el país tenga conciencia de lo que tenemos delante.
Un Uruguay en los titulares es un Uruguay sin la inversión generadora de empleo. Así de claro. Los países grandes tienen más capacidad de resistencia, nosotros no. Si hoy tenemos el PBI per cápita mayor de la región es porque la estabilidad política y la seguridad jurídica nos han dado un crédito mayor al que nuestra escala estaría sugiriendo a los inversores. Donde esto se ponga en cuestión, el futuro se empieza a cerrar.
Como se ve, hay asuntos pasajeros, cuestiones importantes, pero también verdaderos dilemas existenciales. (Nota que se comparte con Correo de los Viernes)


 

 
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