• “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá.”
  Joseph Goebbels

La Legislatura bonaerense sancionó una ley que consagra, emulando al Ministro de Propaganda de Hitler y como dogma, la cifra de 30.000 desaparecidos durante el proceso militar de 1976/83, y pretende sancionar gravemente a quien la ponga en duda. Resulta notable por varias razones: ya se sabe que fue inventada por confesos subversivos, refugiados en Europa, para justificar la pretensión de calificar como un genocidio a lo ocurrido y obtener ingentes fondos de las ONG’s revolucionarias de escritorio; e ignora todo lo sucedido, de la mano de la Triple A, durante el gobierno de Juan e Isabel Perón. Espero que la Gobernadora María Eugenia Vidal ejerza el veto constitucional y evite la entrada en vigencia de este adefesio.
Hace más de diez años escribí una nota, “En ocasión de los treinta años del golpe”, que puede leerse en mi blog, en la cual senté mi posición filosófica sobre ese hecho; dije entonces que un solo desaparecido es condenable, y sigo pensándolo, pero también estoy convencido que, en algún momento, los argentinos deberemos tener Historia sobre los 70’s, y no mera ficción para sostener un relato tan irreal como políticamente correcto.
La culminación de este camino debiera ser la verdad y, en este caso, es fácil encontrarla. Según la CONADEP, los desaparecidos no pasan de 6.800, y el Parque de la Memoria, en la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires, nunca pudo superar ocho mil nombres, aún cuando el kirchnerismo, en un burdo procedimiento, haya incluido a quienes murieron con anterioridad al golpe militar, a quienes fueron asesinados por sus propias organizaciones, a quienes se suicidaron con cianuro y a quienes cayeron combatiendo mientras intentaban tomar cuarteles y regimientos.
Los restantes 22.000 tienen rasgos comunes: nadie los reclama, nadie los conoce, nadie tiene sus documentos de identidad, a nadie le faltan. Entonces, propongo algo bien sencillo: que los legisladores bonaerenses, los periodistas militantes, los organismos de pseudo derechos humanos, etc., se presenten ante un nuevo registro e identifiquen, con nombre y apellido, a cada uno de los desaparecidos que reclaman como un conjunto. Es claro que, si eso ocurriera, se terminaría también con el enorme negocio montado, mediante indemnizaciones nunca explicadas, alrededor del tema; a muchos debe molestarle esa posibilidad.
Y no hay nada imposible en mi propuesta. Basta con constatar que el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV), que enumeró a más de 17000 civiles que fueron asesinados, heridos, secuestrados o damnificados por el accionar subversivo, puede responder con la identidad concreta de cada uno de ellos, mientras reclama su reconocimiento por el Estado. 
En otro orden de cosas, esta semana nos acosaron noticias policiales protagonizadas por criminales que gozaban de salidas transitorias o habían sido puestos en libertad por jueces que desoyeron las recomendaciones de los servicios penitenciarios. De los más sonados casos, uno fue el enésimo femicidio, con violación incluida, y el otro, el asesinato por la espalda de un oficial de policía. La gravedad de la situación de inseguridad ciudadana es tal que la ha puesto al tope de las preocupaciones de la sociedad, superando a la economía y hasta la enorme corrupción que comandaron Néstor, Cristina, Máximo y Florencia. 
Más allá de la caprichosa interpretación de las leyes que realizan muchos jueces de la escuela zaffaroniana, tan comprensiva de los delincuentes como indiferente a los derechos de las víctimas, hubo algunos datos curiosos. En el país faltan cárceles en algunas jurisdicciones mientras sobran en otros; pero, cuando se pretende trasladar presos a ellas, los magistrados privilegian la cercanía de los reos con su familia. La consecuencia es que, cuando se fugan, sea escapándose de la prisión o de la comisaría, sea “olvidándose” de volver después de una salida autorizada, los delincuentes encuentran un entorno que los protege y en el cual desaparecen, a veces para siempre, y pueden volver a cometer crímenes.
En los países civilizados, Chile incluido, la solución al problema se ha encontrado en la colaboración público-privada; es necesario decir que aquí también se intentó en el pasado, pero la falta de seguridad jurídica también influyó negativamente en esta actividad, y los inversores se retiraron. Ahora, con el gobierno de Cambiemos, cuando vamos paulatinamente regresando al mundo, la probabilidad de encontrar empresas que estén dispuestas a venir y ocupar ese rol se ha incrementado mucho.
El camino no puede ser más simple. El inversor construye la cárcel y administra su “hotelería” (alimentación, alojamiento, salud, talleres metalúrgicos y de carpintería, etc.) y el Estado se ocupa de la vigilancia del establecimiento, y controla el desempeño de su socio privado. La innovación debe darse en la ubicación del establecimiento, para evitar las fugas de los más peligrosos delincuentes; y tenemos el lugar ideal para hacerlo: el centro de la Patagonia, lejos de todo, donde nadie puede pensar en evadirse y, si alguien lo hiciera, resultaría extremadamente fácil recapturarlo. 
A esa prisión, de máxima seguridad, se trasladaría a los reincidentes, a los violadores, a los femicidas, a los asesinos, a los terroristas, etc., de todo el país; y claro que no habría para ellos salidas transitorias, aunque sí actividades laborales obligatorias y rentadas, para permitir la reinserción social de quienes hubieran cumplido la condena. Es claro que las quejas surgirán de inmediato desde la escuela “abolicionista”, pero el principal deber que tenemos para con nosotros mismos es privilegiar, como digo, a las víctimas y no a los delincuentes.
Una breve reflexión para demostrar que aquí no todos somos iguales ante la ley. Mientras se conceden salidas o liberaciones y hasta internaciones en clínicas de lujo a asesinos reincidentes y a corruptos de máxima laya, mientras se deja en libertad a procesados por delitos no excarcelables, la arbitraria y militante Justicia mantiene en la cárcel, en condiciones miserables y privados de tratamientos médicos adecuados, a dos mil ancianos, muchos de ellos en prisión preventiva que excede en décadas el máximo legal. Ya han muerto más de cuatrocientos en la cárcel (cincuenta desde que Macri llegó a la Casa Rosada, a los cuales se sumó el jueves el Cnel. Delmé, de 80 años) pero la sociedad entera prefiere ignorar estas atrocidades, para intentar que se olvide su pecado de haber apoyado, sin cortapisas, el golpe militar de 1976 para terminar con el caos terminal en que habían sumido al país la gestión de Isabel Perón/López Rega y los “jóvenes idealistas” de ERP y Montoneros.