El sector de agencias de viajes mantiene una lucha constante desde las primeras restricciones por la COVID y que se han intensificado en los últimos meses, por lograr ser oído por parte de las administraciones, reclamando unas ayudas directas que no llegan o son claramente insuficientes para un sector que no puede obtener ingresos con su actividad. De ahí que se hayan planteado acudir a los tribunales para presentar una demanda contra el Estado por lucro cesante, y que podría extenderse también a las Comunidades Autónomas, dependiendo de la jurisprudencia que se cree.
La reclamación judicial se basaría en la situación que viven las agencias de viajes al no poder ejercer su actividad ni generar ingresos debido a que los ciudadanos no pueden viajar como consecuencia de los diferentes confinamientos y cierres perimetrales.
La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) se ha puesto en manos de un gabinete de abogados para estudiar la posibilidad de poner una demanda al Estado por lucro cesante, sobre todo durante el tiempo que duró el estado de alarma inicial y el consiguiente cierre de establecimientos.
Los expertos consultados por las agencias ven que existe posibilidad para establecer una demanda contra el Estado, "yendo primero por la vía administrativa, y después, si ha lugar, iniciar otro tipo de vías judiciales". Añade que se está estudiando todo con mucho detalle, ya que, además, han de pensar que este tipo de procedimientos tiene unos costes que podrían recaer en las asociaciones de no prosperar.
Ya la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, también integrada en CEAV hizo público la pasada semana su intención de iniciar un procedimiento por la vía judicial contra el Gobierno central y la Junta de Aragón por su recorte masivo de ingresos al haberles impedido ejercer su actividad primero con el estado de alarma y posteriormente con los diversos cierres perimetrales por áreas o municipios.