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AVIACIÓN COMERCIAL - AEROPUERTOS
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AEROPUERTOS URUGUAYOS
Constituye prioridad absoluta "resucitar" los aeropuertos del interior |
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El Poder Ejecutivo podrá darle vida a los aeropuertos internacionales del país por un plazo máximo de hasta 50 años si prospera en el Parlamento el proyecto de ley enviado el pasado 28 de febrero, último día de la administración Vázquez. La iniciativa crea el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales y declara que la explotación de los servicios aeroportuarios es un objetivo prioritario para el desarrollo del país.
Además, establece que los derechos que se otorguen para operar conjunta o separadamente los aeropuertos deberán tener como contrapartida la realización de inversiones en equipamiento, obras y servicios. El texto fue aprobado por unanimidad en el Senado el 15 de julio. Ahora se encuentra a estudio de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados donde puede tener cambios.
El proyecto original del gobierno del Frente Amplio había seleccionado para integrar la red nacional a los aeropuertos de Rivera, Salto, Colonia y Carmelo, como terminales con potencial de utilización y explotación económica; además de los aeropuertos Cesáreo Berisso Montevideo-Carrasco y Laguna del Sauce, los dos hoy gestionados por Corporación América Airports.
Luego, el texto aprobado en el Senado quitó esa lista, por lo que no se incluye ninguna terminal aérea específica -esto con el objetivo de facilitar negociaciones futuras-, y señala que será el Poder Ejecutivo el que determinará los aeropuertos que integrarán el sistema.
La posibilidad de extender el plazo de concesión a 50 años abre la puerta para que se pueda negociar una prórroga de las concesiones hoy vigentes en Carrasco y Punta del Este, si el Estado así lo determina, a cambio de mejoras en aeropuertos del interior.
Algo más que mejoras
En el gobierno de Lacalle Pou se ve con buenos ojos que un privado se encargue de las inversiones necesarias para darle vida a los aeropuertos del interior y ponerlos en condiciones de recibir de una vez por todas viajes internacionales. Además, se considera que con lo recaudado por concepto de canon se podrán atender los requerimientos de los aeropuertos que se mantengan en manos del Estado.
Para el turismo internacional no existen en el Uruguay más que un par de aeropuertos: Cesáreo Berisso Montevideo-Carrasco y la terminal de Laguna del Sauce.
“Si no es negocio administrar uno de los aeropuertos, el negocio puede estar constituido con la ampliación del plazo que se da a los que sí lo son. Se está buscando que la normativa permita un ganar-ganar para el Estado y para aquel particular que quiere invertir, ya sea para operar un aeropuerto en particular, ya sea por ampliar los años en la operativa de los más rentables”, afirmó el senador Jorge Gandini en la sesión del Senado del pasado 15 de julio de acuerdo con la versión taquigráfica.
“El Poder Ejecutivo va a poder negociar con apertura, cantidad de años, cantidad de aeropuertos y tipos de inversión, recorriendo por supuesto los caminos formales y legales que hay para este tipo de contratos”, añadió.
En Uruguay hay actualmente 11 aeropuertos calificados como internacionales. El ministro de Transporte, aclaró semanas atrás a los legisladores que la nómina definitiva de aeropuertos a concesionar será fruto de negociaciones políticas con todos los partidos, y que cada una de las concesiones requerirá un proyecto de ley propio que se enviará en su momento al Parlamento.
Cabe destacar que la Comisión de Transporte de Diputados recibe por estos días a distintas organizaciones del sector aeronáutico para ajustar el proyecto. Si hay modificaciones se reenvía al Senado.
RG
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Crónica de otros tiempos
Pandemia política
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 Somos ciudadanos de un país cuyos impuestos se pagan a punta de pistola, con un millón de ciudadanos que malviven por debajo de la línea de pobreza, y otros dos que tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas más apremiantes, entre ellas la comida y la vivienda.
Somos ciudadanos de un país cuyos servicios públicos roban sin contemplaciones, y que se han transformado en caja desvergonzada de recaudación de la conducción económica, con resultado final que obliga al consumidor a pagar las naftas más caras de la región y del mundo, al igual que las facturas leoninas de la electricidad, gas y teléfonos.
Somos ciudadanos de un país en el cual las entidades financieras de crédito se han multiplicado a gusto y paladar, entreveradas en competir con tarifas de usura aprovechando las necesidades apremiantes, crecientes y básicas de la población.
Somos ciudadanos de un país que nos atiborró de cámaras de vigilancia ciudadana, so pretexto de garantizar una seguridad individual y colectiva que no es tal, al punto que la delincuencia y narcotráfico campean a sus anchas en los 187 mil quilómetros cuadrados de superficie territorial.
Somos ciudadanos de un país que exhibe una estructura docente absolutamente perimida, con deserción estudiantil masiva a partir del tercer año escolar.
Somos ciudadanos de un país cuya corporación política no está dispuesta a resignar sus privilegios, y que ha eludido responsabilidades cuando se ha puesto en tela de juicio el cobro inaceptable de sueldazos y partidas que a lo largo de la historia han transmutado en estipendios descomunales encubiertos.
Somos ciudadanos de un país con epidemia de concordatos, despidos, seguros de paro y desocupación en expansión geométrica.
Somos ciudadanos de un país imposibilitado de pagar su creciente deuda externa superior a 60 mil millones de dólares, y que ve incrementado día a día el déficit fiscal como consecuencia directa de la hartamente denunciada dilapidación de los dineros públicos desde tiempos lejanos, con el agravante de ser azotado hoy por la pandemia universal de un virus.
Somos ciudadanos de un país en el que los sindicatos docentes rechazan el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos de la OCDE (PISA por sus siglas en inglés), prueba que pone de relieve y desnuda las carencias educativas de los alumnos de 15 años que están a punto de culminar su ciclo secundario.
Somos ciudadanos de un país en el cual se inventan derechos para las minorías, con indemnizaciones que recargan las obligaciones de pago del comprometidísimo Banco de Previsión Social, y en el cual funcionarios designados para ocupar cargos de dirección departamental en el área de la Educación y la Cultura desconocen las fechas que conmemoran la Declaratoria de la Independencia Nacional y la Jura de la Constitución.
En definitiva, somos ciudadanos de un país condenado al sufrimiento por la administración fraudulenta que ha practicado el poder político; por la corrupción generalizada que se advierte en los organismos gubernamentales en cuanto al manejo de los dineros públicos, y por la acción incontenible de los forajidos que se adueñaron de la seguridad ciudadana.
Ricardo Garzón
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